En los hospitales públicos de la provincia siguen postergando cirugías programadas en el marco del conflicto con los anestesiólogos. De este modo se acumulan intervenciones en espera, que la semana pasada sumaban unas 5 mil, lo que agrava la situación ya que normalizar los servicios demandará más tiempo.
La expectativa, por lo pronto, está puesta en la decisión que tomen los 68 médicos que presentaron la renuncia a los efectores públicos las últimas semanas. Es que el gobierno de la provincia los instó a reincorporarse ayer y amenaza con aplicar sanciones en caso de incumplimiento, tal cual estipula la ley de emergencia en anestesiología sancionada el martes pasado.
Notificados
Ayer temprano el gobierno de la provincia envió notificaciones a los anestesistas que renunciaron para que se reincorporen a prestar servicios en los efectores públicos donde se desempeñaban. Se trata de los 68 médicos que tomaron esta decisión en el marco del conflicto que mantienen con el Estado por cuestiones salariales y de condiciones de trabajo.
Es el segundo paso que se toma tras aprobarse el martes pasado la Emergencia en Anestesiología en Mendoza. El primero fue una reunión mantenida el viernes por la mañana entre funcionarios y referentes de la Asociación Mendocina de Anestesiología y de autoconvocados para tratar de acercar posiciones.
Así, tras la solicitud, se aguarda su respuesta para tratar de recuperar la normalidad en las actividades quirúrgicas del sector público de la salud.
En caso de que no haya una respuesta positiva se contemplan sanciones estipuladas en la norma aprobada en un tratamiento exprés en la Legislatura. El texto establece en su artículo 3 que las renuncias de los anestesiólogos “se harán efectivas una vez notificada su aceptación o transcurrido el plazo de 120 días corridos de presentada la misma”. Se aclara que durante ese período, el profesional que haya presentado su renuncia, deberá cumplir con las exigencias y necesidades de su servicio y/o funciones profesionales. Señala además que en caso de incumplimiento, será de aplicación la sanción de suspensión en el ejercicio profesional de 1 mes a 5 años.
Según los resultados de este llamado, de ser necesario desde el Ministerio de Salud se procederá a abrir una convocatoria a otros profesionales para cubrir la demanda.
En el artículo 4 de la flamante ley se expresa que se podrá convocar a ex residentes y/o ex jefes de residentes de anestesiología egresados del Sistema Provincial de Residencias y/o a profesionales anestesiólogos que hayan prestado servicios en el Estado en los últimos 5 años, “con el fin que presten servicios, incluidas las guardias, tanto de semana como de fines de semanas y/o feriados”.
Respuesta incierta
Los resultados de la avanzada oficial son inciertos y suman otro capítulo a un conflicto verdaderamente complejo que tiene a los pacientes de rehenes.
Desde la Asociación Mendocina de Anestesiología dijeron que ellos no tienen intervención en la respuesta que puedan tener los médicos que renunciaron ante la convocatoria. Cristian Morsu, referente de la entidad, explicó que quienes tomaron esta medida son autoconvocados, y serán ellos quienes resuelvan cómo continuar. Asimismo dijo que la organización no tiene injerencia en los hospitales públicos.
En tanto, desde los autoconvocados, señalaron que así como la renuncia fue una decisión individual, adherir a la exigencia también lo es por lo que quedará a criterio de cada médico. De todas formas consideran que se trata de una imposición sin que se haya resuelto el problema que ocasionó la medida. Advierten que se los está obligando a volver a trabajar a un entorno y condiciones que no querían sostener pero que no se discute mejorarlas ni atender a sus reclamos.
Arturo Salasa, referente del grupo, dijo que en todo momento han querido dialogar y que, hasta ayer al mediodía aún no habían recibido una notificación para su reincorporación.
“Insistimos en que esto se resuelve dialogando, no con una ley que nos fuerce a volver a trabajar en condiciones que tenemos descontento de tener”, remarcó.
Para ellos la reunión del viernes fue productiva en términos de fijar una base sobre la cual comenzar a dialogar y desmitificar ciertos prejuicios.
“La postura del gobierno fue vuelvan de manera voluntaria o les aplicamos el rigor de la ley, entonces yo vuelvo a mi organización sin un cambio estructural y sin hablar de una instancia salarial porque ellos (las autoridades del ministerio) definieron que no se iba a hablar de este punto en esa mesa de diálogo”, comentó el profesional.
Explicó que el ministerio sostiene que ese tema lo arreglarán en paritarias con el sindicato pero dijo que ellos no estarán incluidos en esa negociación ya que están por fuera debido a que son contratados y dependen de la voluntad de que se haga por decreto.
“Nosotros cumplimos con lo que se acordó en esa mesa que es transmitirle a cada profesional la información y dejamos claro que ahora es una decisión personal de cada uno de los trabajadores qué es lo que quiere hacer: si volver voluntariamente, si esperar que lo convoquen o si una vez convocado va a defenderse constitucionalmente cada uno por su cuenta”. Y agregó: “Está involucrada la matrícula y la libertad de las personas, nos parece un error decir que vamos a tomar una decisión colectiva cuando hay un compromiso individual”.
“Es complejo, doloroso y muy angustiante para nosotros porque no hay una solución feliz si no llegamos a un acuerdo (...) yo he estudiado más de 16 años para estar en la posición profesional en la que estoy y correría riesgo de perder la matrícula”, expresó. Por otra parte hizo referencia a que no ven una reacción de gestión para resolver sus reclamos: “Si me citan ¿en qué condiciones mentales voy a trabajar si me están forzando? Yo no me quiero vincular más con el Estado en esta situación, no quiero volver porque siento que me trata mal”.
Y concluyó: “Es lastimoso para nosotros y ni hablar de los pacientes, estamos viendo esa lista y como crece y el que creemos que es el responsable, el Estado, no lo está resolviendo”.
Un detalle: de acuerdo al Gobierno, el pedido de los anestesistas era 65.000 pesos por cada guardia; así cuatro guardias al mes llevaban el salario a 260 mil pesos por cuatro días de trabajo en el Estado; no se computa lo que cada profesional haga en el sector privado.
Hospitales
Con particularidades, en efectores públicos que se han visto afectados, la situación es la misma desde hace semanas: donde se perdió personal no se ha incorporado y las cirugías siguen postergándose. En el Ministerio de Salud aceptan que las demoras en la concreción de las intervenciones persiste y no hay demasiados cambios.
En el hospital Central están dando respuesta como se puede con los médicos de planta que siguen trabajando y haciendo su mejor esfuerzo, pero la lista de espera ronda las 800 cirugías. Allí renunciaron todos los prestadores (contratados).
En el Perrupato de San Martín no se vieron afectados por renuncias de contratados, aunque tuvieron cirugías suspendidas en algún momento y de a poco se van recuperando.
Desde la dirección del hospital Lagomaggiore se informó que las cirugías programadas se están realizando. En ese nosocomio hubo reclamos hace unas semanas sobre pacientes que aguardaban internados desde hacía muchos días a la espera de intervenciones sencillas.
En tanto, cabe aclarar que tras un incidente, las cirugías en el sector privado se realizan con normalidad. Es que la semana pasada, algunos médicos decidieron retirar los servicios para visibilizar el reclamo con el sector público lo que llevó a la suspensión de las cirugías de la jornada, que fueron al menos 48.
