La pericia que requiere el procurador Rodolfo González es por el cobro de honorarios por parte de los abogados que intervinieron en la compensación de deudas entre el Estado y el grupo Vila.
De hecho, hubo una denuncia judicial sobre este tema que no prosperó: es que los honorarios se cobraron de los casi 2 millones de pesos que quedaron a favor de la familia Vila después de la compensación, dinero que Vila había donado al Estado. Es más, en esa denuncia judicial, se aseguraba que el propio De Rosas había cobrado casi 150 mil pesos de ese remanente. Todo esto quiere saber González antes de acusar a De Rosas.
Esta causa está vinculada a una de las páginas más negras de la historia de Mendoza: la caída de los dos bancos estatales mendocinos y al largo proceso de recupero de fondos adeudados al Estado.
La sospecha detrás de toda la acusación es que De Rosas, por vía de la compensación, le permitió a los Vila salir de una situación incómoda: el embargo de lotes de Dalvian por 2,5 millones de pesos e inhibición de todos los miembros de la familia. En aquellos años en los que se inició el proceso de canje de deuda, los créditos que debía Dalvian estaban siendo reclamados por vía judicial: tenían 93 juicios de ejecución hipotecaria.
El vínculo del fiscal con la familia Vila también se tocaba en otra de las denuncias presentadas y ya desestimada por el Jury, aunque sigue agitando las aguas: la renegociación del contrato entre una empresa del grupo Vila-Manzano, Mendoza Central Entretenimientos, con el Instituto de Juegos y Casinos. El contrato por el alquiler de las máquinas pasó del 26% de lo recaudado al 47% y el fiscal avaló lo actuado.
