A pesar de tener distintas intenciones e implicancias, las concentraciones por el Día del Hincha de Boca del 12 de diciembre y las manifestaciones en contra de la reforma de la Ley 7.722 del pasado martes, tuvieron algo en común: en ambas la Municipalidad de Capital aplicó multas de $ 70.000 por cortes de calles, en el marco de la ordenanza 3877 del Código de Convivencia de la Ciudad, vigente desde 2015.
En lo que va del año, incluidas estas dos ocasiones, la comuna ha colocado 182 infracciones a partidos políticos, asociaciones y particulares. Esto arroja un estimado de $12.000.000 que podría recaudar la municipalidad en este concepto (ya que la mayoría fueron infracciones por $70.000, pero también se incluyen otras por $17.500 por contaminación sonora).
De este total, por el momento solamente 11 se han cobrado de forma voluntaria (ya sea en efectivo o por plan de pago), es decir un 6%. Otras 30 se encuentran en juicio de apremio, mientras que el resto todavía no llega a la Dirección de Finanzas para procesarse. Con estas 141 restantes suceden dos cosas: o bien están en plazo para sus descargos (sobre todo en las multas colocadas durante este último mes) o han sido recurridas tanto administrativamente como en la Justicia.
Concientización
Desde la comuna reconocieron que los pagos pueden tardar en concretarse, pero aseguraron que al fin se cobran. "Puede que se demore pero no hay plazo que no se cumpla", manifestó el secretario de Seguridad Mario Campos.
De todas maneras, aseguró que el propósito principal de estas infracciones no es recaudatorio, sino que apuntan a concientizar a la sociedad. "Si el día de mañana logramos que una protesta se haga por la vereda y no interrumpa el tránsito, habremos cumplido nuestro objetivo", expuso.
Asimismo subrayó que antes de multar siempre se dialoga con los manifestantes para que cesen la interrupción del tráfico y que dejen, por lo menos, media calzada liberada. "La multa no impide el derecho de huelga; lo que no pueden hacer es cortar una calle porque una protesta de unos termina siendo perjudicial para la mayoría", remarcó.
Patricia Sánchez, secretaria de Hacienda de la municipalidad, detalló que en los juicios de apremio por no pagar las multas se llega a la sentencia en unos cinco días. "Una vez que se notifica la sentencia, el recaudador, que es un abogado externo, puede tomar medidas de embargo a cuenta bancaria o de inhibición, lo que le impide a la persona hacer una transferencia de algún automotor o inmueble o pedir un préstamo, entre otros", explicó. Por esa razón aseguró que en algún momento la persona termina cancelando la deuda.
En cuanto a las personas u organismos que recurren las multas, Sánchez precisó que en un principio se realiza por vía administrativa y que una vez que se agota pueden acceder a la vía judicial.
Organismos multados
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) fue multado en la manifestación en contra de la modificación de la 7.722 del martes, así como en reiteradas ocasiones previas. El partido estima que ha sido sancionado por 50 infracciones de este tipo desde 2017. Pero, como las consideran arbitrarias, han presentado recursos legales y no las han pagado. "Están todas hasta ahora en vía administrativa por la Ley provincial 9.013", detalló Maximiliano Villarreal, apoderado del FIT.
Él argumentó que se trata de una reglamentación excesiva que termina violando el derecho a peticionar ante las autoridades y a manifestarse. "Todo el procedimiento es ante la municipalidad y siempre nos contesta la misma persona, por lo que son juez y parte", se quejó el apoderado, y recordó que en oportunidades han sido multados sin siquiera haber estado presentes en el lugar. "Es una arbitrariedad absoluta. De hecho varias veces nos han dado la razón", contó.
Para Víctor Da Vila, dirigente del FIT, existe discrecionalidad a la hora de multar. "No es lo mismo una movilización por Nisman, las concentraciones en apoyo a Macri o el festejo radical que nuestras marchas para reclamar por derechos", denunció. "Nosotros vamos a reclamar contra políticas del oficialismo y son ellos los que deben autorizar, es una verdadera contradicción", expuso.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Mendoza también ha sido sancionada por cortar las calles durante manifestaciones. Desde el gremio estiman que son más de 50 multas las recibidas. "Todas han sido recurridas en la Justicia", relató Roberto Macho, secretario general del gremio, quien detalló que todavía no han tenido resoluciones al respecto. Igualmente comentó que en unas pocas multas la municipalidad ha avanzado con retenciones en sus cuentas bancarias, contra lo que también se han manifestado en la Justicia nacional.
Los multados en diciembre
El pasado 12 de diciembre un nutrido grupo de simpatizantes de Boca Juniors se reunió para festejar el día del hincha del club, ocasión en la que fueron multados por la Municipalidad de Capital. La comuna labró dos actas de $70.000 contra el club y 97 contra simpatizantes por corte de calle, uso de pirotecnia y ruidos molestos.
Mientras que el martes por la mañana, ambientalistas y vecinos de toda la provincia llegaron a la Legislatura para manifestarse en contra de la modificación de la Ley 7.722. El municipio aplicó 12 multas por haber cortado la calle a agrupaciones como la Sociedad Rural del Valle de Uco, CCC, Partido Comunista, FIT, Somos Vida, Feminismo Campesino y Popular y Unión Trabajadores Rurales sin tierra.
