Si la ley se cumple tal como se espera, si por fin en nuestro país casos como el que sufrió el pequeño Lucio Dupuy sirven al menos como ejemplo (horroroso) de lo que no debe suceder, se habrá dado un gran paso. El pasado 3 de mayo, se promulgó la Ley Lucio (27.709), que tiene como finalidad prevenir y detectar de manera temprana situaciones de vulneración de los derechos de los niños y adolescentes. La ley, aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación el 13 de abril, es de carácter continuo, actualizable y obligatorio, y alcanza a las personas que trabajan en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que forman parte del Sistema Integral de Promoción y Protección de la infancia.
Una de las primeras medidas que se deben tomar es la creación del Plan Federal de Capacitación en derechos de niños y adolescentes, en un plazo máximo de seis meses a partir de la publicación en el Boletín Oficial. También se deberán llevar a cabo campañas de concienciación sobre la importancia de respetar el buen trato a hijos, alumnos y niños, de cualquier sexo. Docentes, médicos y trabajadores sociales deberán conocer los derechos de la infancia y denunciar si los chicos son abusados o maltratados. Asimismo, las profesionales de la salud y las maestras estarán protegidas si corren riesgos o son amenazadas por denunciar la violencia ejercida contra un menor.
La ley se llama “Lucio” en homenaje al niño de cinco años que fue asesinado en La Pampa por su madre y su pareja (otra mujer) en noviembre de 2021. El caso impactó como un alerta del maltrato familiar frente al que las escuelas, los clubes, los vecinos, el sistema de salud y la justicia no pueden mirar para otro lado.
La norma exige el respeto de la Convención por los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución, en el artículo 75 inciso 22; impone generar condiciones de convivencia con vínculos de afecto y respeto; se establece que se deben hacer campañas de buen trato en la vida cotidiana; se alienta a promover espacios para que los niños y adolescentes sean escuchados en todos los procesos administrativos y judiciales; se propone que las infancias y adolescencias puedan incidir en el diseño de políticas públicas que afecten sus intereses y derechos y se debe propiciar la “perspectiva de género y diversidades”, conforme a los marcos normativos vigentes.
La ley busca una respuesta preventiva ante el maltrato de menores, promoviendo sus derechos y exigiendo que se pongan en práctica las normas ya vigentes para protegerlos.
En octubre deberían estar ya listos los contenidos de la norma para que, antes de fin de este 2023 se inicien las capacitaciones dentro del Estado, de forma obligatoria y, en clubes y entidades culturales, de forma optativa. Los contenidos de las capacitaciones deben ser creados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, conjuntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).
Vale decir que, igualmente, la ley Lucio no está exente de aspectos polémicos, dado que las victimarias del niño se ampararon, según la opinión de muchos, en normas relacionados con la perspectiva de género. De hecho, una de las acusaciones que se hizo a la Magdalena Espósito Valenti (madre del chico) y Abigaíl Páez (su pareja) es que maltrataron y mataron a Lucio por ser varón. Sin embargo, en uno de los artículos de la ley, se lee: “Propiciar la perspectiva de género”.
De cualquier manera, esa perspectiva está implícita en otras normas vigentes, y es por eso que la ley Lucio las sigue.
En Mendoza, la senadora provincial radical Claudia Najul presentó un proyecto para que Mendoza adhiera a la ley Lucio promulgada nacionalmente.
