"No voy a romper, vamos hacer valer nuestros derechos". La frase se la dice Rodolfo Suárez a todo aquel oficialista mendocino que lo incita a acelerar a fondo contra el Gobierno nacional, a modo de reacción ante el bofetón que Alberto Fernández le pegó al poner duda la concreción de la "obra del siglo" para Mendoza, la presa Portezuelo del Viento.
El Gobernador, obligado por las circunstancias, parece destinado a ponerse el traje de opositor a la Nación, justo cuando está por cumplir seis meses en el cargo. "Todos los mendocinos tenemos que defender esto", es el mensaje que le bajó Suárez a la dirigencia política. Y es el compromiso que se llevó de su charla telefónica del viernes con Anabel Fernández Sagasti, la senadora nacional con más llegada al Gobierno nacional, que ayer lo ratificó por Twitter. "Es momento de estar unidos, ser inteligentes y tenaces", escribió.
Pero, al mismo tiempo, Fernández Sagasti le pidió a Suárez negociar: "Debemos buscar los consensos con otras provincias". Aunque no lo explicitó, Los Andes pudo saber que le ofreció hacer de "puente" con el presidente Fernández.
"Espero que lo podamos resolver conversando entre todos", dijo el viernes el propio Fernández, para quien la obra "tiene sentido si todos participan de la administración de la obra y entre todos pueden resolver cuándo puede pasar más agua y cuándo no".
Pero así como habló con Sagasti, Suárez escuchó a los intendentes oficialistas, que le dieron su apoyo para que "ratifique todo lo actuado por la Provincia", como dijeron en un comunicado difundido ayer.
En definitiva, en Cambia Mendoza quieren devolver el doble sopapo que recibió la provincia por parte de Fernández: primero con la convocatoria a una reunión de los gobernadores del Coirco; segundo, con el "no voy a financiar una obra que está cuestionada por cuatro provincias" que dejó caer el Presidente el viernes nada menos que en La Pampa.
"El Gobierno va a defender la obra como la tiene que defender, sino iremos a la Corte porque la plata nos la tienen que dar". Así resumió un funcionario del Ejecutivo provincial la estrategia que Suárez llevará el próximo 26 a la convocatoria del ministro del Interior, Wado de Pedro. "Si hay algo que tenemos claro es que la obra la vamos a defender con uñas y dientes. Vamos a ir por la plata y por la obra", insistió.
Es decir, Mendoza se sentará a la mesa del Coirco pero no negociará porque, como resumió el ministro de Economía Enrique Vaquié en un tuit el viernes, el estudio de impacto ambiental que reclama La Pampa (hasta el año pasado en solitario y ahora, con el cambio del viento político, con el apoyo de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires) "fue aprobado por el Coirco el 19 de marzo de 2019, a través del acta N° 857. Esto significa que el proyecto multipropósito también tiene aval político".
Otro funcionario que trajina los pasillos de Casa de Gobierno insistió en que "técnicamente la obra está impecable, jurídicamente también", por lo que no dudó: "Esto es político y nada más que político".
Bajo este argumento y como ocurrió a principios de año con la autorización del endeudamiento que le pidió Suárez al peronismo y que no prosperó, en el Gobierno provincial esbozan el nombre de Daniel Rafecas como la moneda de cambio que en la Nación están pidiendo. Es decir, si quiere el dinero para Portezuelo, Suárez debe interceder para que Juntos por el Cambio apruebe en el Senado el pliego del candidato del kirchnerismo a Procurador de la Nación.
"No, ni cerca. Que dejen de ver fantasmas y se pongan a laburar", le respondió a Los Andes un dirigente muy cercano a la Casa Rosada sobre esta acusación de Cambia Mendoza.
El PJ mendocino, en modo “neutral”
Está claro que el giro de 180° de Fernández en relación a la represa proyectada en Malargüe, sobre el río Grande, sorprendió al Gobierno provincial, más allá de la firmeza verbal que esboza. Sobre todo por el momento inoportuno en el que ocurrió: a menos de un mes del cierre de la licitación, pautada para el 3 de julio.
Por eso el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, se ocupó de aclarar que el proceso sigue en pie, aunque en el medio hay una fecha clave, el 26 de junio, cuando los cuatro gobernadores aliados al Presidente intentarán torcer la voluntad de Mendoza. O al menos, no irse con las manos vacías: más que frenar la obra, pretenden una futura administración conjunta de la presa.
Este aspecto es uno de los que incomoda al peronismo provincial, que ha quedado ubicado en una difícil posición de "neutralidad": debe defender Portezuelo pero también la gestión kirchnerista. "Nadie ha afirmado desde el Gobierno nacional que no va a cumplirse lo comprometido en 2007", dijo ayer el presidente del PJ mendocino, Guillermo Carmona, quien señaló al ex gobernador Alfredo Cornejo como "el responsable del lamentable estado de la relación de Mendoza con nuestros vecinos" cunado decidió firmar hace un año el acuerdo con Macri para que Mendoza recibiera los U$S 1.023 millones para construir la presa.
Carmona, como antes Sagasti, le pidió a Suárez negociar con La Pampa y el Coirco "para generar acuerdos duraderos y productivos".
En el PJ sostienen que la inesperada vuelta de tuerca presidencial sobre Portezuelo prueba que aquel acuerdo que hizo Cornejo "estaba atado con alambre", como lo definió un dirigente de peso. "Mendoza se aisló, La Pampa avanzó con los otros gobernadores y hay que retomar el diálogo", completó el mismo peronista.
En el principal partido opositor no dudan de que Portezuelo es una obra clave para la provincia, por lo que apuestan a su “embajadora”, Fernández Sagasti, para lograr un acercamiento con La Pampa y hasta con la Buenos Aires gobernada por un kirchnerista “puro” como ella, Axel Kicillof.
A la senadora la noticia del freno a Portezuelo la sorprendió el jueves mientras participaba de la última y convulsionada sesión del Senado nacional. Según se cuenta, salió disparada a hacer "algunas llamadas" para intentar entender de qué se trataba la decisión del ministro del Interior, camporista como ella. Lo mismo, hablar por teléfono, dicen que hizo Cornejo con Carlos Verna, el ex gobernador pampeano al que muchos tildan como un "duro" en la negociación de Portezuelo. Es el mismo que acusó a Fernández en abril de "cagar a los compañeros" cuando el Presidente decidió respetar el cronograma de pagos de la obra mendocina.
Un calendario que, con tres de las 21 cuotas depositadas por la Nación por U$S 37,2 millones, ahora quedó en suspenso. Por eso la misión que se ha impuesto Suárez es doble: no solo ratificar lo hecho por Mendoza hasta ahora sino también ejecutar judicialmente las garantías si en julio esos pagos se discontinúan, como pareció sugerir el Presidente en La Pampa.
