Con la mira puesta en el Poder Judicial, finalmente Rodolfo Suárez envió al Senado el proyecto para prohibir la equiparación de cargos que produce que empleados que no son magistrados cobren altísimos sueldos. Puso plazos: desde la sanción, la Suprema Corte tendrá 30 días para regularizar la situación (es decir bajar salarios) y 60 días para rendir cuentas de los ahorros.
Aunque en el primer artículo se establece que la norma alcanza a los tres poderes, la iniciativa va directo contra la Justicia porque es donde hay 78 funcionarios con los sueldos equiparados a los de un juez de primera instancia (56 de la Suprema Corte de Justicia, 20 del Ministerio Público Fiscal y 2 del Ministerio Público de la Defensa).
En otras reparticiones como el Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado no existen este tipo de equiparamientos salariales. Así lo reconocieron desde el Ejecutivo. "No hemos detectado estas irregularidades en otras oficinas pero entendemos que es un principio general que debe estar presente en todos los poderes del Estado", explicó el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.
El proyecto nació tras conocerse que la secretaria del presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, cobra $ 400 mil por mes, más que algunos supremos. A raíz de esta asimetría, los letrados de la Casa de Gobierno escribieron en dos días 6 artículos que buscan suprimir los cargos administrativos o de apoyo que se equiparan a un magistrado y que tienen ciertos beneficios como no pagar ganancias.
"Una vez que se supriman los cargos, los empleados deberán volver al lugar del escalafón que les corresponde", indicó Ibáñez.
Pero, ¿qué pasa si el funcionario se niega? Según el artículo 4, se aplicará el artículo 17 del Estatuto del Empleado Público. "Se colocará al personal en disponibilidad y se lo indemnizará", aclaró Ibáñez.
El proyecto aclara que hay una serie de funcionarios que quedarán exceptuados de la prohibición. Según explicó el ministro, se trata de los secretarios y prosecretarios de los jueces que actualmente concursan para obtener el cargo.
¿Es inconstitucional?
Desde el Ejecutivo se mostraron optimistas asegurando que la letra del proyecto se ajusta a la Constitución y a los principios del derecho.
"El proyecto prohíbe la asimilación de cargos y emplaza a todos los organismos que tengan estas asimilaciones a que cesen en las mismas por imperio de la ley, es decir que, al ser ilegal e ilegítima, no puede haber derechos adquiridos", explicó Suárez en el desayuno de las Reinas de la Vendimia.
“Los actos jurídicos del Estado deben ser legales y legítimos y esto es ilegal por donde se lo mire. Cuando uno cobra menos por una labor que tiene que cobrar más, puede recurrir a la Justicia, eso es un principio básico”, agregó.
En el mismo sentido, Ibáñez dijo que "no se trata de un derecho adquirido" porque las equiparaciones se hicieron con Acordadas y los empleados no cumplen con los requisitos para ser magistrados (ser abogados, concursar en el Consejo de la Magistratura, ser parte de la terna elegida por el Gobernador y conseguir el acuerdo del Senado).
Además, explicó que las Acordadas son resoluciones para ordenar el Poder Judicial puertas adentro. Son instrumentos similares a los decretos autónomos del Ejecutivo y a los reglamentos del Legislativo. Por lo tanto, están por debajo de las leyes.
Desde el PJ aseguraron que estudiarán el proyecto porque implica a la Constitución y principios jurídicos como la retroactividad, la legalidad y la razonabilidad. De todas formas, el oficialismo tiene los votos suficientes para aprobar la ley en las dos Cámaras.
