Este martes el Gobierno Nacional anunció una serie de cambios en el régimen migratorio que implicaba, entre otras cosas, arancelar las universidades nacionales y la salud pública para las personas extranjeras no residentes.
Aunque el Gobierno Nacional aún no ha detallado como se van a llevar estas medidas en las universidades nacionales, desde la UNCuyo aclararon que dependiendo de los factores que se tengan en cuenta al momento de definir quienes deben o no pagar educación, será el número de estudiantes que abarque.
“Todas las personas que quieran ingresar a la Universidad deben presentar documentación que certifique dos cosas: primero, que están radicados en el país, o sea que residen de manera permanente en el país, para lo cual deben tramitar un DNI especial. Segundo, una certificación de haber completado sus estudios secundarios, la misma debe estar validada por la autoridad competente en Argentina”, explicaron en un comunicado.
En el caso de estudiantes que no cuentan con residencia permanente, que serían las personas alcanzadas por la iniciativa del Gobierno de Milei, “la normativa migratoria (Ley 25871 y decreto 616/2010) indica a las universidades que deben habilitar la inscripción e indicar el caso a la Dirección Nacional de Migraciones para que la persona regularice su situación migratoria”.
“De este modo, para consolidar su inscripción como estudiantes deberán, dentro de los plazos dispuestos por dicha dirección, presentar documentación de residencia temporaria o visa de estudios”, explicaron.
Cuántos estudiantes extranjeros tiene la UNCuyo
Este martes, durante su habitual conferencia de prensa, Manuel Adorni afirmó que cerca del 30% de los estudiantes de las carreras de Medicina en Argentina son extranjeros. “Hoy uno de cada 3 estudiantes de medicina es extranjero”, dijo. Respecto de este punto, desde la Universidad Nacional de Cuyo aclararon que hay tres formas de medir la cantidad de estudiantes extranjeros.
“Podemos contar cuántos estudiantes tenemos con documento mayor a 90 millones u otro tipo de documento de identificación personal; o sea, mirando el tipo de DNI que reciben las personas extranjeras que residen en Argentina, indistintamente del tiempo que lleven viviendo en el país”, graficaron.
“Dentro de este grupo, encontramos como grupo más numeroso a las personas nacidas en países limítrofes que vienen hace muchos años en el país, incluso que han realizado sus estudios primarios y secundarios en el país. Medidos así, en la UNCuyo registramos 914 estudiantes extranjeros, o sea el 2,7%”, continuaron.
La segunda forma de medirlo es contar a los estudiantes “cuyo grupo familiar registra un domicilio permanente fuera del país. Medido así, en la UNCuyo tenemos 165 estudiantes extranjeros, o sea el 0,5%”.
“Dentro de estos estudiantes puede haber personas que se han radicado de manera permanente en el país, pero tienen su familia en el exterior. Esto último es importante frente a la posible innovación normativa: no todas las personas de este grupo calificarían para ser pasivas de un arancel según lo trascendido hasta ahora”, aclararon.
Una tercera forma de medirlo a raíz el país de procedencia de la titulación secundaria del estudiante. “Si lo medimos así, tenemos 122 estudiantes extranjeros. Entendemos que esta es la forma más legítima de “medir” cuántos extranjeros vinieron exclusivamente a estudiar a nuestra universidad”, manifestaron.
¿Cómo se aplicará el arancel?
En el mismo comunicado la Universidad Nacional de Cuyo consideró las posibilidades a partir de las cuales se podría llevar adelante la medida anunciada por el Gobierno Nacional.
“Entendemos que el mismo debería surgir de una ley del Congreso Nacional, pues la Constitución Nacional, en su art. 75, establece que es competencia del Congreso sancionar leyes que reglamenten la organización de la educación y dice, explícitamente, que éstas deben garantizar los principios de gratuidad de la educación pública”, escribieron.
“En este sentido, debemos referirnos a la Ley de Educación Superior, que en su art. 2 bis establece que los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen o arancel”, agregaron.
En el mismo texto consideraron que para avanzar en la medida debería “modificarse tanto la normativa migratoria como de educación, y que la misma tiene algunos resguardos constitucionales que pueden, eventualmente, exigir su tratamiento en el Congreso e, incluso así, ser objetadas en su constitucionalidad al violar principios de igual trato a migrantes y de gratuidad de la educación”.
Por último, aclararon que los estudiantes extranjeros que cursan estudios de posgrado pagan aranceles hace años. “Este es un grupo más heterogéneo y dinámico, pues los posgrados suelen implicar instancias más cortas. Para acceder a este número, que cambiar durante el transcurso del año, debemos consultar a cada Unidad Académica para que indiquen cuántos estudiantes extranjeros de posgrado tienen en ese momento”, cerraron.
