La situación de la monja japonesa Kumiko Kosaka, una de las 9 imputadas del segundo juicio por los abusos a niños y niñas en el instituto religioso Próvolo -episodios por los que ya se condenó a dos curas y dos trabajadores del lugar como autores de las violaciones en 2019- mantiene en vilo a las víctimas, sus familiares y abogados. Pero también a sus abogados defensores.
Y es que en el transcurso de este viernes, y en caso de que sus abogados lo soliciten, el tribunal que encabeza este proceso podría llegar a definir lo que se considera el cese de la prisión preventiva que, en lenguaje coloquial, implicaría que la monja recupere la libertad (aunque seguiría imputada y en juicio por los 7 episodios de los que se la acusa, entre ellos algunos como autora de abusos sexuales contra los chicos sordos y las chicas sordas).
Actualmente, Kosaka está con prisión domiciliaria en un convento y con seguimiento del Servicio Penitenciario de Mendoza. El detalle es que el plazo durante el cual una persona puede estar privada de la libertad sin condena (lo que se conoce como prisión preventiva) se cumple mañana, de acuerdo a lo que fijan las leyes. Por esto mismo es que, una vez más, es muy probable que los abogados de la religiosa -que también está señalada como ser “entregadora” de una de las víctimas de los abusos- insistan con que se la libere.
No obstante, el abogado Sergio Salinas -uno de los abogados que acompaña a las víctimas de los abusos- destacó que hay excepciones para que se disponga el fin de la prisión, y destacó que la monja y su situación aplican a estas excepciones, por lo que solicitarán que no se la libere.
“Como abogados por la parte querellante estamos muy preocupados por la inminente libertad que le pueden dar a Kumiko Kosaka. Y es que, si bien el artículo 295 del Código Procesal Penal establece que una persona no puede permanecer privada de la libertad durante más de 3 años sin sentencia, también se establece una excepción cuando la complejidad de la causa es alta en cuanto los delitos atribuidos, o bien porque se evidencie una manifiesta conducta dilatoria por parte de la defensa en lo que tiene que ver con la conclusión del debate. Allí se establece que se puede extender esa prisión y es lo que vamos a plantear. No estamos dispuestos a seguir soportando injusticias y la revictimización”, destacó Salinas.
La situación de la monja
A principios de mayo de 2021 comenzó el segundo de los juicios por los abusos en el Próvolo. Kosaka llegó con 7 imputaciones formales (entre las que se destacan episodios como autora de abusos) al debate, que transcurre a un ritmo por demás lento y las víctimas y sus familias responsabilizan por ello a las maniobras dilatorias de los abogados de las imputadas y a una supuesta permisividad del tribunal.
La monja japonesa es la única de las 9 imputadas que está con prisión -domiciliaria-, y la continuidad o no de esta situación ya ha sido planteada en reiteradas oportunidades por sus abogados (y es probable que se repita este viernes). Kosaka quedó detenida en Mendoza el 4 de mayo de 2017, ni bien llegó de Buenos Aires -donde se entregó- trasladada por la Policía Federal y luego de que el fiscal Gustavo Stroppiana ordenara la detención inmediata y la declarara como prófuga. En ese momento, durante la investigación, los y las denunciantes ya la acusaban como parte de la red sistemática de abusos.
Desde entonces, los defensores de la monja solicitaron varias veces que recupere la libertad, sin que esto implique que deje de estar imputada. Y tanto el fiscal como los diferentes jueces sobre los que recayó el pedido rechazaron que recupere la libertad.
Solo hubo una excepción, en abril de 2019 y cuando los jueces Ariel Specktor, Eduardo Martearena y Diego Lusverti ordenaron el cese de la prisión preventiva a cambio del pago de una fianza de 2 millones de pesos al considerar que ya se había cumplido el plazo por 3 de los delitos que se le imputaban y, aunque aún no se cumplía el correspondiente a los 4 restantes, no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa.
Sin embargo, en ese momento Kosaka no recuperó la libertad, ya que Stroppiana le dictó una nueva prisión preventiva (también domiciliaria) por “el caso 7″, hecho por el que había sido imputada posteriormente y que se trataba de un episodio que la ubica como autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra un niño que tenía menos 18 años al momento del hecho.
En octubre de 2019 fue la jueza Mariana Gardey ratificó que Kosaka continúe con prisión domiciliaria, mientras que en noviembre de ese año también los jueces David Mangiafico, Eduardo Brandi y Agustín Chacón ratificaron la decisión de que Kosaka siga detenida.
Ya con el segundo juicio por los abusos en marcha, el tribunal actual -conformado por Gabriela Urciuolo (presidenta), Rafael Escot y Belén Salido (vocales) y Belén Rena (suplente)- confirmó que Kosaka continuara detenida por el mencionado “Caso 7″, aquel que la tiene como autora de un abuso gravemente ultrajante contra un niño. Y es el plazo máximo de esta detención el que se cumple este viernes, por lo que es casi un hecho que -una vez más- el abogado de Kumiko Kosaka insistirán en que se la libere. Al igual que el año pasado, serán las juezas Urciuolo y Salido y el juez Escot quienes deberán definir si disponen el cese de la prisión preventiva o si se ajustan a la excepción que los abogados de las víctimas solicitarán en caso de que se pida la libertad.
Familiares y víctimas, en alerta
Aunque no fue confirmado oficialmente, es muy probable que durante la mañana de este viernes -y mientras transcurra la audiencia por el segundo juicio por los abusos eclesiásticos en el Próvolo- lleguen al Polo Judicial algunos familiares de las víctimas del instituto religioso que funcionaba en Luján de Cuyo para seguir de cerca la jornada.
Desde hace ya algunas semanas que los denunciantes y sus familiares vienen acusando a los jueces por no “plantarse” ante las distintas estrategias de la defensa de Kosaka y de las otras imputadas ya que, consideran, que los magistrados no ponen un freno ante las distintas “maniobras dilatorias” a las que recurren los abogados de las imputadas. Entre otras acusaciones, las víctimas, sus familiares y sus abogados destacan que hay víctimas que han tenido que declarar durante 25 días seguidos y que al cumplirse el primer año desde el inicio del debate solamente había declarado 10% de los testigos totales del juicio.
