Finalmente, el municipio de Guaymallén, con presencia policial incluida, retiró las rejas que no permitían el libre acceso al barrio Judicial III. Tal como contaba Los Andes a mediados de año, el municipio había emplazado a los vecinos a retirar los elementos que impedían la circulación de cualquier vehículo por el barrio. A cambio, los vecinos solicitaron tiempo para poder volver a proteger sus viviendas en pos de la inseguridad que, según denuncian, hay en la zona.
Recordemos que el conflicto en este barrio comenzó hace hace aproximadamente tres años cuando el municipio manifestó la intención de abrir los barrios cerrados del departamento que habían donado las calles a la municipalidad. En ese momento eran 20 los barrios que debían retirar portones y cierres. Ahora son muchos menos, informaron desde el municipio. Según dijeron los vecinos del Judicial III este barrio, que se formó hace 20 años, nació “cerrado, tratando de proteger las inseguridades de la zona”. Pero esto no fue argumento suficiente para la municipalidad.
Con el paso de los años, otros intendentes del mismo color político que el actual dirigente municipal Marcelino Iglesias (Cambiemos-UCR) también les permitieron mantener el lugar cerrado y lo mismo ocurrió con intendencias justicialistas. El argumento de los vecinos fue siempre el mismo. Ellos sostienen que si bien las calles son públicas, no conducen a ningún lugar y que están cortadas salvo la calle de ingreso que da paso a otros barrios
Inflexibles
La municipalidad respecto de la apertura es inflexible y recordaron que son cada vez menos los barrios en estas condiciones, la comuna no indica cuales porque argumenta que prefiere no estigmatizar o por cuestiones legales. Según aseguran deben abrirlos, entre otros motivos, porque hay carencia de conectividad debido a estas prácticas. Recordemos además que esta acción fue avalada por la Corte Suprema de la provincia algo que prácticamente zanjó la cuestión con los vecinos.
Cintia Brucki, directora de Planificación de Guaymallén, contó que a los vecinos hace un mes y medio se les venció el plazo para retirar las rejas por sus propios medios y a raíz de eso, como no avanzaron con la apertura fue el municipio el encargado de hacerlo. “Estaba la opción de que si no las querían guardar en ningun lado el municipio lo iba a custodiar en un deposito, pero finalmente no hicieron uso de esta opción”, dijo la funcionaria.
Continuando, admitió que se vivió un clima tenso en el momento de retirar los cierres y que por eso tuvo que interceder la policía. “Con el fallo judicial no había instancia para acordar. Durante este tiempo que pasó se les propuso que accedieran a la alarma comunitaria, pero no quisieron ir a las reuniones ni recibir al personal de la dirección de Servicios Comunitarios”, explicó Brucki.
Ahora, admite que la relación con los vecinos será difícil porque entiende que no es agradable para nadie lo que tuvieron que hacer. “Hay que hacer cumplir el fallo de la suprema corte y la libre circulación es algo que se indica en la constitución nacional. El municipio va a tener buena predisposición y prestaremos los servicios como corresponde. Por ejemplo, los camiones recolectores van a poder circular”, indicó.
Situación tensa
Según contaron vecinos del barrio, se generó cierta situación tensa entre los vecinos, el municipio y la policía, que se hizo presente en el lugar para acompañar a los representantes de la comuna. “Hubo cero agresión. Pero sí se hicieron escuchar los reclamos, pero no hubo insultos ni situaciones de violencia. Nos abrieron cuatro cuadras y tendremos que poner un guardia de seguridad más para el barrio. Lo que nos sorprende es que hay barrios cercanos a los que no les abrieron las rejas”, dijo uno de los vecinos angustiado por la situación.
Gustavo Giocchini, presidente de la Unión Vecinal, se mostró bastante desalentado por la situación y entendieron que una vez que se presentó la policía lo único que iban a lograr, interponiéndose a la medida, es terminar en la comisaría. “Presentamos notas para que no se abrieran las calles, usamos algunos instrumentos legales, fuimos a la banca del vecino, peor con el fallo judicial en contra teníamos pocas chances. Ahora el sentimiento es de resignación y tristeza”, dijo.
Giocchini indicó que ahora están reforzando la seguridad del barrio, actualmente tienen un cuidador y cámaras de seguridad, y que están tratando de vislumbrar cómo seguirán con una zona cada vez mas peligrosa y con asentamientos en los alrededores. “Los vecinos de otros barrios nos cuentan que están expuestos. Ojalá cuando tengamos un problema vengan tantos móviles como los que vinieron hoy para abrir el barrio. Pero sabemos que no va a suceder. Para colmo, Guaymallén no tiene preventores. Todos se lavan las manos y le tiran la responsabilidad al ministerio de Seguridad”, comentó el presidente de la UV.
También dijo que escucharon la oferta de la alarma comunitaria, pero indicó que poco sentido tiene su uso si ante una eventualidad nadie responde. “Ellos (el municipio) lograron su objetivo, nos marcaban que violábamos un derecho constitucional de la gente de circular. Pero se apegan a la ley en el caso que les conviene. Insistimos en que abrieran la entrada del barrio del barrio pero nos dijeron que es otro expediente”, aseguró Giocchini.
Por último, el presidente de la UV indicó que poner seguridad para la economía barrial no es posible ya que es un barrio de clase media con muchas personas que se quedaron sin trabajo tras el aislamiento por Covid-19. “Ahora tenemos 5 entradas y una persona por turno para controlar. Por más que haya cámaras de seguridad, nos va a costar mucho mantenerlas. Pero vamos a tener que seguir solos, como siempre. Antes había niños que podían jugar tranqulos en las calles. Eso no va a suceder más”, terminó desalentado.
