La presentación de la declaración jurada de bienes no es una tarea que entusiasme a los intendentes mendocinos. Si bien es cierto que el decreto 1789/15 no los obliga a hacerlo (sólo los invita a “adherir”), únicamente cuatro de ellos aparecen en el apartado que le destina la página web de la Fiscalía de Estado. Y sólo la Municipalidad de Las Heras adhirió institucionalmente, con su intendente, Daniel Orozco, a la cabeza.
Del resto, solo se observa la declaración del radical Tadeo García Zalazar, de Godoy Cruz, y de los justicialistas Emir Félix, de San Rafael, y el ahora ex intendente de Santa Rosa - hoy detenido- Sergio Salgado.
Orozco declaró cobrar $ 55.430 por ese cargo, pero $ 24.694 más por su profesión de médico. Además, es dueño del 50% de una casa valuada en $ 4.635.480, del 100% de un lote que figura con un valor de $ 118.984 y un automóvil Renault Fluence cotizado a $ 240 mil. Su mujer, Viviana Cecco, docente, declaró sólo un VW Gol Tren, modelo 2011, de $ 140 mil.
Además de Orozco, en el listado que figura en Fiscalía de Estado aparecen otros 62 funcionarios de Las Heras, pero ningún concejal.
En el caso de García Zalazar, se informó que él no aparece en la página por adherir a la invitación del decreto 1789, sino por ser esposo de María Cecilia Orueta, directora de Farmacología del Ministerio de Salud, quien sí está obligada a declarar patrimonio.
Ella muestra ser titular del 100% de 2 inmuebles, una casa con valor fiscal de $ 293.459 y un bien ubicado en el ítem “otros”, por $ 35 mil. Además, posee la mitad de otra casa valuada en $ 157.201 y el total de un auto Honda, comprado en 2015, cotizado a $ 370 mil.
En tanto el intendente godoicruceño no declara inmuebles; sólo un auto Fiat Strada Adventure, de $ 180 mil.
Más allá de estos datos, el godoicruceño, autor de uno de los proyectos de ley de Ética Pública que espera discusión legislativa, ha avanzado en su departamento. Con el decreto 516 del 29 de marzo de este año, García Zalazar obligó a los que tienen “cargos políticos” en Godoy Cruz a declarar bienes.
“Todavía corre el plazo de presentación, que vence en mayo”, dijeron en la Comuna.
Por su parte, el sanrafaelino Félix presentó el año pasado su DDJJ. Allí informa que es dueño del 50% de una casa comprada en el año 2000 a $ 13.261; del 100% de otra, comprada en 2005, a $ 15 mil; y del 100% de otra, adquirida en 2009, valuada en $ 250 mil. Tiene un Chevrolet Onix 2013, de $ 114 mil; capitales invertidos en 3 empresas; una deuda hipotecaria por $ 125 mil y otras deudas por unos $ 370 mil. En la declaración aparece su esposa, Elisa González, de quien solo se dice que es “administrativa” en el Ministerio de Gobierno.
Finalmente, Salgado, quien debió renunciar, imputado por asociación ilícita, peculado, defraudación pública y emisión de casi 500 cheques sin fondos, presentó en 2015 su DDJJ, en la que figura un sueldo de $ 35.762, y únicamente un auto Peugeot Feline 2013, de $ 213 mil.
Pocas ganas de adherir
Las posibilidades de que crezca el número de intendentes y comunas en el listado que hoy ofrece Fiscalía de Estado, no parecen ser muchas. En primer lugar, la mayoría dice "cumplir con la ley", sobre todo con las declaraciones obligatorias ante la Afip.
Pero además, no son pocos los que muestran su desagrado con esta modalidad. Así lo indicó el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias (UCR). “No soy partidario de adherir a nada”, dijo, y se mostró opuesto a “andar exponiendo bienes”, algo que consideró “hasta por seguridad”.
Sí está a favor de generar -como Godoy Cruz- normas propias. En ese sentido, dos concejales de su sector, Ignacio Conte y Fabián Forquera, presentaron días atrás un proyecto para generar hasta 3 declaraciones juradas, una al inicio, otra a la mitad y una tercera al final de cada mandato de funcionarios y ediles.
A Jorge Difonso (Frente Renovador), de San Carlos, tampoco le gusta la idea de las DDJJ. “A lo que han adherido estos funcionarios tiene bastante de hipocresía”, dijo, sobre todo por los “irrisorios” valores que observó en algunos casos. Pero además consideró “vende humo” a los proyectos de ley de Ética Pública, como el que hoy presentará la vicegobernadora Laura Montero , en la Legislatura. “Hay que cumplir con la ley establecida y no evadir”, añadió el sancarlino, que dijo haber hecho su declaración por el impuesto a las Ganancias.
También se valió de su declaración ante la Afip el juninense Mario Abed (UCR). “Yo he hecho 10 declaraciones. La última la presenté cuando fui candidato a senador nacional en 2015”, dijo, además de indicar que en Junín “no se ha conversado el tema”.
Tampoco hay definición en Capital. “No lo hemos tratado. Yo tengo todo declarado en la Afip. Y pago siempre”, destacó el intendente, Rodolfo Suárez, que de todos modos dijo que “no tendría problema”, en que se avanzara en un proyecto para hacer públicas las DDJJ.
De similar modo respondió Martín Aveiro (PJ), de Tunuyán. “En los municipios todo depende de las ordenanzas de los concejales. Estaría bueno si alguno presenta el proyecto”, dijo, aunque concluyó: “”n pueblos chicos, nos conocemos todos. No hace falta una declaración jurada”.
