Rodolfo Suárez enfrentó los micrófonos luego de varios días de silencio y, acompañado por parte de su gabinete, confirmó que no avanzará en la reglamentación de la Ley 9.209, que es la que modificó a la 7.722 y abrió la puerta a la minería metalífera en Mendoza.
"Voy a suspender la reglamentación de la ley. No va a estar vigente hasta que no se reglamente y voy a hacer una gran convocatoria al diálogo y a la información de la gente", indicó el mandatario provincial en lo que fue el gran anuncio del día posterior a la Navidad.
Escudado en la responsabilidad de "garantizar la paz social", el Gobernador decidió parar la pelota en un momento político muy caliente, porque no fue sólo una parte de la sociedad la que alzó la voz y se movilizó en las calles. La oposición concentrada principalmente en el Partido Justicialista, que apoyó el proyecto y lo votó en la Legislatura, después cambió de parecer.
Recordemos que el presidente del PJ, Guillermo Carmona, fue el primero en pedir al Gobernador que no promulgara la ley al sentir que no había consenso social. La senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, empezó después el despegue del accionar oficial al cuestionar la "represión" policial del lunes, en medio de la masiva marcha ambientalista a la Casa de Gobierno.
"Hay gente que ha cambiado de opinión y ése es el miedo. Es la sensación humana primaria del ser humano y está en nuestra naturaleza", les respondió ayer Suárez.
El Gobernador aseguró que la medida que tomó no significa un paso atrás, porque apuesta "al diálogo". Avizorando que su primera Vendimia podría quedar envuelta en reclamos, muchos leyeron en esa decisión la idea de poner paños fríos al conflicto.
El horizonte vendimial, con estos detalles que podrían ser más con el correr de los días, no resulta muy auspicioso para un mandatario que aún no llega a los primeros 20 días de gestión.
"Participé en siete debates (electorales), lo dije en cada pueblo, la gente votó pero hay una realidad y es muy fácil inculcar miedo. Vamos a invitar a todas las entidades a que opinen. Aquí viven mis hijos, mis nietos y lo que más quiero es cuidar el agua", aseguró Suárez, para responder por qué no había promovido este diálogo con anterioridad.
Llamado al diálogo
Algunas horas después de este anuncio, y del compromiso por parte de Suárez de "no hacer absolutamente nada hasta que no termine la ronda de diálogo", el Frente de Todos terminó de despegarse de un acuerdo que le trajo un aluvión de reproches por parte de su militancia.
Con la oposición lejos del acuerdo, Suárez va en busca de mayor apoyo ciudadano para poder avanzar. "Si no está el consenso social, lo dije en la campaña, no vamos a hacer absolutamente nada", enfatizó. A ambos lados, rodeándolo pero en silencio, lo acompañaron el vicegobernador Mario Abed; los ministros Víctor Ibáñez (Gobierno) y Enrique Vaquié (Economía y Energía) y el titular de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
"La historia nos juzgará a los que hemos propuesto este cambio para el crecimiento de los mendocinos y aquellos que muchas veces, ocultos, y mintiendo, están impidiendo esto sobre lo cual nosotros tenemos muy fuertes convicciones", continuó, visiblemente molesto, el Gobernador.
Suárez espera llegar a un acuerdo con estas rondas de diálogo, a las que especialmente invitó a la gente "que se manifiesta anónimamente para que dé información genuina, y que demos un debate genuino". En el primer orden de convocados están los representantes religiosos, como el Arzobispo Marcelo Colombo (activo defensor de la 7.722). Pero también las Reinas vendimiales nucleadas en la Corenave, otro de los organismos que salió a reclamar la derogación de la Ley 9.209, y, por supuesto, los sectores más duros de este conflicto, los representantes de las asambleas por el agua que desde hace una semana han dado visibilidad a su reclamo cortando calles y rutas en toda la provincia.
Fuera de micrófono, en el Gobierno aseguran que no van a retroceder y que la reforma de la 7.722 se va a reglamentar. Incluso antes de la Vendimia, contestando a quienes creen que la decisión oficial fue para evitar protestas en esos días festivos.
Pero hay otra opción que manejan: recurrir a una consulta popular con carácter vinculante, que está prevista en la Constitución Nacional, como deslizó Suárez ayer. Aunque después aclaró: "No queremos llegar a eso, por supuesto".
Una consulta popular, la última opción
Durante la conferencia de prensa, en el 4° piso de Casa de Gobierno, Suárez dijo que entre las opciones que podría elegir para lograr el ansiado "consenso social" está hacer una consulta popular respecto de las modificaciones de la ley 7.722. Aunque la Constitución provincial no prevé este instrumento -sólo se puede hacer un referéndum para reformar la Constitución-; la Carta Magna nacional sí lo permite.
Esto sería para “escuchar a las mayorías silenciosas, que no tienen voces”, según argumentó el gobernador en referencia a quienes apoyarían la minería.
"El mecanismo de consulta popular está contemplado en la Constitución Nacional y si nos amparamos en los artículos 5 y 37, el Gobernador puede llamar a un plebiscito si quisiera hacerlo. De hecho, Raúl Alfonsín llamó a una consulta popular en 1987 por el tema del Canal de Beagle y la Corte Suprema la convalidó en el expediente Baeza", explicó el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, a diario Los Andes.
