El Gobierno nacional decretó una nueva modificación a la Ley Nacional de Discapacidad, estableciendo restricciones para acceder y mantener las pensiones por invalidez laboral. La medida generó “rechazo y preocupación” en referentes y funcionarios del área, ya que habilitaría la baja de casi el 40 % de las pensiones vigentes que actualmente reciben 1.213.293 personas en todo el país.
El decreto Nº 843/24, fue publicado el 23 de septiembre último según argumentó el Ejecutivo, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, servirá para “evitar clientelismo político” y para “optimizar el gasto público”.
En concreto, lo que la medida plantea es que, a partir de ahora, las personas con discapacidad que cobran una pensión no contributiva (que incluye la cobertura médica obligatoria y equivale al 70 % de la jubilación mínima), no podrán trabajar en relación de dependencia ni podrán ser monotributistas.
Tampoco permite al beneficiario de la pensión tener “bienes, ingresos o recursos suficientes para la subsistencia”, ni contar con familiares que puedan brindar apoyo alimentario. Tampoco permitirá que haya más de una pensión por núcleo familiar, aunque en esa familia haya más de una persona con discapacidad.
En Mendoza, la crítica oficial fue casi de inmediato. La Defensoría de Personas con Discapacidad expresó su “total rechazo” al decreto, mediante una carta abierta publicada estos días en redes sociales. En el texto señala que la nueva disposición “elimina derechos ya adquiridos”. Incluso anunció que buscará, mediante acciones legales, derogarla y volver a tener acceso a las pensiones que “resultan esenciales para la vida digna y autónoma de las personas con discapacidad”.
El texto que emitió la entidad pública provincial, a cargo de Juan Carlos González, agrega que el recorte de pensiones “reintroduce barreras que habían sido eliminadas por la lucha y conquista de las propias personas con discapacidad. Estas restricciones vulneran derechos fundamentales, afectando su vida autónoma y su inclusión plena en la sociedad”.
Y completa: “Desconoce derechos humanos básicos relacionados con la inclusión económica y social, por lo que puede preverse un serio y lamentable impacto sobre cuestiones esenciales como la salud y hasta la propia subsistencia de las personas con discapacidad”. La Defensoría plantea que, con el nuevo decreto, se vuelve a perpetuar el enfoque “asistencialista, medicalista y desfasado”.
La inclusión laboral, el tema crítico
Uno de los puntos que más preocupa es el que supone una incompatibilidad de la pensión con el empleo. Más, en un contexto donde la posibilidad de prescindir de una pensión por discapacidad es bastante escasa: el trabajo escasea en general; muchas veces el pago es magro; la estabilidad es poca y las condiciones laborales son precarias.
Germán Ejarque, titular del Observatorio Nacional de Discapacidad, afirmó a Los Andes que hay “gran preocupación” en los equipos de organismo nacional porque el decreto atentaría contra un tema clave que es la inclusión laboral. “Es muy duro. Ya cuesta conseguir trabajo teniendo discapacidad. Las personas, si quisieran trabajar, perderían la posibilidad de una cobertura de salud que garantiza la pensión. Pero, al mismo tiempo, si quisieran tener una cobertura médica y un ingreso magro pero estable, perderían la posibilidad de un trabajo”, agregó el funcionario.
Así, el decreto nacional deja sin efecto las últimas resoluciones y normativas que fueron “aggiornando” a la Ley nacional de Discapacidad sancionada en 1981, con el fin de ajustarse al nuevo paradigma sobre el tema y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina adhirió en 2008.
Es clave el artículo 27 de la Convención Internacional, con jerarquía constitucional, donde establece que los Estados adheridos “deben reconocer el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”.
“Podría haber sanciones económicas para Argentina”
Por su parte, el Observatorio Nacional de Discapacidad elabora un informe por estos días para analizar el decreto en relación con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promovida por Naciones Unidas (ONU). Especialmente pondrá el foco en el artículo Nº 27, que refiere a la inclusión laboral para detectar qué derechos se vulneran y cuáles no con el nuevo decreto.
Consultado por Los Andes, Ejarque señaló que “podría haber sanciones económicas por parte de la ONU” si se llegase a determinar que Argentina está incumpliendo con derechos básicos de protección e inclusión laboral para ese sector.
El Observatorio se encuentra en un intríngulis de gestión, ya que responde a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que publicó el decreto “motosierra” en septiembre último; es decir, no es un órgano independiente ni autónomo del Gobierno nacional porque no tiene personería propia. Los informes que salen de allí a nivel nacional ajustándose a los estándares internacionales y a la ley nacional suelen llegar a la ANDIS y ésta a la ONU, que actúa como órgano de control y garante de derechos.
Los Andes insistió en hablar con el titular de la Defensoría de las Personas con Discapacidad, Juan Carlos González, y con la directora de Discapacidad de la Provincia, Georgina Cicchitti. Sin embargo, ambos se negaron a dar declaraciones.
Convención Internacional sobre Discapacidad: qué es y qué garantiza
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento de derechos humanos aprobado por la ONU, al cual Argentina adhirió en 2008 y tiene rango constitucional. Por la ley nº 27.044
Esta convención protege derechos fundamentales como el derecho a la vida, la educación, el empleo en igualdad de condiciones y el acceso a la justicia, entre otros. La adhesión a este marco internacional refuerza el compromiso del país con la igualdad de oportunidades y condiciones para las personas con discapacidad y es, justamente, el foco del conflicto que trae a cuenta el nuevo decreto nacional.
Con el reciente decreto se volvería a la ley vigente (no es ilegal), pero ocurre que ésta tiene más de 40 años y, en los últimos años, ha ido incorporando derechos mediante resoluciones y otros decretos en pos de proteger a las personas con discapacidad.
Es que, en los últimos años, el enfoque hacia la discapacidad ha evolucionado, dejando atrás la visión puramente médica o física y adoptando una perspectiva que considera el entorno físico, social y político de las personas. Hoy se entiende que la discapacidad resulta de la interacción entre el estado de salud o las limitaciones de una persona y los diversos factores que la rodean.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre el 10 y el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. En el ámbito nacional, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad indica que 1.594.888 personas poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que representa el 3,46 % de la población total.
