La Corte Suprema de Justicia sorprendió en los últimos días al pedir con urgencia el expediente de la denominada causa “Vialidad”, que tiene como principales acusados a Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, además de un número amplio de ex funcionarios de las gestiones kirchneristas.
El pedido del máximo tribunal, que actuó con el voto mayoritario de cuatro de sus cinco miembros, puesto que el presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, se expresó en disidencia, tuvo la intención de revisar planteos efectuados por los abogados defensores de los acusados en la causa, entre ellas la ex presidenta.
Por esta acción de la mayoría de la Corte existió la posibilidad firme de que se demorara el comienzo del juicio oral, previsto para este martes 21.
Afortunadamente, esta especulación quedó de lado luego de innumerables muestras de sorpresa y rechazo por parte de funcionarios del actual gobierno, políticos en general, juristas y muchos ciudadanos siempre pendientes de todo lo que tenga que ver con el combate social para intentar erradicar la corrupción de la estructuras del Estado.
Los jueces supremos terminaron haciendo saber que nada impediría el inicio del juicio que pone en el banquillo como acusada de actos de corrupción a la ex presidenta Fernández de Kirchner.
Son conocidas las dificultades que tiene la sociedad argentina para poder entender con lujo de detalles cómo se desarrolla el fenómeno de la corrupción. El caso que nos ocupa a partir de la sorpresiva incursión de una amplia mayoría de la Corte Suprema, se sustenta en el procesamiento a las personas que ahora son sometidas a juicio oral dispuesto por el juez Ercolini en diciembre de 2016. Hubo confirmación de dichos procesamientos, casi un año después, por parte de la Sala I de la Cámara en lo Criminal Federal. La etapa de debate oral fue luego abierta en los primeros meses del año pasado.
Existiendo, por lo tanto, evidencias probatorias de la necesidad de elevar a juicio tan notable cúmulo de irregularidades, resultó sorprendente y hasta desorientadora la actitud de los jueces supremos, más allá del válido requerimiento llevado a cabo por los defensores de los acusados.
Por otra parte, como bien se ha expresado en estos días desde ámbitos académicos y en artículos editoriales de medios colegas, la decisión de requerir un expediente correspondiente a un caso de tal envergadura institucional resultó totalmente inusual, puesto que la Corte Suprema sólo solicita dichos elementos en casos excepcionales.
Ningún favor a la calidad institucional que exige nuestro país realizaron los cuatro jueces supremos que pidieron el expediente de la causa “Vialidad”; dando validez a fundadas sospechas de favoritismo hacia los acusados y de sintonía partidaria en por lo menos tres de ellos.
Pese a que luego se garantizó el inicio del juicio, la sombra de la connivencia político-judicial para amparar irregularidades siempre estará al acecho.
