La división y el equilibrio de los poderes del Estado constituyen la base de sustentación de una República. En sistemas democráticos de presidencialismo influyente, como el de la Argentina, es bastante habitual que uno de los poderes, el Legislativo, termine siendo funcional al Ejecutivo en virtud del normal juego de mayorías y minorías que surge de las sucesivas elecciones. Con más razón, por lo tanto, es el Poder Judicial quien debe mantenerse debidamente alejado de cualquier influencia política para actuar con independencia y despojado de intereses facciosos.
La reforma judicial de Cristina Fernández de Kirchner, que tendrá aprobación política pero que seguramente será puesta a consideración en cuanto a su constitucionalidad a los escasos estamentos independientes que quedan en los despachos tribunalicios argentinos, es casi una directa sentencia de muerte para un poder que requería otro tipo de modificaciones para hacerlo funcionar en forma más eficaz. Es cierto que la Justicia argentina tiene un rendimiento promedio mediocre o de extrema lentitud, pero nunca mediante un sometimiento político como el que se pretende se puede aspirar a una mejora de su calidad.
El grosero manoseo político que uno de los proyectos destina al futuro funcionamiento del Consejo de la Magistratura no brinda ninguna garantía de transparencia en la designación de los próximos jueces. Menos aún a la hora de evaluar el desempeño de los magistrados, otra de las funciones encomendadas a dicho organismo. En el actual contexto, con un poder político cada vez más hegemónico, la elección popular de los miembros de la Magistratura aleja aún más toda posibilidad de no dependencia política de los jueces.
La Justicia argentina aparece prácticamente condenada a una sistemática destrucción, como ya hizo este gobierno con los medios de prensa independientes; los pocos que quedan en pie bien saben de aprietes influidos desde el Estado para alentar su desacreditación social y su ahogo financiero.
A la preocupación general por la desatinada reforma judicial ordenada por la Presidenta se sumó recientemente la Iglesia argentina, en su primer pronunciamiento posterior a la asunción del Papa Francisco. Los obispos piden un amplio debate de los proyectos a punto de ser sancionados por considerar que su aplicación en las condiciones que fijó el Ejecutivo derivará en un liso y llano debilitamiento de la democracia.
El kirchnerismo no admitió ningún debate profundo. La única disidencia que escuchó, la de Horacio Verbitsky a la regulación de las medidas cautelares, terminó desnudando desinteligencias internas entre los sectores intelectual y políticamente más influyentes del Gobierno que muy poco aportaron al debate de envergadura que semejante propuesta merecía por parte de la dirigencia política.
La gravedad institucional a la que conducen estas medidas deben ser muy tenidas en cuenta por el grueso de la ciudadanía. Lo que está en debate no es un mero conflicto entre políticos, jueces y abogados, como muchos quieren hacer aparecer. Están en juego la justicia, la libertad y los atributos del pueblo argentino para defender sus derechos y esta democracia que tanto costó construir y fortalecer en 30 años. Una democracia que, por el respaldo popular, supo ponerse a salvo de muchos intentos desestabilizadores.
Nuestro pueblo debe tener muy en cuenta que tentaciones autoritarias y/o totalitarias como las que asoman con esta distorsionada reforma judicial sólo buscan restringir o limitar la libertad, condición sine qua non de la República, con el fin de cubrir oscuros intereses políticos y dotar de alevosa impunidad a quienes, amparados en supuestos preceptos ideológicos progresistas, sólo buscan su propio enriquecimiento.
