La obra en el edificio de Mitre 278 contempla una renovación integral, ampliación y la incorporación de una sede del Ministerio Público de la Defensa. Los trabajos demandarán unos ocho meses y se analiza cómo garantizar la atención durante ese período.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza avanza con el proyecto de remodelación y ampliación del edificio donde funcionan los Juzgados de Gestión Asociada de Familia de Maipú, ubicado en Mitre 278. La obra demandará una inversión superior a los $1.158 millones y tendrá un plazo estimado de ejecución de ocho meses.
El proyecto contempla una intervención completa del inmueble, tanto en sus espacios interiores como exteriores, además de la incorporación de una sede del Ministerio Público de la Defensa.
Los trabajos previstos no estarán limitados a una renovación estética. Se realizará una intervención estructural integral, que incluirá la renovación de las instalaciones y servicios esenciales del edificio, además de modificaciones en su fachada y la construcción de nuevos espacios.
El objetivo es adaptar el inmueble a las actuales necesidades de los juzgados y generar espacios más adecuados tanto para los trabajadores judiciales como para las personas que concurren diariamente a realizar trámites o participar de procesos judiciales.
En ese marco, este miércoles el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay Cueli, visitó las dependencias acompañado por responsables del área de Proyectos Técnicos. Durante el encuentro, presentó los planos y detalles de la obra ante magistrados, funcionarios y empleados, y explicó las alternativas que se analizan para garantizar el funcionamiento de los juzgados mientras duren los trabajos.
"Este es un edificio que compró el Poder Judicial hace tiempo, destinado al Juzgado de Familia, un servicio de gran capilaridad social y al que cada día asiste mucha gente", explicó Garay Cueli.
Además, explicó que la Suprema Corte acordó con el Ministerio Público de la Defensa que el inmueble también albergue dependencias de ese organismo. "El sistema de Familia funciona con los asesores, codefensores y tribunales, por lo que tiene mucho sentido adaptar el criterio de trabajo", sostuvo.
La ejecución de la obra obligará a desalojar temporalmente el edificio de calle Mitre. Frente a esta situación, la Suprema Corte analiza dos alternativas para garantizar la continuidad del servicio durante los aproximadamente ocho meses que durarían los trabajos.
Una posibilidad es alquilar un inmueble dentro de Maipú para trasladar provisoriamente las dependencias. La otra alternativa consiste en llevarlas temporalmente al Palacio de Justicia, ubicado en España 488 de Ciudad.
La decisión será tomada en función de las condiciones necesarias para garantizar el normal funcionamiento de los juzgados y la atención de las personas que utilizan el servicio de Justicia de Familia.
La remodelación de los juzgados de Maipú forma parte de una política de la Suprema Corte orientada a modernizar la infraestructura judicial y adaptar los espacios a las nuevas modalidades de trabajo y litigación.
Garay Cueli explicó que la Justicia está incorporando una nueva visión sobre la infraestructura, en línea con los cambios que experimentó la administración judicial durante los últimos años.
En ese sentido, mencionó las intervenciones realizadas en las mesas de entrada del fuero Civil, donde la utilización presencial disminuyó a partir de la incorporación de herramientas virtuales para los profesionales.
También señaló que se analizan nuevas alternativas edilicias para el Fuero Penal Juvenil, teniendo en cuenta las reformas que atraviesa ese sistema. Entre las posibilidades figura la refuncionalización de un edificio de la Justicia ubicado en calle Chile de Ciudad.
A su vez, destacó el avance de las obras del Centro Cívico de Tunuyán, que ya alcanzaron aproximadamente el 85% de ejecución y serán una intervención estratégica para la prestación del servicio de Justicia en la Cuarta Circunscripción Judicial.
La renovación y ampliación del edificio de Mitre 278 se suma así a este plan de actualización de la infraestructura judicial, con el objetivo de generar espacios más adecuados para quienes trabajan en el sistema y para los ciudadanos que necesitan acceder a la Justicia.
