Suárez continuará la política judicial y de seguridad cornejista

Salvo el ministro, todos los funcionarios de segunda línea seguirán en sus cargos.

Suárez continuará la política judicial y de seguridad cornejista
Suárez continuará la política judicial y de seguridad cornejista

El Gobierno de Alfredo Cornejo exhibe los números de la inseguridad con orgullo. La baja del 9% en la cantidad de denuncias entre los primeros semestres de 2016 y 2019 -que publicó Los Andes el domingo pasado- es motivo de esa satisfacción. Reconocen que los problemas están lejos de resolverse, pero atisban un camino de recuperación.

Ese dato parece convencer a Rodolfo Suárez, aunque nadie admite haber hablado con él acerca del destino de la política de seguridad de su gobierno. Sin embargo, todos los encargados de llevar adelante esa política han sido confirmados en sus cargos, reconocidos por su tarea, por lo que parece un hecho la continuidad tantas veces declamada de esta política implementada por Cornejo y que seguirá con Suárez.

Hay que recordar que la política de seguridad no se refiere solamente a la conducción policial, donde fueron confirmados hace semanas el jefe de la Policía, Roberto Munives; el jefe de gabinete, Hugo Sánchez, y el secretario de Relaciones con la Comunidad, Néstor Majul. Esa política tiene una pata judicial, cuya mano ejecutora se confirmó el miércoles: el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.

El único que quedó fuera del esquema para el próximo gobierno es el actual ministro de Seguridad, Gianni Venier, quien será remplazado por un hombre de confianza del gobernador electo: el secretario de Seguridad Ciudadana de Capital, Raúl Levrino.

Los números que agitan las usinas del cornejismo indican que entre el primer semestre de 2016 y 2019, en toda la provincia hubo 5.215 denuncias menos y bajaron particularmente en tres delitos en los que ha puesto el foco el Gobierno provincial: robos (-33%), hurtos (-40%) y homicidios (-46%). Los robos pasaron de 17.778 a 11.861; los hurtos, de 12.477 a 7.371 y los homicidios, de 71 a 38.

Esas mismas usinas que agitan los datos también señalan que el "éxito" se debe a una forma de trabajar conjunta, entre la Policía y los fiscales, más las sucesivas reformas del Código Procesal Penal de Mendoza, así como la introducción de los juicios por jurados y el cambio en la organización de las Cámaras del Crimen por los tribunales penales colegiados. Por eso es que, a la hora de hablar de seguridad, es inevitable incluir en la tarea a la tríada conformada por la Subsecretaría de Justicia, el Ministerio Público Fiscal encabezado por Alejandro Gullé, y al penalista nombrado por Cornejo en la Suprema Corte: José Valerio.

Los ideólogos 

Durante los anteriores años de gobiernos peronistas en Mendoza se empezó a dividir aguas en la Justicia provincial. Buena parte de los jueces nombrados en aquellos años, cuando la batuta nacional la manejaban Néstor y Cristina Kirchner, venían de una vertiente del pensamiento penal conocida como "garantismo" o del vocabulario de Cornejo "sacapresos", que suelen estar cercanos a la política de derechos humanos del kirchnerismo. Dentro de ese grupo, la cara más visible es la del supremo Omar Palermo, quien llegó a la Corte de la mano de Francisco Pérez, en 2012.

Dentro de la Justicia había otros penalistas, a los que despectivamente se los denomina "mano dura", sector que estaba encarnado por jueces que abrevan en otras escuelas del derecho. Así empezó a conformarse la grieta judicial. Claramente Cornejo eligió un bando de esa grieta.

Quizá el primer acto público en el que el actual gobernador se mostró cercano al grupo de magistrados "mano dura" fue en febrero de 2015, cuando plantaron un árbol en el bulevar Balcarce de Godoy Cruz, en las inmediaciones de un conocido centro comercial. El acto era en homenaje al fiscal Alberto Nisman. Estaban Cornejo, Gullé y Valerio (ambos en ese entonces eran camaristas penales), los fiscales Gustavo Fehlmann y Horacio Cadile, y la defensora oficial Silvia Bancalari.

Fue una señal que adquirió sentido meses después, cuando Cornejo asumió la gobernación. En julio de 2016 dejaba la jefatura de los fiscales Rodolfo González y era remplazado por Gullé; en noviembre dejaba la Corte Herman Salvini y el 1 de diciembre entraba Valerio en ese lugar.

Ambos son parte del Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal; de allí también salieron el actual ministro de Seguridad, Venier, y la actual jefa de los defensores oficiales, Mariana Silvestri, y también dos de los que plantaron el árbol por Nisman: Fehlmann y Bancalari.

De ese instituto salieron las principales reformas legales que impulsó Cornejo para combatir la inseguridad. De hecho, en el sitio web de la institución aparecen las leyes que impulsaron desde allí.

Hay un dato que ha pasado desapercibido. Durante los ocho años de gobierno del PJ con Celso Jaque y Francisco Pérez, hubo fuertes embestidas del poder político para que el entonces procurador González se fuera del cargo. 

Pero el ex jefe de los fiscales resistió los embates y, a pesar de su pasado peronista, decidió irse meses después de que Cornejo asumiera. Parece que su decisión era no dejar la coordinación de la política de persecución penal, es decir la decisión de cómo investigar los crímenes, al garantismo. Esa política hoy la lleva adelante Gullé.

Levrino, el elemento nuevo del esquema

Todos estos entretelones son los que definen la política de seguridad del gobierno que se va. Parece que se mantendrá durante la era Suárez. El único elemento nuevo de toda la maquinaria dispuesta por Cornejo es Raúl Levrino, que remplazará a Venier.

Por antecedentes, el subsecretario de Seguridad Ciudadana de Capital no es una aparición disruptiva del esquema. Lejano al "garantismo", abreva en la "mano dura". Hay quienes recuerdan que Levrino es el que "pone las multas a los que cortan las calles de la Ciudad". En la práctica, ha habido una continuidad frente a la protesta social: el Gobierno provincial alentaba la imputación de los dirigentes políticos y sindicales por infringir el Código Penal al impedir el tránsito, y la Ciudad aplicaba el Código de Convivencia y multaba a las organizaciones.

Los observadores del proceso señalan que Levrino "seguramente tendrá otra impronta", con más presencia "en la calle, más cercano a los policías, más allá de la tarea que desarrolle Munives", pero no habrá un quiebre en la tarea.

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