La salud pública de Mendoza sigue entrampada en el conflicto por la falta de anestesistas, luego de las renuncias a contrataciones de 68 técnicos.
Los Andes tuvo acceso a información brindada por distintas fuentes vinculadas al sector de la Salud provincial y pudo determinar que en promedio unas 80 cirugías son reprogramadas diariamente en 8 hospitales públicos de la provincia. Esto representa el 50 por ciento. La otra parte es cubierta por personal que pertenece a la planta permanente.
El Gobierno aguarda hasta el fin de semana para que se presenten los especialistas, en el marco de la Ley de Emergencia en Anestesiología y de esa manera cubrir el déficit en los hospitales dependientes del Estado. En algunos casos, como en el Notti, la situación es más grave, porque sólo se estaría usando uno de los siete quirófanos.
Mientras los plazos corren a contrarreloj, los profesionales que por ley fueron notificados a retornar a sus anteriores puestos de trabajo viven horas de angustia y preocupación, según refirieron, porque muchos tomaron nuevos compromisos laborales en el sistema privado y ahora “debemos hacer malabares con la organización de nuestras familias, muchos hasta estaban planificando irse del país. Tuvieron 80 días para convocarnos y solucionar esto y en medio del diálogo nos sacaron esta norma”, dijo el representante de los anestesistas autoconvocados, Arturo Salassa.
El impacto en el sistema
El impacto real es la postergación de la mitad de las cirugías programadas, mientras que las de mayor urgencia son asistidas por los anestesistas de la planta de los hospitales.
Según datos extraoficiales y en base a lo relevado por anestesistas autoconvocados, uno de los centros asistenciales más afectados en el hospital Humberto Notti con la baja de 18 prestadores, mientras que otro de los nosocomios afectados es el Lagomaggiore con 17 prestadores que ya no prestan funciones.
La expectativa del Ministerio de Salud está puesta en el viernes, cuando expire el plazo para que se presenten los anestesistas contratados y en 120 días repongan el personal, con reemplazos que serán capacitados para tal efecto.
Sobre la vuelta a los quirófanos de los hospitales públicos, Salassa dijo que no hay una decisión corporativa y que cada profesional tomará una determinación de manera individual. Sin embargo, insistió: “Hay mucho malestar y bronca. Lamentablemente los que se llevan la peor parte de esto son los pacientes rehenes de este sistema y nosotros que lo que estamos pidiendo es una recomposición salarial”.
Por último, subrayó: “No sabemos en qué condiciones el gobierno nos va a convocar, el gobierno ya nos desorganizó la vida y ahora nos la va a volver a desorganizar, en qué hospitales, en qué horarios, con qué garantías. A nadie le dice nada, ni a los medios ni a nadie. El gobierno está proponiendo un clima de constante incertidumbre. En la pandemia nos aplaudían y ahora no sólo seguimos precarizados, sino también demonizados”.
Este medio trató de contactarse con la Asociación Mendocina de Anestesiología para conocer su posición sobre el regreso de los profesionales y no obtuvo respuesta.
En concreto son 5.000 las operaciones que están demoradas y a la espera de poder realizarse por el conflicto con los prestadores.
Fuentes del Ministerio de Salud indicaron que se va a aguardar hasta el viernes que vence el tiempo de la convocatoria para establecer con qué profesionales se contará y de esa manera se aplicarán las sanciones previstas en la Ley de Anestesiología, votada en una sesión maratónica la semana pasada.
Mientras tanto, la mesa de diálogo se realizará el próximo 3 de junio.
Las sanciones
Lo que ocurra el fin de semana tiene un final abierto para el Gobierno, que esperará hasta último momento para dar aplicación a las sanciones que establece la ley como la suspensión en el ejercicio profesional de 1 mes a 5 años.
A la par la cartera sanitaria a cargo de Ana María Nadal busca reincorporar a los profesionales que se retiraron y que cuenten con una matrícula vigente, como también capacitar a los residentes para incorporarlos a esta especialidad.
“La idea del oficialismo es no llegar a ningún extremo y que se resuelva este problema. No tenemos el ánimo de que haya una penalidad, el objetivo es que los anestesistas trabajen de forma cómoda. Creemos que todo va a funcionar y esa es la voluntad de todas las partes en la mesa de diálogo”, aseguró la senadora Natacha Eisenchlas, miembro del espacio de concertación por la Ley de Emergencia en Anestesiología.
