El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, se está jugando más que no vetar las reformas a la 7.722; se juega su gobierno. Si retrocede y veta los cambios a la ley quedará rengo y en los hechos, su gobierno habrá terminado. Para otro mandatario quedará entonces la posibilidad de avanzar en otras iniciativas como la reforma constitucional y la creación de un banco estatal, por nombrar las que Suárez ha mencionado en campaña y entrevistas luego de su asunción. Ambos temas también implicarán acuerdos políticos y consensos.
Pero su firmeza para mantener los cambios, no quita negociar con referentes de los movimientos y grupos que se oponen a las modificaciones introducidas a la 7.722.
Algunos entienden que la etapa de diálogo con los sectores más duros debió haber sido hecha antes, pero está el ala política que afirma que estaban los votos como para avanzar en la Legislatura, esperar más tiempo hacía peligrar cualquier modificación.
También deberá verbalizar mejor el compromiso de cuidar la calidad y cantidad del agua, un espacio que el gobierno abandonó todo el fin de semana y que todavía no lo recupera y que fue aprovechado por los que se oponen a los cambios.
Todavía queda mucho por recorrer, las manifestaciones anti mineras seguirán y también está la batalla judicial por la constitucionalidad de los cambios. Suárez está obligado a negociar sin ceder.
