Sociedad
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hace 39 minutos
La Cámara de Diputados buscará el próximo miércoles aprobar más de un centenar de proyectos, entre los que se destacan el de responsabilidad del Estado, el que dispone una pensión para ex presos políticos y el que crea el estatuto para quienes trabajan en “call centers”.
En su última sesión ordinaria del período legislativo 2013, diputados del oficialismo y de la oposición buscarán mañana cerrar una agenda de trabajo consensuada con los proyectos de interés para todos los bloques legislativos.
Así, muchos diputados que terminan sus mandatos el próximo 10 de diciembre intentarán que se aprueben iniciativas propias que en las sesiones en que se debaten uno o dos temas polémicos, muchas veces quedan postergados.
Sin embargo, la que hasta hace dos semanas aparecía como una sesión tranquila en la que se tratarían iniciativas muchas veces postergadas que no tenían mayores disidencias, terminó convirtiéndose en una en la que el proyecto sobre responsabilidad del Estado encenderá el debate.
Además de ese proyecto del Poder Ejecutivo, se votará en la sesión del miércoles el que establece una pensión graciable para ex presos políticos que hayan vivido en esa condición hasta el 10 de diciembre de 1983.
El argumento fue que el texto original establecía que el beneficio aprobado originalmente en Diputados regía desde el golpe del 24 de marzo de 1976 y en el que iba a aprobarse en el Senado se iniciaba el 6 de noviembre de 1974, es decir, en pleno gobierno constitucional de Isabel Perón.
El proyecto establece “una pensión graciable para personas que hasta 1983“ hayan permanecido detenidos ilegalmente por razones de carácter político, gremial o sindical.
En la que a priori aparece como una sesión maratónica, se tratará también el proyecto que autoriza la realización de ejercicios militares combinados, la salida de tropas argentinas fuera del territorio nacional y el ingreso de sus similares extranjeras sin inmunidad.
Se trata de 21 ejercicios combinados, tanto bilaterales como multilaterales que, en su mayoría, se realizarán con países miembros de la UNASUR.
Si bien el temario aún no está definitivamente cerrado, la Cámara baja trataría también una serie de convenios internacionales y un proyecto del diputado del Frente para la Victoria Andrés Larroque que regula la actividad de los teleoperadores o trabajadores de los centros de atención de llamadas (call centers).
Otro proyecto que podría figurar en el temario es el que modifica la legislación sobre problemática y prevención de la diabetes, respecto de la actualización, cobertura y adecuación de los tratamientos farmacológicos y tecnológicos de esa enfermedad.
El proyecto establece que el Estado debe llevar el control estadístico y prestará colaboración científica y técnica a las autoridades sanitarias de todo el país, a fin de coordinar la planificación de acciones“.
También se incluiría un proyecto que recibió dictamen en la última reunión de la comisión de Legislación Penal: el que establece penas en los accidentes de tránsito donde se registren muertes.
El proyecto incorpora un nuevo artículo en el Código Penal que dispone de una pena de 2 a 5 años al que “por conducción imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria de un vehículo automotor causare a otro la muerte".
Además, prevé una elevación del castigo a 6 años “si hay fuga, o estupefacientes, o se conduce a más de 50 kilómetros por encima del límite reglamentario“.
Se convertiría en ley, también, el proyecto que crea el Registro Nacional “No llame“ para proteger a los usuarios de telefonía de los “abusos publicitarios“, que actuaría en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que alcanzaría a todos los servicios de telefonía, por intermedio de una inscripción gratuita por parte de los usuarios.
Tras recibir dictamen en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Finanzas también obtendría media sanción el miércoles el proyecto de ley que permite la realización de trámites bancarios en cualquier sucursal del banco en el que está acreditada la cuenta, dejando de lado el actual sistema que contempla sólo a la sede en la que está radicada la cuenta.
