El proyecto presentado por el Gobierno nacional para agilizar los trámites de divorcio genera expectativas y controversias. Es que según anticipa, permitiría hacer efectiva la disolución del matrimonio con mayor celeridad, a menor costo y sin abogados.
Se trata de un proyecto de ley que apunta a implementar el divorcio simplificado cuando haya acuerdo entre las partes, es decir, de mutuo acuerdo. De aprobarse, bastará presentarse en el Registro Civil.
Sin embargo, no todo es color de rosa. Para el Colegio de Abogados de Mendoza “es inaplicable”. Su presidente, el doctor Sergio Molina, lo aseguró de manera tajante y apuntó que es lo mismo que aducen otras entidades a nivel nacional.
“Sería prácticamente inaplicable esto, lo sostengo yo, lo sostiene la Federación Argentina de Colegios de Abogados, lo sostiene la Federación de Colegios de Abogados de Mendoza, lo sostienen todos; crea una inseguridad jurídica que va totalmente en perjuicio de quienes tienen que enfrentar una situación de divorcio. El divorcio tiene miles de consecuencias que a veces son inimaginables”, resaltó.
Cuánto demora un divorcio
El letrado advirtió que por un lado, si hay acuerdo, en las condiciones actuales un divorcio no demora más de 30 días, y como mucho. Incluso destacó que recientemente tuvo uno salió en 7 días hábiles. Agregó que esto no cambia demasiado ya sea que se haga con abogados oficiales o se pague uno particular porque por la normativa vigente el juez tiene la obligación de sacarlo cuanto antes. De todas formas reconoció que quizás los abogados oficiales están más sobrecargados de trabajo y eso implique alguna dilación. Pero aclaró que lo que demora el proceso son todos los conflictos en torno, como la división de bienes o la resolución de cuestiones vinculadas a los hijos. Pero sobre todo, consideró que es inaplicable porque los casos que se dan de común acuerdo y sin conflicto son muy escasos.
“El divorcio, cuando se inicia un trámite judicial para pedir un divorcio, no solo contempla el pedido de divorcio en sí mismo, sino que la ley te exige que vos des solución a las situaciones que son consecuencia del divorcio. Por ejemplo, adjudicación del hogar conyugal, qué hacer con los hijos, lo que conocíamos como régimen de visitas y cuota alimentaria, y qué hacer con los bienes que son de la comunidad del matrimonio. Entonces, el divorcio en sí mismo, generalmente va acompañado de estas cuestiones, que si respecto de estas cuestiones hay, un acuerdo entre las partes, no hay conflicto, el trámite de divorcio es verdaderamente muy corto”, detalló.
Pero remarcó que los casos en los que no hay conflicto son escasísimos. “En 36 años de profesión que llevo me tocó un solo caso así, generalmente la situación es muy distinta (...) Si es por el divorcio mismo, el divorcio está totalmente lejos de lo que puede llevar el resto del conflicto. Y eso la gente no lo sabe, dicen los divorcios duran dos o tres años, lo que dura dos o tres años es el conflicto de los bienes, el conflicto de los hijos, el conflicto de que la madre no lo deja visitar al padre o que el padre se lo lleva y en vez de traerlo el domingo lo trajo el martes, esos conflictos son los que duran años. El divorcio, el juez está obligado a dictarlo”, apuntó en relación a que hoy, si hubiera conflictos, resuelve el divorcio y el resto queda para más adelante. Pero además advirtió otro aspecto: podrían perderse derechos y generaría inseguridad jurídica (ver debajo).
Cómo es el proyecto para un divorcio rápido
El proyecto del Poder Ejecutivo contempla que el procedimiento se haga en sede administrativa y civil y busca evitar la judicialización de los divorcios lo que demanda más tiempo y recursos económicos. Es que esto implica el pago de las costas judiciales y honorarios profesionales de abogados intervinientes.
El proyecto de ley fue presentado ayer en el Congreso y requiere ser tratado por ambas cámaras. La disolución del matrimonio podrá ser de este modo cuando sea de mutuo acuerdo entre las dos partes.
“Los divorcios judiciales generan un incremento del número de causas en el sistema judicial. Procesos que podrían tramitarse por medio de una vía administrativa inundan los tribunales, generando lentitud en el sistema y costos que recaen indirectamente sobre los contribuyentes”, explicaron desde el Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona. Además este largo proceso implica que durante el tiempo que insume las partes no pueden disponer de algunos de sus bienes con entera libertad.
El texto modifica el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación para habilitar un nuevo trámite de divorcio que no exige a las partes realizar un juicio.
Por ello, “se propone implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esa manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica”.
En ese sentido, la propuesta argumenta: “El divorcio en sede administrativa permite a los cónyuges terminar su vínculo matrimonial de la misma manera que lo iniciaron: de mutuo acuerdo y ante el oficial público encargado de Registro de Estado civil y Capacidad de las Personas, con un simple trámite administrativo”.
El texto propone incorporar como inciso d) del art. 435 una nueva causal de disolución del matrimonio, estableciendo que “El matrimonio se disuelve por divorcio en sede administrativa, equiparado en cuanto a sus efectos con el divorcio declarado judicialmente”, detalla el sitio Palabras del Derecho.
Además, prevé la modificación del artículo 437 del mismo Código, en el que se establecería que “el divorcio se decreta en sede administrativa, exclusivamente a petición conjunta de ambos cónyuges, ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al último domicilio conyugal”. Es decir que bastará que los cónyuges se presenten ante el Registro Civil para solicitar el divorcio, sin la necesidad de intervención de un abogado.
Cabe destacar que hoy existe el que se ha llamado divorcio exprés. Es que actualmente, se puede realizar este cuando hay acuerdo, al igual que en la propuesta, pero igualmente se debe contar con abogado, realizar un juicio, presentar partidas y un convenio regulador con las medidas que proponen los cónyuges (en forma conjunta o separada) para hacer frente a las consecuencias del divorcio, tal cual detalló Infobae.
De aprobarse, podrá disolverse la unión y si hay acuerdo, también la división de bienes. Si no hubiese acuerdo respecto de lo segundo, podrán concretar el divorcio y hacer un juicio sobre esto último.
El nuevo divorcio podría poner en riesgo derechos
Otro aspecto que señaló el abogado es que, de aprobarse la nueva modalidad, se pondrían en riesgo algunos derechos de los cónyuges y restaría seguridad jurídica. Explicó que hay cuestiones asociadas al divorcio que requieren analizar situaciones puntuales, para lo cual se requiere asesoramiento. Pero al mismo tiempo, hay plazos para cumplimentarlo y, si alguien no estuviera asesorado, puede perder derechos.
“Yo afirmo, el colegio afirma y la Federación de Colegios de Abogados de la Argentina afirma que es inviable esta idea por la inseguridad jurídica que crea. Porque el trámite de divorcio, al llevarlo a un ámbito administrativo hay una cantidad de controles que se dan en el proceso judicial que desaparecerían”, afirmó.
Y preguntó: “Por ejemplo, ¿qué certeza tenés vos de que las dos personas que van lo están haciendo con un conocimiento total y plenamente convencidas de que esto lo quieren hacer? En los ámbitos de violencia que por ahí se viven en muchísimos lugares y en muchos segmentos sociales ¿cómo sabemos que esa persona no fue porque la amenazaron o porque le exigieron que fuera? Es un trámite que, llevado al ámbito administrativo, genera un riesgo, genera una inseguridad jurídica que es muy difícil de salvar”.
Otro ejemplo que dio en relación a la pérdida de derechos, fue sobre la compensación económica. Explicó que es algo que puede reclamar uno de los miembros de la pareja, por ejemplo, si dejó de trabajar para dedicarse a las tareas de cuidado, crianza y domésticas. Mientras uno siguió desarrollándose y cuenta con ingresos el otro no y debe reinsertarse laboralmente. “De la sentencia de divorcio nacen derechos, la compensación económica es un derecho que fue creado por el nuevo Código Civil en el año 2015, es algo que nace el día en que se dicta la sentencia de divorcio y a partir de ahí existe un periodo de seis meses para poder hacerlo, nada más”, explicó.
En ese sentido, dijo que si no hay un asesoramiento adecuado respecto de esto, puede perderse ese derecho y no es algo que pueda hacerse tres días antes de que se cumplan los tres meses.
Destacó que por eso es “esta oposición definitiva” -subrayó- primero, porque los casos en los que estaría comprendida la nueva alternativa, serían ínfimos y por otro, por la inseguridad jurídica que implica.
