Luego del ataque a Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, defendió la Ley contra el Odio que se aplica en su país en medios y opositores a su administración. Cabe destacar que, tras el hecho ocurrido en Recoleta el jueves de la semana pasada, el kirchnerismo avalúa la posibilidad de la norma parecida.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, conformada exclusivamente por miembros oficialistas en noviembre de 2017.
Según la página de la Asamblea Nacional de Venezuela, esta norma tiene como objetivo “generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia”.
En su artículo 20 sostiene que quien fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia públicamente será sancionado con prisión de 10 a 20 años.
También indica que la persona que difunda un “mensaje de odio” en las redes sociales deberá eliminarlo dentro de las seis horas siguientes a su publicación, o de lo contrario deberá pagar una multa que va desde 50.000 a 100.000 unidades tributarias.
Dicha norma declara a Venezuela como un “territorio de paz, contrario a la guerra y la violencia en todas sus formas”. Establece que el Estado podrá ordenarle a los medios por suscripción y medios impresos, la difusión de mensajes dirigidos a la “promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad”.
También prohíbe la constitución de movimientos y organizaciones sociales que incumplan con lo establecido en su contenido. Y el artículo 11 ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) revocar la inscripción de las organizaciones políticas que promueven “el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza”.
Críticas a la Ley contra el Odio
Debido a su importante carácter restrictivo, la Ley contra el Odio ha tenido fuertes críticas. Sus detractores aseguran que está diseñada para penalizar la disidencia política al tipificarla como delito y que promueve la censura.
El abogado constitucionalista, Juan Manuel Raffalli, explicó a la Voz de América que la ley tuvo una intención de “amedrentar” debido al contexto político en el que surgió. Rafalli señaló que ante la imposibilidad de poderla aplicar “de una manera masiva”, se aplica de manera selectiva porque en ninguna parte de la ley establece qué es una manifestación de odio o quién determina que en efecto lo es.
“Si tú tienes un mensaje (…) ¿quién al final determina que se esté incitando al odio o la intolerancia, o la discriminación?”, señaló el constitucionalista. “Bueno, al final, esto es determinado de manera discrecional por la autoridad administrativa, pero fundamental, por los fiscales y los jueces”.
“Son altísimas sanciones penales, con una ley muy discrecional, que afortunadamente, por el tema de la tecnología, no se ha podido aplicar masivamente, pero vemos que ahora se está utilizando selectivamente en aquellos casos en el que hay gente emitiendo mensajes que pueden ser incómodos para el régimen”, explicó en una entrevista realizada en 2020.
Los primeros procesados por la Ley contra el Odio
Aunque la Ley contra el Odio data de noviembre del 2017, los primeros detenidos en el marco de esta norma fueron el 8 de enero de 2019 en el estado de Carabobo. Ronald Cevilla Güemes (25) y Érika Palacios Alfonso (44) fueron detenidos durante una protesta vecinal en Naguanagua.
Según informó el medio local Efecto Cocuyo, se les atribuyó el delito de instigación al odio, obstaculización de la vía pública, instigación pública y detentación de sustancias incendiarias. Desde entonces, decenas de civiles y activistas han sido detenidos y medios de comunicación multados o censurados por criticar al régimen de Maduro
