Pese a que desde el poder político se dice que la actual Constitución de Mendoza es “antigua” y “conservadora”, lo cierto es que su reforma o actualización integral, aún en el caso de ser necesaria, no responde a esas consideraciones negativas acerca de nuestra Carta Magna provincial sino que parece una reacción, precisamente, a sus grandes virtudes, las que no impidieron hasta la fecha la realización de ninguna reforma institucional importante, y si no ha sido modificada es por no haberse alcanzado los mínimos consensos requeridos para proceder al cambio.
Ello indica que todavía no se ha ofrecido ninguna propuesta superadora a la Constitución de 1916 o, al menos, que la sociedad considere imprescindible su reforma.
No obstante, aún dejando de lado el debate sobre la necesidad de la reforma, lo indiscutible es que la misma no se puede hacer de cualquier modo sino que, tanto en sus contenidos como en sus formas, debe ser todo lo cuidadosa que se exige para estar a la altura de los tiempos, como lo estuvo en su gestación la Constitución que aún hoy nos rige.
En ese sentido, la coartada de recurrir a un acuerdo político ocurrido hace más de una década, en un país y una provincia sustancialmente distintos a los actuales, para de ese modo evitar la consulta popular, aparece como un intento objetable, tanto en su legalidad formal como en su legitimidad de contenidos. En 2001 aquella propuesta de reforma no se llevó a cabo porque los votos obtenidos no alcanzaron el mínimo requerido según el criterio restrictivo adoptado en los años 80 por la Suprema Corte de Justicia de la provincia.
Pretender proseguirla ahora, además de intentar resucitar acuerdos políticos que ya no existen, implica forzar una interpretación constitucional que no sólo rechazó la Corte sino que también rechazó expresa y claramente el pueblo con su voto en las elecciones de 2011, cuando avaló la cláusula restrictiva. Referencia ésta que, en caso de ser requerido nuevamente su pronunciamiento, deberá tener muy presente la propia Corte de la provincia. Además, en ese último comicio los mendocinos, en importante mayoría, indicaron también que tienen serios reparos en avalar una reforma no debidamente aclarada en sus intenciones.
Son precisamente esos límites institucionales y populares los que ahora se pretenden evadir con la decisión de llamar al voto de convencionales constituyentes en base a un acuerdo hoy inexistente y sin previa consulta al pueblo soberano de la provincia.
Si esta decisión llega a concretarse, será difícil pensar que lo que se busca es reformar la Constitución para mejorar la vida de los mendocinos, ya que daría lo mismo un consenso alcanzado hace más de una década que el que no se ha podido alcanzar en el presente. Por lo cual la única razón que queda en pie sería forzar la reelección de gobernador y vice, en particular de los actuales ocupantes de tales cargos, algo que incluso el mismo acuerdo de 2001 excluía de sus posibilidades, determinando que la reelección sólo sería posible para los futuros gobernantes, no para los que convocan a la reforma.
Por otro lado, ni siquiera queda claro que lo que se pretende reformar apunte a la cláusula de una sola reelección del gobernador y vice, ya que es precisamente el gobernador de Mendoza quien más énfasis pone a nivel nacional para permitir una segunda reelección de la presidenta. Y si se tiene ese criterio a nivel nacional no hay razones para pensar que no se lo sostendrá también a nivel provincial.
En síntesis, si se quiere discutir la reforma de la Constitución provincial, bienvenidos los acuerdos entre las fuerzas políticas pero siempre y cuando todos ellos sean avalados por la decisión del pueblo, ya que toda modificación que no cuente con su aval presente, habrá nacido con gran debilidad institucional y con más que discutible legitimidad.
