Hay un dato contundente que sirve para poner en contexto lo que sucede en Rosario, donde la pelea entre bandas narco deja desde hace años un gran número de muertos y engendra una violencia urbana inédita en el país. Ese dato es el de la tasa de homicidios: en los primeros ocho meses de 2022, se produjeron 202 asesinatos, lo que representa una tasa de 20,51 muertos cada 100 mil habitantes, según el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe (OSP).
Esa cifra sextuplica la tasa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (tres cada 100 mil habitantes). En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ese índice marca 4,69. Y en la ciudad de Córdoba es de 3,4, según el Ministerio de Seguridad provincial.
Para tener una idea, en Colombia la tasa es 12,6 asesinatos cada 100 mil habitantes; y en Medellín, 7,4.
El 10 de octubre pasado, apareció un cartel en la fachada del canal Telefe Rosario con la leyenda “Vamos a matar periodistas” y “Con la mafia no se jode”, entre otras amenazas.
El hecho fue un nuevo capítulo del clima que se vive desde hace años. El que tiene que ver con la profesión periodística es apenas uno de ellos. “Estamos en un momento en el que parecen agravarse estas situaciones de violencia extrema en Rosario… vivimos una situación extremadamente difícil. Trabajadores de prensa están muy preocupados y angustiados por la forma en que tienen que desarrollar su tarea. Hay barrios y sectores en donde ya no se puede ingresar”, dice Alicia Simeoni, secretaria adjunta del Sindicato de Prensa de Rosario.
Y remarca una realidad inocultable: “Es difícil que los periodistas podamos tener condiciones distintas a las de la gente de una ciudad que padece y vive esta situación todos los días”.
La función del Estado
“Hay un 12% o un 13% de territorios con alta violencia. Por eso, llevamos adelante la ‘estrategia de pacificación de Rosario’, en coordinación con fuerzas federales de seguridad en tres anillos en los que dividimos la ciudad. Las intervenciones se producen por capas, con participación de todos los ministerios. Es un abordaje integral con todas las agencias del Estado. La intervención policial es preventiva y de investigación”, señala Edgardo Glavinich, subsecretario de Seguridad Pública de Santa Fe.
El funcionario señala que la violencia se focaliza sólo en esas zonas. Y que el resto de la ciudad no llega a sufrir las consecuencias. Desde otros sectores, apuntan que no están tan seguros de que sea así.
“El Estado se retiró de los barrios. No hay respuesta inmediata ni prevención. Estuve en la función pública, en Niñez, y renuncié”, dice Alejandra Fedele, dirigente del Movimiento Evita en Rosario, una red de más de 70 comedores, muchos de los cuales debieron cerrar por no poder garantizar la seguridad de los niños que concurrían.
¿Abordaje integral?
Enrique Font, investigador y profesor titular de la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), critica el enfoque oficial, al que ve muy concentrado en la cuestión de la seguridad.
“El abordaje integral es una mentira. Las políticas de inclusión ayudan, pero lo que se puede hacer es apenas paliar las consecuencias de lo que no sucede en la economía. Si no hay empleo ni inclusión social, a eso no lo puede hacer el Estado provincial. Una política de inclusión social (abordaje multiagencial de la violencia letal) implica mejorar los barrios, la escuela, identificar a los pibes que andan a los tiros, buscarlos, generar dispositivos de trabajo con ellos. Y hay que abordarlos con la identidad que ellos manejan”, señala el especialista.
Al respecto, Font explica que “desde 2008 la vimos venir. Otros miraron para otro lado. Se consolidó una violencia lateral, con pibes de sectores que usan una violencia muy identitaria, que se mezcla con la vinculada al mercado local de drogas”.
Y agrega: “En Rosario, las bandas que se hicieron cargo de ese negocio venían de cometer otros delitos. Su sello era la violencia identitaria. Por eso, cada vez que caen, en los allanamientos se ven imágenes de composiciones artísticas, con fotos de Tony Montana (Al Pacino en Scarface). Son terceras generaciones de estas bandas que incluso comparten en redes sus arsenales de armas no frecuentes. Muestran fierros que ‘prestigian’. Eso no es instrumental en términos de negocio narco, que busca no llamar la atención. Pero acá la marca tiene que ver con esas bandas”.
Cómo se llegó a esto
¿Cómo se llegó a esta situación en Rosario? Font aporta tres claves para entender la evolución de esta realidad y la particularidad de las bandas que actúan en Rosario:
- “La administración de justicia del viejo sistema de procesamiento tenía un nivel de impunidad gigante para los homicidios. Con la UNR, hicimos una investigación en 2013 sobre eso en dos barrios. Relevamos los homicidios. Sabíamos que había falencias, pero no tantas: sólo 22% de esos homicidios (en los que se sabía quién mató a quién) tenían condenas. Como si el resto hubiera sido un asunto privado, entre bandas. El Estado no lo abordaba correctamente. Cuando cambia ese sistema y desaparecen los jueces de instrucción, se empieza a esclarecer el 60% de los homicidios. En Argentina esa tasa ronda el 80%-90%. Eso explica en parte por qué convive la violencia con un negocio que requiere, justamente, que no haya conflicto”.
- “Tiene que ver con la Justicia federal. En 2013, en otro relevamiento mostramos que las investigaciones estaban muy mal hechas en las causas potencialmente vinculadas a organizaciones. Una misma fiscalía investigaba a una organización en cuatro causas distintas, sin unificar. Había una actitud burocrática escandalosa. Sin liderazgo de fiscales ni jueces. Difícilmente esas causas avanzaban. Luego un fiscal empezó a trabajar, y algo cambió. Llevó preso al jefe de Policía y avanzó en buscar los nexos con la política. Hasta que lo echaron”.
- “A partir de la segunda mitad del gobierno de Hermes Binner (2007-2009), se encararon reformas en la Policía provincial. La corrupción policial continuó, pero perdió efectividad para regular la violencia. Apareció el cuentapropismo policial: agentes que operaban para una banda y contra otras bandas. Muchos de esos policías están imputados en las causas más grandes. Eso complejizó mucho la situación”.
Percepción y realidad
Para el subsecretario de Seguridad de Santa Fe, “existen delitos, pero no en una magnitud que resulte una amenaza constante para los ciudadanos. Hay una alta percepción de violencia y de miedo en la sociedad. Claro que nada es desmedido cuando se pierde la vida de personas. Pero la evidencia concreta nos habla de que hay otros lugares que tienen índices similares de violencia en diferentes territorios”.
Glavinich agrega que hay una “imagen de la Rosario violenta, exacerbada por el tipo de violencia (narco), pero esto no hace que Rosario esté violentada en todo su territorio. Incluso es un lugar de turismo receptivo y los turistas quedan contentos”.
En relación con las últimas acciones oficiales, destaca: “Incrementamos los secuestros de armas de fuego y la cantidad de allanamientos. En 15 días, hicimos 100 allanamientos en conjunto, y esas acciones se mantienen continuamente. Coordinamos reuniones con comerciantes, supermercadistas y otros sectores para bajar los niveles de hechos y de percepción de poder ser posibles víctimas”.
A partir de la amenaza a periodistas, el funcionario señala que “rápidamente se tomaron medidas de protección a canales, a radios y a otros medios. El ministro inmediatamente dispuso la creación de un cuerpo que brindará protección a movileros en las zonas más calientes”.
Simeoni, del sindicato de prensa, contó el delicado momento de los periodistas que cubren estos temas: “Estamos actualizando un informe con situaciones de violencia. Pero nunca vimos un grado de amenaza colectiva como el actual. Se buscan otras maneras de cubrir la información, apelando a formas más colectivas. Hay que ser muy cuidadosos con las fuentes. Exige mucho conocimiento de los territorios, del contexto, de cómo moverse en la ciudad. Y guardar sumo cuidado de no estigmatizar a personas por portar un apellido o vivir en ciertos barrios. Hay que apelar a la mayor rigurosidad”.
En relación con la situación en los comercios, el titular de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, no es tan alarmista: “El comercio en general transita esta situación con cierta normalidad. Con aquellos que han sido amenazados o extorsionados, colaboramos para que se haga la denuncia. Los responsables suelen ser de alguna organización delictiva desde la cárcel o delincuentes menores que tratan de aprovechar la situación. En líneas generales, la violencia está recluida entre la gente que deambula y negocia con droga, aunque la situación excedió la pelea entre bandas y ha caído gente que estaba cerca, o bien por confusión, y eso causa mayor temor”.
Para Diab, “en líneas generales se sigue con la vida normal. Rosario es una ciudad de eventos, con gente de todo el país. No podemos decir que la ciudad esté paralizada”.
Lo que viene
“El narcotráfico es una amenaza internacional. Cada sustancia en manos de un joven es producida en otro punto de la región. Son organizaciones transnacionales que encontraron en Rosario un punto logístico (por el puerto) de alto interés”, dice Glavinich.
Y sostiene que la situación “nos tiene que llevar a todos a la reflexión: los mercados ilícitos necesitan un abordaje integral que no sólo va con el uso de la fuerza. Hay que buscar el origen. Hay que rever qué políticas públicas fracasaron en la niñez para que un chico de 16 años llegue a ser parte de un mercado ilícito y pierda su vida”, finaliza el funcionario.
Enrique Font es pesimista: “Las condiciones que crearon una tormenta perfecta no se alteraron. Desarmarla requiere mucho más que hacer aquello que no se hizo. No veo condiciones de transformación. La violencia letal se mantendrá amesetada, en el mejor de los casos. Y se amplifica el problema dentro de los penales. Corremos el riesgo de que en cuatro o en cinco años haya en la calle bandas más duras y más consolidadas por la experiencia de la carcelización”.
Mientras tanto, según el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, la mayoría de las 202 personas asesinadas en lo que va de 2022 tenían entre 25 y 29 años. Y 21 eran menores de 18 años, una cantidad que ya supera el total de todo 2021.
Hasta tres bebés de un año fueron asesinados (dos de ellos murieron junto con sus padres). Un círculo violento difícil de comprender.
