Es un proceso interminable. La empresa Chañares Energía S. A. (Chaesa) no se quiere ir del área petrolera que controla en Tupungato: el nombre de la zona de explotación es Chañares Herrados. En mayo de 2019, Alfredo Cornejo firmó el decreto 1.101, por el que declaraba caducada la concesión por sucesivos incumplimientos del contrato. Desde entonces la empresa Chaesa viene reclamando administrativamente, para dar vuelta la decisión.
Ayer, quedó clausurada la vía administrativa y se abre la chance de presentar una demanda ante la Suprema Corte mendocina. Rodolfo Suárez firmó otro decreto, rechazando los reclamos. En el Gobierno esperan que ahora Chaesa inicie reclamos judiciales.
La historia de esa concesión no fue fácil. La empresa era otra cuando llegó a Mendoza, en la década del '90, antes de que los recursos petroleros pasaran a la órbita provincial; el menemismo le otorgó dos áreas (Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado) hasta 2017. En 2011, ya en manos de Mendoza, Celso Jaque hizo un nuevo acuerdo para prorrogar el contrato hasta 2027. Ese segundo contrato, es que la empresa no cumplió.
En el camino, Chañares Herrados S. A. cambió de manos y de nombre. Fue comprada por la petrolera Medanito y empezó a denominarse Chañares Energía S.A. Cuando asume Cornejo, se revisa el cumplimiento del contrato y determinan que en una de las áreas habían incumplido, pero no tanto, alrededor del 70% de las inversiones comprometidas, en la otra las omisiones eran mayores. Así, en 2016 Puesto Pozo Cercado volvió a la provincia y Chaesa se quedó con Chañares Herrados, con la condición de cumplir con las inversiones pactadas originalmente entre 2011 y 2020, por más de U$S200 millones.
Esa nueva renegociación de contrato se firmó en 2017. Dos años más tarde, en mayo de 2019, Cornejo dio por terminada la concesión. En aquellos días, la empresa decía a Los Andes que la rescisión del contrato "a Medanito le generaría un daño económico muy importante porque se trata de una Pyme de tamaño mediano que fue comprada en 2014 por U$S 84 millones y hasta la fecha se han invertido otros 40 millones de dólares". En ese momento amenazaban con acciones legales.
"Reprogramamos los plazos de inversión y pedimos garantías. Quedó claro que ante el menor incumplimiento no había marcha atrás. Estamos tranquilos y hemos sido hasta empáticos por los problemas de la Argentina, pero los contratos están para cumplirse", dijo el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú.
Chaesa presentó recursos de alzada, al gobernador Suárez. Entre los reclamos, se indica que la decisión de Cornejo fue tomada sin audiencia e intimación previa y que el plan de inversiones había sido impuesto de manera arbitraria. Suárez firmó otro decreto (el 152) en el que rechaza todos los argumentos de la empresa. El área sigue siendo operada por la empresa hasta que sea adjudicada en una nueva licitación.
Incumplimientos, imputados y vínculos con la dictadura militar
Chañares Herrados S. A. llegó a Mendoza a principios de la década del '90, antes de que la Constitución Nacional de 1994 declarara que los hidrocarburos eran propiedad de las provincias.
En ese entonces obtuvo una concesión del menemismo hasta 2017. En 2011, cuando el concedente ya era la Provincia, Celso Jaque y su entonces ministro de Infraestructura Francisco Pérez, renegociaron los contratos y extendieron una decena de concesiones que estaban por vencer, entre ellas las de Chasa por Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado, con el compromiso de invertir 266 millones de dólares entre 2011 y 2015 y U$S 140 millones más entre 2016 y 2020.
Y entonces, ya en la gobernación de Pérez, los incumplimientos empezaron a denunciarse en la Justicia y en los medios, proceso que terminó con Pérez imputado y con Alfredo Cornejo tratando de no quedar entrampado por la historia.
Con los incumplimientos también se iniciaron las tratativas para vender la empresa. En junio de 2014 fue vendida a Medanito.
Dos meses después hubo hecho policial insólito con uno de los viejos dueños. En agosto, Luis Alfredo Zarattini volcó en la ruta nacional 7, a la altura de Santa Rosa. En el accidente murió su esposa y él quedó detenido porque se encontró un arma no registrada, 210 mil pesos y folletería nazi. Quién dio las garantías para que quedara libre fue el ex director de petróleo Walter Vázquez.
El hecho agitó el pasado de Zarattini: se lo vinculaba con la represión ilegal en la dictadura, e incluso con el atentado contra el general chileno Carlos Prats.
