Aunque transcurrió poco más de un mes desde el “inicio” del segundo juicio por los abusos sexuales a niños sordos y niñas sordas en el instituto religioso Antonio Próvolo, técnicamente el juicio propiamente dicho no comienza todavía en los Tribunales de Mendoza. Y es que, desde el inicio; distintos pedidos de los abogados de las dos monjas imputadas (Kumiko Kosaka y Asunción Martínez), de los abogados defensores de las otras 7 imputadas –ex directoras y trabajadoras del lugar- y hasta del fiscal de la causa fueron retrasando el inicio del debate. Incluso, antes de que comenzara la parte específica del debate relacionada con los episodios de abusos –por los que ya hay 4 condenados, entre ellos 2 curas- el presidente del tribunal se apartó a sí mismo de la causa; y todo el tribunal debió ser conformado nuevamente.
Sin embargo, todo parece indicar que –a partir de ahora- el debate acelerará su ritmo. Y es que este jueves a última hora, la flamante presidenta del tribunal –Gabriela Urciuolo- determinó que la monja Kosaka –una de las imputadas más comprometidas, ya que cuenta con 7 imputaciones y algunas de ellas como autora de los abusos sexuales- siga en prisión hasta que termine el segundo de los juicios que, se espera, sea maratónico.
La resolución del tribunal se dio luego de que se venciera el plazo vigente de la prisión preventiva de la religiosa (se llama prisión preventiva, ya que está privada de la libertad a la espera de una sentencia en el juicio) y de que los abogados de Kosaka insistieran –una vez más- en la liberación de Kosaka.
De esta manera, Kosaka deberá seguir privada de la libertad hasta que termine el segundo de los juicios por los debates, que –se espera- se extienda, por lo menos, hasta los últimos meses del 2021.
Los abusos
Luego de esta primera denuncia, otros estudiantes –todos sordos o hipoacúsicos- se fueron animando a relatar los abusos que sufrieron en el Próvolo; por lo que comenzó la investigación de lo que se convertiría en el caso de abuso sexual eclesiástico más importante de la historia de Mendoza (e, incluso, del país).
A lo largo de los 3 años posteriores a ese noviembre de 2016 las novedades sobre los abusos en el Próvolo no dejaron de sorprender e indignar; llegando a los medios y portadas del mundo entero. En agosto de 2019 comenzó el primero de los juicios contra 3 ex trabajadores del instituto; dos curas (Horacio Corbacho y Nicola Corradi) y el ex jardinero Armando Gómez; quienes fueron condenados en noviembre de ese año a 45, 42 y 18 años de prisión –respectivamente-, todos como autores de los abusos. A ellos se sumó también el ex monaguillo Jorge Bordón, quien fue condenado a 10 años de prisión en septiembre de 2018 y luego de reconocer que había cometido los abusos por los que estaba denunciado e imputado.
El segundo de los juicios
Si bien Corbacho, Corradi, Gómez y Bordón fueron los primeros acusados e imputados en el Caso Próvolo –a ellos se sumó un quinto ex trabajador, quien luego fue considerado inimputable antes del comienzo del primer juicio-; en la medida en que los chicos y chicas iban sumando sus denuncias (eran todos menores de edad al momento de los abusos denunciados), surgieron otros nombres entre los señalados.
Por esto mismo fue que el Caso por los Abusos en el Próvolo se dividió en diferentes causas. Y luego del primero de los debates, llegó el turno este año para el segundo de ellos (que transcurre por medio de audiencias virtuales y remotas, por la pandemia de coronavirus). En este proceso hay 9 mujeres imputadas: a las monjas Kosaka y Martínez se suman la ex representante legal del instituto, Graciela Pascual; las ex directoras Gladis Pinacca, Cristina Leguiza, Valeska Quintana y Laura Gaetan; la psicóloga Cecilia Raffo y la ex cocinera del instituto Noemí Paz.
A excepción de Kosaka –que está con prisión preventiva-, el resto de las imputadas está en libertad. Y es que la monja Kosaka es la única que cuenta con imputaciones como autora de algunos de los abusos, mientras que el resto de las acusadas acarrea imputaciones como partícipes de los abusos.
En total, son 36 las víctimas que integran este segundo juicio, que comenzó en mayo; y a lo largo del debate –al menos cuando comience la parte técnica, una vez finalizadas estas formalidades referidas a resolver los pedidos específicos- se reproducirán 52 cámaras Gesell. Estos videos son nada más y nada menos que las denuncias de las víctimas, que fueron realizadas durante la investigación en compañía de psicólogos, psiquiatras e intérpretes de Lengua de Señas oficiales, y fueron grabadas. Para evitar la revictimización de los jóvenes (al recordar tan tormentosos episodios); la idea es que las denuncias iniciales sean reproducidas durante el segundo de los juicios –algo que ya se hizo en el primero-. Esto no quita que, en caso de estar dadas las condiciones, algunos de los jóvenes puedan ahondar su declaración durante el debate y en tiempo real.
Además, se espera que 256 testigos presten su declaración en este proceso; casi el triple de los 90 testigos que tuvo el juicio de 2019.
