Una medida de alivio llegó ayer para taxistas, remiseros y conductores de Uber y Cabify, ya que por decreto el Gobierno permitió extender la antigüedad de las unidades a renovar. Desde la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam) se mostraron conformes, pero creen que fue a “destiempo”.
Elaborada con fecha del 3 de diciembre pero publicada en el Boletín Oficial este jueves y con la firma del gobernador Rodolfo Suárez, la resolución tiene vigencia desde hoy y hasta el 31 de diciembre del 2023 “en forma excepcional”, debido a la crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus.
“Autorícese a los permisionarios de los servicios de Transporte de Pasajeros de Interés General, a utilizar para la renovación de sus unidades vehículos que presenten una antigüedad de hasta 7 años en el caso de taxis, 4 años remises y 7 años para los vehículos (no eléctricos) autorizados para la prestación del Servicio de Transporte Privado a través de Plataformas Electrónicas inscriptos actualmente en la Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos”. detalló el texto difundido en las últimas horas.
La modificación radica en que por un par de años se permitirá renovar con coches un poco más antiguos. Hasta este decreto los taxistas debían cambiar el rodado por un modelo de hasta 5 años de uso, los remiseros con 3 años y con 5 años desde su registración para los conductores que trabajan con las plataformas.
Una actividad golpeada
El Gobierno fundamentó la decisión en las secuelas económicas de vivir en pandemia, del aislamiento del año pasado y de la complicada situación en general.
“La actividad de los permisionarios de los servicios de transporte de pasajeros se vio sensiblemente disminuida durante el 2020 como consecuencia de la pandemia de Covid-19, lo que ha ocasionado un marcado deterioro de la situación de los mismos y que se ha visto reflejado en las presentaciones efectuadas ante la Secretaría de Servicios Públicos tanto por los permisionarios en forma individual, como por las diferentes asociaciones que los nuclea”, detallaron las autoridades.
“Nosotros nunca bajamos los brazos y siempre seguimos prestando el servicio, incluso en la Fase 1″, destacó Pedro Guerra, presidente de Aprotam.
Ante este panorama, el Gobierno decidió “realizar acciones tendientes a aliviar la situación de los permisionarios de los servicios de transporte anteriormente indicados, que se vean imposibilitados de renovar las unidades para poder hacer efectiva la prestación del servicio”, se destaca en el decreto.
Lo que no tendrá variaciones es la vida útil de la unidad, ya que sigue vigente el artículo 50 de la Ley 9.086 que establece que la antigüedad máxima de los taxis es de 8 años-se amplía a 10 si tiene equipo de GNC u otra tecnología equivalente que reduzca la contaminación ambiental-, de 5 años para remises-6 con gas- y de 5 años para Uber y Cabify desde la registración auto. Superado este periodo se debe hacer la renovación, y el beneficio para los trabajadores impacta en que a la hora del cambio les permitirán hasta 2023 hacerlo por algunos modelos anteriores.
Conformidad a medias
“Es una medida que vemos con buenos ojos, pero que creemos que llegó a destiempo. Nosotros lo planteamos a principio de año, pensando en que los permisionarios tengan el margen para buscar nuevas unidades y prepararlas”, expresó Guerra.
“Más allá de comprar, luego hay que alistar los coches; pintarlos y colocarles el reloj, el GPS y el equipo de GNC. Toda esa preparación demanda unos 300.000 pesos y cerca de 60 días”, agregó.
Con respecto a este proceso de poner en óptimas condiciones a los rodados, y si bien aceptan los alcances del decreto, desde la asociación le solicitaron a la Secretaría de Servicios Públicos una prórroga hasta diciembre del 2022. “Queremos un año para que a los trabajadores que se le vencieron los permisos en el 2020 y a los que se le terminan ahora a fin de año, se les haga una excepción para que sigan funcionando mientras consiguen el dinero para adquirir los nuevos vehículos y después hacerles el alistamiento”, señaló el presidente de Aprotam.
“Me parece que también con esto se remarca la desigualdad con las plataformas, ya que a ellos también se les ha dado 2 años como a los taxis, a pesar de que esos autos no necesitan alistamiento ni tienen las mismas exigencias”, añadió Guerra.
Por último, el titular de Aprotam se refirió a la complejidad económica que afronta el sector. “Para la renovación de unidades no contamos con créditos blandos ni con ningún tipo de subsidio, siendo uno de los rubros más afectados en la pandemia. No queremos que nos regalen nada, pero necesitamos una ayuda financiera. En estas condiciones salimos a pelear con casi 5.000 autos que trabajan de forma clandestina”.
