El gobernador, Alfredo Cornejo, está más cerca de poder nombrar dos miembros de la Suprema Corte de Justicia. Ayer, con el voto exclusivo del oficialismo, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto que amplía la composición del máximo tribunal mendocino y en los próximos días deberán empezar a tratarlo los diputados.
Este debate fue el “plato fuerte” de la sesión de ayer, conocida como el “súper martes” por la acumulación de proyectos importantes en una misma sesión.
La discusión tuvo varios cruces y hasta se hizo presente el Partido Intransigente (cuyos legisladores electos asumirán a fines de abril). Fue a través de una carta que leyó el PJ, en la que manifiesta su oposición "al apuro" con el que se trató el proyecto.
Por su parte, Raúl Ferrer y Walter Soto, los dos radicales díscolos que una semana antes frustraron la sesión, estuvieron desde un principio aunque el primero se opuso y el segundo apoyó la iniciativa.
En la misma jornada también se transformaron en ley los proyectos de Avalúo e Impositiva y una modificación a la regulación del Pasip (el parque industrial de Palmira).
Además, tuvieron la primera sanción el proyecto de Acceso a la Información Pública, una modificación al Código de Faltas para bajar sanciones a quienes no paguen el boleto y la autorización al IPV para afectar los fondos recuperados para rescatar deudores hipotecarios.
Otra receta
Sobre la ampliación de la Corte, tanto el oficialismo como la oposición repararon en la importancia de la modificación de la ley. "Es una reforma estructural para lograr y hacer efectivas todas las leyes que se sancionaron anteriormente", resumió el senador Adrián Reche en referencia a las 24 leyes aprobadas durante la gestión Cornejo en materia judicial y de seguridad.
Entre sus argumentos, el proyecto propone llevar de siete a nueve los miembros por el atraso que existe en la Suprema Corte y que trae como consecuencia el colapso, en especial de la Sala II, competente en las materias que más juicios recibe el sistema de justicia: la penal y la laboral. El texto propone sumar una sala y a su vez modifica las competencias de cada una.
Según justifica este escrito, este "cuello de botella" tiene dos consecuencias: retarda la justicia para los ciudadanos y deja a la provincia en una situación de debilidad ante eventuales reclamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con estos argumentos, el senador Juan Carlos Jaliff y otros radicales redactaron el proyecto que se consideró ayer y pasó a la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
“El Gobernador no sabía que se podían aumentar los miembros de la Corte y nosotros lo hicimos notar”, respondió Jaliff a las acusaciones de que el verdadero objetivo del gobernador Cornejo detrás del proyecto es tener una Corte favorable.
Por eso, la receta para atender al colapso en la Corte no fue compartida por el PJ, si bien el diagnóstico sí fue coincidente. Según los opositores, se puede atender a la misma problemática si se modifica la estructura de los tribunales inferiores.
"Es una verdad insostenible decir que hay que aumentar los miembros del máximo tribunal por que aumentan las causas que llegan. En cambio si se modifica la estructura de funcionamiento de los tribunales inferiores para que las causas sean resueltas en tiempo y forma, se podría evitar que lleguen tantos recursos extraordinarios a la Corte", argumentó Patricia Fadel, presidente del bloque del PJ.
Son dos y se dividieron
Si bien los dos radicales separados del bloque Cambia Mendoza estuvieron presentes, hubo un cambio de planes en uno de ellos. Ferrer pasó de considerar a la iniciativa como "un proyecto que tiene bondades" a reclamarle a sus compañeros la falta de opinión de los especialistas. En el medio, una repercusión en torno a una conferencia de prensa de Cornejo le hizo cambiar de opinión.
"Nos dijeron que estaban encima nuestro y que hay personas enviadas para ablandar nuestra postura”, dijo molesto Ferrer.
En el recinto, insistió en el apresuramiento oficialista e incomodó a uno de los autores del proyecto, Marcelo Rubio, al preguntarle si el texto contaba con el dictamen de alguna universidad. "No hay dictamen ni hubo un pedido institucional, por seriedad deberíamos haber consultado", se quejó el díscolo y dijo que se sintió afectado por los dichos de Cornejo.
Por otro lado, Soto dijo que sus dudas fueron evacuadas en la semana que pidieron y valoró el proyecto como “una norma importante para los mendocinos”. Luego, Fadel le requirió cuál había sido esa respuesta que tuvo pero el radical no contestó.
Avalúo e Impositiva, con lo justo
De la misma manera que en la Cámara de Diputados, el PJ y el FIT ayer se opusieron a los proyectos de Avalúo e Impositiva. Y repitiendo la historia, el frente Cambia Mendoza se apoyó en sus números y convirtió en ley las dos normas fiscales clave para el año que viene.
El debate anticipó algunos argumentos que se escucharán en la discusión del Presupuesto 2018, para el que el radicalismo sí necesitará del voto afirmativo del PJ para lograr el endeudamiento pedido, que requiere de los dos tercios de los votos.
En este sentido, Fadel dejó algunas definiciones: "La reducción que plantean es imperceptible y será sustentada por deuda. Tenemos un nivel de endeudamiento preocupante, que se incrementó en un 150% desde que asumió esta gestión, según los datos del Ministerio de Finanzas de la provincia. Cerca del 50% de esa deuda está nominada en dólares".
La ley Impositiva fue aprobada pero ya se sabe que deberá ser modificada, una vez que la Legislatura avale el pacto fiscal que firmó el gobernador Cornejo con el presidente Macri y que obliga a reducir alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos.
Acceso a la información, con el voto de todos
Los tres bloque legislativos aprobaron el proyecto que regula los mecanismos de acceso de información pública del ciudadano y, a su vez, obliga al Estado a suministrar la información relevante activamente.
Según los redactores de la norma, los senadores Daniela García (UCR) y Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), Mendoza es la tercera provincia por “la cantidad de conjuntos de datos abiertos que ha puesto a disposición de la ciudadanía”. El proyecto ahora deberá pasar por la aprobación de la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
