La Justicia Federal de Alagoas ha ordenado la suspensión inmediata de las actividades turísticas en la Lagoa Azul, ubicada en la Praia de Antunes, en Maragogi, al noreste de Brasil.
Esta decisión surge a raíz de una acción presentada por el Ministerio Público Federal, que cuestionó la legalidad del decreto municipal de 2022 que permitía la explotación turística de la zona, conocida como el “Caribe brasileño” debido a sus aguas cristalinas y paisajes paradisíacos.
El juez André Granja fue el encargado de tomar la decisión, resaltando que las actividades turísticas en la Lagoa Azul no cumplían con las normativas ambientales establecidas para el Área de Protección Ambiental (APA) Costa dos Corais.
En su fallo, Granja advirtió que “el uso indebido de áreas protegidas representa un riesgo significativo para el equilibrio ecológico, la biodiversidad y la calidad de los recursos naturales, afectando directamente la salud y el bienestar de las comunidades humanas”.
El turismo en la Lagoa Azul ha generado una fuerte preocupación por los daños al medio ambiente, especialmente en los corales de la zona. El decreto municipal, que permitía la operación de hasta tres catamaranes y 40 lanchas diarias, así como servicios comerciales como buceo y fotografía, fue aprobado sin consultar al Instituto de Conservación de la Biodiversidad ni realizar estudios ambientales previos.
Sin embargo, el fallo subraya que el anclaje de embarcaciones, la contaminación y la alteración de la fauna están causando daños irreversibles a los corales, comprometiendo su salud y capacidad de recuperación.
Como resultado, el juez anuló el decreto municipal n.º 046/2022 y prohibió todas las actividades turísticas que sean incompatibles con el plan de manejo de la APA Costa dos Corais, lo que incluye las visitas a la Lagoa Azul. Además, la decisión establece varias medidas para garantizar la protección del área:
- Revocación de los permisos para actividades turísticas en la zona.
- Refuerzo de la fiscalización por parte de los organismos competentes durante los próximos tres meses.
- Campañas de concientización para informar a la población sobre la suspensión de las actividades, con sanciones y multas diarias en caso de incumplimiento.
