Organizaciones de pueblos originarios y otras de la provincia, buscan impedir el avance de un proyecto oficialista asociado al conflicto por las tierras atribuidas a una comunidad mapuche en el sur de Mendoza.
Buscan impedir que salga un dictamen de mayoría de un proyecto que se encuentra en la Comisión de Proyectos y Garantías de la Legislatura que se tratará el miércoles y es por eso que convocan a manifestarse allí ese día a partir de las 9.30.
El proyecto en cuestión expresa el rechazo a la disposición de Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que, a fines de enero, otorgó más de 21 mil hectáreas en el distrito sanrafaelino de El Sosneado y otras 3 mil en Los Molles, Malargüe a una comunidad que, el gobierno mendocino, niega que sea mapuche.
“Convocatoria urgente contra el intento de institucionalizar el racismo en Mendoza”, es el título del texto.
“La legislatura de Mendoza se propone tratar en la sesión del miércoles 29 de marzo un dictamen de mayoría del oficialismo de nuestra provincia (Cambia Mendoza) que provocaría un retroceso en el marco legal de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas de Argentina. En los tres artículos del proyecto de resolución plantea: repudio por el decreto que prorroga la Ley 26160 a nivel nacional, argumentando que es de nulidad y que fue dictado en contra la división de poderes. En el segundo artículo expresa preocupación por la no participación de la provincia en el relevamiento territorial realizado por el INAI en el marco de la Ley 26160. Y en el tercer artículo afirma que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”, expresan en un comunicado Organizaciones y comunidades Indígenas Huarpe, Mapuche, Colla, Guaraní de la Provincia de Mendoza, Organizaciones y comunidades.
En el contenido refieren que “desde hace un mes la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia ha convocado a diferentes especialistas y representantes indígenas, elaborando un segundo dictamen de minoría que responde todas y cada una de las argumentaciones, incluidas el procedimiento administrativo de ejecución del relevamiento territorial de la Ley 26160, las comunicaciones que se realizaron con el gobierno provincial de Mendoza y municipales correspondientes, como también argumentos de especialistas y autoridades tradicionales del Pueblo Mapuche que confirma la preexistencia como pueblo indígena de Mendoza y Argentina”.
Por ello: “Convocamos a adherir a este comunicado a organizaciones indígenas, sociales, culturales, ambientales, políticas, sindicales, feministas y de derechos humanos; y a concentrarnos presencialmente en las puertas de la Legislatura de Mendoza el día miércoles 29 de marzo a las 9.30 hs con el fin de solicitar el no tratamiento de este dictamen, su pase a archivo y que se retome el respeto a los derechos adquiridos de los pueblos indígenas, tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales”.
Según destacan es en defensa de de los derechos adquiridos por los pueblos indígenas, en rechazo del que cxalifican como “dictámen racistay negacionaista” que atribuyen al Frente Cambia Mendoza con la intención de promover la confrontación con discursos de odio en la sociedad.
Conflicto por tierras mapuches
En las resoluciones 36 y 43 publicadas por el INAI el 27 de enero en el Boletín Oficial, se reconoció la ocupación ancestral de terrenos por parte de dos comunidades mapuches del Sur de Mendoza. Estas son la Lof El Sosneado (San Rafael) y la Lof Suyai Levfu (Malargüe).
Para implementar esta medida, el gobierno de Alberto Fernández se apoyó en un informe histórico-antropológico elaborado por el INAI. En este estudio se contempló el vínculo que las familias tenían con las áreas en cuestión.
A través de este informe y amparado en artículos de la Constitución Nacional y del Código Civil y Comercial, el Ejecutivo nacional confirmó el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de más de 21.000 hectáreas, que con esta decisión se consolidaron como no enajenables, ni transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos.
El análisis de los terrenos se llevó a cabo en el marco del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y tiene por fin “demarcar y relevar el territorio que ocupan las Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública”, detalla La Nación.
La respuesta del gobierno mendocino fue de inmediato rechazo. “Solicité a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado, que se realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el Sur de la provincia”, publicó el lunes siguiente el gobernador Rodolfo Suárez.
“Lo dije hace un año de manera exagerada, si no le damos la seriedad y la institucionalidad que el tema merece, alejándonos de los discursos fanáticos, vamos a tener estos grupos exigiendo la entrega de propiedades en toda Mendoza”, aseguró.
El gobierno expresó que las tierras otorgadas de El Sosneado son propiedad de la empresa Sominar Sociedad Minera S.A.
