El pasado domingo entró en vigencia la ley 27.610 que permite el Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Desde esa fecha Argentina pasó a integrar oficialmente la lista de países donde el aborto es legal.
Pese a esto, la jueza a cargo del Juzgado civil comercial Nº 19 de Resistencia, Chaco, Marta Beatriz Aucar de Trotti, decidió hacer lugar a una medida cautelar, contra la Ley 27.610 y ordenó suspender la ley de aborto en dicha provincia.
La iniciativa está dirigida, “contra el Gobierno de la Provincia del Chaco y/o el Ministerio de Salud Pública del Chaco y/o Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco y/o quien resulte responsable”.
La medida cautelar fue pedida por Hilda Beatriz Dellamea, Cristina Araceli Chemes, Clelia Mirtha Ávila, Gabriela Monzón y Claudia Mariel Medina, patrocinadas por Fernando Enrique Guirado, quienes solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la norma, que entró en vigencia recientemente, y argumentaron que el Art.15 Inc.1 de la Constitución Provincial garantiza el derecho “a la vida y a la libertad, desde la concepción” a todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana.
Según se supo, una de las impulsoras de la medida cautelar es Clelia Ávila, ex diputada provincial por la Unión Cívica Radical, denunciada penalmente por el Gobierno de su provincia luego de haber atacado a un grupo de mujeres en el 32º Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en la ciudad de Resistencia.
Desde la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito en la provincia de Chaco, dijeron que ya habían tomado conocimiento de la situación y “que están trabajando en una estrategia jurídica y política” según informaron al medio de comunicaciones, Infobae.
Ante esta situación, la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros en Chaco respondió :“Ante la medida cautelar que suspende la aplicación de la ley 27.610 difundida por la red social WhatsApp, queremos aclarar que el gobierno provincial no ha sido notificado al respecto” dijo en un comunicado la secretaría desde Facebook.
Y continúo: “La ley de interrupción voluntaria del embarazo es una ley sancionada por los representantes del pueblo. Desde el gobierno provincial, vamos a seguir impulsando este derecho para proteger a las mujeres y personas gestantes”. concluyeron.
No es la única provincia en querer suspender el aborto
Este no es el primer intento de frenar la aplicación de la ley de manera judicial que se aprobó por mayoría en el Congreso. La semana pasada, el juez federal de Salta Julio Leonardo Bavio rechazó una medida cautelar que pretendía suspender la ley de IVE a través de una presentación contra el Protocolo ILE del Ministerio de Salud, establecido en 2019, y que más tarde fue ampliada tras la sanción de la ley.
Este accionar, al parecer, se repetirá en varias ocasiones más ya que los grupos de dirigentes “provida” siguen marchando en contra de la ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, la cual ya entró el rigor el pasado domingo 24 de enero.
