El balance respecto de problemáticas, agenda y abordaje de cuestiones de género da definitivamente negativo en 2024. La incursión de una nueva perspectiva en relación al tema y el avance de nuevos discursos que cuestionan la mirada imperante hasta 2023, han dado pie a nuevas narrativas y cambios de estrategia.
Como corolario, quiénes trabajan en organismos vinculados a cuestiones de género advierten que definitivamente 2024 fue un año de retrocesos y pérdidas.
Quizás lo más emblemático es la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación a partir de la nueva gestión mileista a nivel nacional.
Con ello, los espacios vinculados a la asistencia, protección y acompañamiento de mujeres en situaciones de violencia y de la diversidad se diluyeron en otros espacios que, además, le restaron peso a la cuestión de género para poner más un enfoque en la familia. Con esto se vuelve a una mirada que parecía superada y que ata más las cuestiones de violencia contra las mujeres a algo de la esfera privada y menos de incumbencia pública.
En ese marco, se desarticularon espacios, se eliminaron programas y se quitó personal de las áreas de asistencia.
Más violencia
Se da en un contexto de mayor vulnerabilidad económica en general, con un aumento de la pobreza en general que, se sabe, afecta particularmente a las mujeres, expresado en el fenómeno de feminización de la pobreza. Ellas son las que más acceden a trabajos informales y peor remuneración. En las áreas de género de la provincia, tanto del gobierno central como municipales, advierten que por la realidad económica, llegan situaciones de violencia de género cada vez más críticas. Hasta fines de agosto se habían atendido 2.420 nuevas situaciones en la provincia. Una publicación de Los Andes advertía que en la Dirección de Género se vieron empujados a reforzar el abordaje en territorio y la provincia suplió como pudo la retirada del gobierno nacional. Aseguran que hay más tentativas de femicidio y abusos. Parte del problema es que las personas afectadas demoran más en llegar a pedir ayuda por la dependencia económica o porque no tienen cómo solventar el traslado.
Ni Una Menos informó que en 2024, hasta el 30 de diciembre, hubo 267 femicidios en el país, 1 cada 33 horas. En tanto, en diciembre fueron 33, 1 cada 22 horas. Hubo 28 niñas y adolescentes asesinadas en 2024, 319 intentos de femicidios directos y vinculados, 19% de las víctimas había realizado al menos una denuncia y quedaron huérfanos 267 niños.
Además hubo 12 femicidios en contexto de narco criminalidad. “Mujeres, personas trans y travestis que en un contexto de crisis son parte de los eslabones más bajos de las economías ilegales, terminan criminalizadas o asesinadas. Vemos con preocupación que estos casos se están expandiendo en todo el país y no son visibilizados en los medios”, advierte la organización.
“Durante el 2024 observamos una baja en la cobertura mediática de femicidios, lo que produce un subregistro de los casos. Al cierre de Télam, les siguieron la persecución a periodistas, la eliminación de la figura de editoras de género. Todo ello ha contribuido a invisibilizar la problemática de la violencia de género”, observan.
Desde el sector también advierten que el gobierno nacional informó una baja de 10% en los casos pero cuando aún no se habían cerrado los registros del año.
Cambio de perspectiva
“En términos generales, en el 2024 en Argentina lo que se ha visto es una retracción de la agenda de género”, aseguró Romina Zapata, licenciada en Comunicación Social, especialista en temas del Género e integrante de Gentic, una organización que trabaja Género y TIC. “Todo aquello que en lo que se habían logrado ciertos consensos, sobre todo de poder entender por qué es importante atender a la violencia de género como un fenómeno estructural, global, histórico, de repente eso pareciera que no está del todo claro y que volvemos al ABC de tener que explicar por qué el Estado es responsable de atender la violencia sexista y contra las personas del colectivo de la diversidad sexual”, agregó. Además remarcó: “Ese quiebre está posibilitado justamente por los discursos, porque de repente es como que se volvió habilitar poder decir todo aquello que se consideraba políticamente incorrecto”.
Un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) presentado en noviembre apuntaba en el mismo sentido: marcha atrás. “A partir de la nueva gestión de gobierno nacional, bajo el mandato presidencial de Javier Milei iniciado en diciembre del año 2023, observamos que las políticas del Estado Nacional contra la violencia de género han sufrido un severo desguace”, expresa. “Gran parte de la información que se encontraba pública y permitía monitorear los alcances de los programas vigentes ya no está disponible -agrega- Como resultado, la ciudadanía cuenta con poca información accesible, actualizada y pública sobre qué políticas existen actualmente para la prevención, asistencia, protección y acceso a la justicia para mujeres y LGTBIQ+ que atraviesan violencia de género”, refiere.
Así hace referencia a la desjerarquización y precarización de las políticas públicas nacionales en materia de políticas de género, igualdad y diversidad.
Desaparecen programas y otros se diluyen en diversas áreas no identificadas directamente con el tema “género”.
En 6 meses, hasta junio, se redujo la planta de personal del que fuera el ministerio en un 64.5% lo que diezmó la capacidad de implementar políticas públicas para la prevención de la violencia de género, la asistencia a sus víctimas y el fortalecimiento de su acceso a justicia y protección.
“Por primera vez desde la década del 80 del Siglo XX la Argentina se encuentra sin un organismo rector a nivel nacional en materia de promoción y protección de derechos de las mujeres y LGBTI+”, subraya la entidad.
También resaltan que ninguna de las secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales y simples ni coordinaciones aparecen con la denominación específica de “Género”. Es recurrente la mención a las “víctimas de violencia y discriminación, en un marco de asistencia integral familiar. Este paradigma implica un retroceso en relación a estándares alcanzados por la normativa vigente en Argentina, señalan.
Y citan al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona: “Se acabó sólo el género, nosotros vamos por otros valores, nuestro valor es la familia. La familia es el centro de la sociedad y la educación (...) Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología. Son inventos subjetivos”.
La motosierra
En este marco, se redujeron muchas áreas de asistencia. Se ha mencionado el desmantelamiento de la línea 144, que tomaba denuncias y asistía a víctimas de violencia de género. Se redujeron las personas que trabajan allí y por ende es difícil tener respuesta.
Belén Bobba, directora de Género de Mendoza, la incluyó entre las cuatro áreas que considera que recibieron el mayor revés.
El programa Acompañar también estuvo inactivo gran parte del año y sin dar explicación alguna. Tiene como finalidad fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género a través de apoyo económico y psicosocial. Muchas beneficiarias estuvieron incluso sin cobrar.
Luego, a fines de agosto, se cambiaron y restringieron las condiciones de acceso.
Bobba sumó la desaparición del Registro Nacional de Situaciones de Violencia mientras que el Consejo Federal no se reunió en todo el año. Hasta octubre. Fue la única vez. Las provincias solicitaron información actualizada sobre los distintos programas, pero aún no obtienen respuesta.
Manifestó que hay una aumento de la desinformación y que “el gobierno nacional estaría incumpliendo de alguna manera la ley nacional que es la 26.485, negando la violencia de género”
Más violencia digital
Bobba resumió que además se profundizaron los discursos de odio y de negacionismo con respecto a las violencias por motivos de género.
Zapata afirmó que esos discursos aparecen como habilitados desde las esferas del poder. Desde allí, “no solo se denuncian abiertamente discursos de odio contra las mujeres, contra la diversidad sexual, sino también contra las personas con discapacidad, contra docentes y científicos”, comentó. Dijo que carecen de todo sustento pero la gente las replica y que las conversaciones se dan con agresividad.
Manifestó además un aumento de la violencia de género digital. “El acoso virtual, la manipulación de imágenes con inteligencia artificial para convertirlas en imágenes de desnudez y venderlas o extorsionar, la suplantación de identidad, la difusión no consentida de imágenes y vídeos íntimos, una práctica de violencia psicológica y sexual, entre muchísimas otras modalidades que tiene la violencia digital, que van en incremento”, enumeró.
Explicó que la violencia digital tiene consecuencias exactamente iguales y a veces peores que las de la violencia en el plano analógico, porque se viraliza y no se puede controlar. Tiene efectos sobre la salud mental, entre los que mencionó ataques de pánico, caída en consumos problemáticos hasta casos más graves como intentos de suicidio o su concreción.
