Uno de los aliados de Cambia Mendoza, pide algunas reformas al proyecto enviado por el gobernador Rodolfo Suárez para modificar la ley 7.722. Entre las propuestas incluyen la creación de una agencia ambiental, con independencia del Ejecutivo y autarquía financiera, que se encargue de controlar a las actividades extractivas.
Los socios que piden la creación de este organismo son los del Partido Demócrata Progresista, espacio en el que se refugiaron los dirigentes más cornejistas del otro Partido Demócrata, entre ellos el ex titular de Aysam Richard Battagión, la ex presidenta del Instituto de Juegos y Casinos y actual diputada provincial Josefina Canale y el subsecretario de Salud Oscar Sagás.
En un comunicado, la fuerza señala que “acertadamente el gobernador Suárez, en su primera iniciativa de gobierno, ha enviado a la legislatura un proyecto de reforma de la 7722 para impulsar la minería. Hay que aprobar esta ley para que Mendoza no pierda definitivamente el tren. San Juan en 10 años va a exportar productos mineros por 8.000 millones de dólares, dejando muy atrás a Mendoza, como Chile superó a Argentina”.
El espacio oficialista impulsa cambios en el proyecto, que "sin perder su carácter pro minería, la ley debería incorporar conceptos pro agua". Sin embargo, la decisión que tomaron ayer es apoyar la sanción de la norma de Suárez.
Entonces introducen la idea de la agencia ambiental "de alto nivel técnico y científico, con independencia política y autarquía financiera, ofrecería mayores garantías de cumplimientos de normas domésticas e internacionales como las EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas) o las prácticas hacia la minería sostenible HMS de la Asociación Minera de Canadá". El titular de la agencia debería nombrarse con acuerdo del Senado.
Además, indican que “las regalías mineras deberían afectarse exclusivamente a un Fideicomiso pro agua, con el propósito de financiar inversiones en agua potable, saneamiento, riego y energías limpias”.
Con ese fideicomiso, los demócratas progresistas sostienen que "por cada litro de agua que utilice la minería, se van a poder recuperar 2 litros para riego y agua potable, que hoy se pierden por infiltraciones, pérdidas y alto consumo".
