Durante la mañana de ayer, madres del Jardín SEOS Evita, de Ciudad, se manifestaron frente a casa de Gobierno para reclamar por el cierre de este espacio ubicado en el corazón del Parque General San Martín. Frente a esto, aparecieron voces que afirman que son varios los Servicios Educativo de Origen Social -o SEOS por sus siglas- que están cerrando.
Igual desde la DGE se apresuraron a decir que son 4 los que han cerrado en los últimos tiempos, incluido el Evita, entre otros: uno localizado en Alvear y otro administrado por ATE. La explicación, entre varias, es que los fondos que se les destina desde la provincia no son utilizados adecuadamente algo que desde SADOP reconocen que es cierto, pero que en vez de cerrarse deberían ser mejor administrados.
El reclamo
Esta mañana, como se dijo, padres del SEOS Evita reclamaron frente a casa de gobierno, donde se ubica el gobierno escolar. “Esta mañana se los recibió a algunos padres en representación del resto. Estuvieron presentes la directora de educación de los SEOS, Beatriz Della Savia y la coordinadora Cecilia Mulé. Se les explicó la situación y que el cierre está dispuesto desde hace rato. También se les indicó que si bien los municipios intentaron comunicarse con los padres de los niños para comunicarles la reubicación, estos no fueron atendidos”, indicaron desde la DGE al tiempo que aclararon que son 26 los niños que asistían diariamente al Evita, tal como figura en el GEM, y no 48 como se ha informado.
Desde la DGE recordaron que este es un servicio de educativo de origen social y no es para quien tiene las condiciones para llevarlo a otro lugar, por lo cual su función se tergiversa. “La municipalidad les ha ido llamando a los padres que pudo ubicar. La fundación ni los padres actualizaron la lista de contacto de los padres para ofrecerles el servicio en otro lugar. Además, el municipio absorbe a los docentes y la DGE les paga el salario”, dijeron desde el gobierno escolar indicando que todo quedó establecido en un acta.
Política de ajuste
Por su parte, Ester Linco Lorca del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) indicó que este cierre es parte de una política de ajuste y cierre de centros educativos de parte del Gobierno. “Por ejemplo, tuvimos hace varios años, en el comienzo de la gestión los cierres de terciarios en zonas alejadas. Por la matrícula decían que se cerraba. Eso es falaz porque los institutos que cerraron en Tunuyán o en el este eran para los alumnos que trabajan y estudian y para venir al Gran Mendoza no es fácil, entonces, no se prioriza la educación se priorizan los números”, dijo la referente sindical.
Ahora, dijo, está pasando con los Jardines SEOS que son cerrados por tener poca matrícula o irregularidades en los papeles o en la infraestructura. De hecho, indicó que en los últimos 6 años fueron cerrados 12. “Y va a haber problemas porque estos lugares están administrados por entidades intermedias, fundaciones o Uniones vecinales, que carecen de todos los recursos necesarios para una correcta administración. El Estado solamente aporta los trabajadores docentes y el resto queda en manos de las entidades que en vez de ayudarlas a solucionar los problemas se decide el cierre”, criticó Linco Lorca.
Continuando, dijo que se debería colaborar a poner todo en orden y no quitarle a la población un lugar en donde dejar a sus hijos. Por esta razón añadió que los SEOS son lugares necesarios, porque allí se les da de comer a los niños y apoyos educativos que con su cierre perjudican a la comunidad.
Respecto de los trabajadores, indicó que muchos de ellos pasan a ser municipalizados cuando el SEOS entra en la órbita de la comuna a la que son derivados y los docentes son recategorizados como trabajadores municipales con lo que pierden su régimen de trabajador de la educación y los beneficios derivados de esto. “Cambia la licencia, el sueldo y lo que aporta. Todo eso repercute en el trabajador”, indicó Linco Lorca de Sadop.
Para terminar aseguró que saben que los lugares pueden verse “desprolijos” porque las asociaciones intermedias muchas veces son sumas de voluntades que no cuentan con la idoneidad necesaria para tener los papeles o la infraestructura en orden. Pero que la solución a esto no es cerrarlos, sino ayudar a que estos lugares existan bien.
El caso del Jardín Evita
Hace poco más de un mes, este diario contó que el lugar pertenece a la Fundación Cachypum. Y por una resolución de la Dirección General de Escuelas (DGE) se estableció el cierre del lugar a partir del 1 de marzo de este año. Aunque los docentes siguieron yendo con la esperanza de que el problema se iba a solucionar.
El jardín Evita está compuesto por una comunidad de 26 estudiantes que asisten de manera permaennte, los cuales se encuentran registrados en el sistema GEM (Gestión Educativa Mendoza) y ocho docentes, incluyendo a la directora del lugar. El establecimiento, que funciona hace 11 años, cuenta actualmente con salitas de 1, 2 y 3 años, trabaja de 7.30 a 14.30 y los chicos que asisten reciben una merienda.
La Dirección General de Escuelas informó que el cierre del jardín Evita se debe a una larga lista de irregularidades. Una de las más graves, según detalla la resolución oficial, es que “la Fundación Cachypum ha desviado los fondos transferidos desde la Dirección General de Escuelas de su finalidad acordada”.
Beatriz Della Savia, directora de Gestión Social y Cooperativa de la DGE, área que está a cargo de los SEOS (Servicio Educativo de Origen Social), explicó a Los Andes que “La DGE había firmado un convenio para que en la escuela hogar se abriera un jardín maternal con dos turnos, mañana y tarde, y el director -de la Fundación Cachypum- decidió unilateralmente cerrar un turno y llevar ese sueldo al Centro de Día para una actividad diferente a la del jardín maternal. Y después lo liquidan como si fueran docentes del jardín”.
La resolución detalla, además del desvío del subsidio, que la fundación no cumplió con varios puntos pactados en el convenio, que eran de su responsabilidad, tales como entregar a los chicos la merienda concedida por la DGE y realizar el mantenimiento y la limpieza del edificio. De hecho, el texto enumera que las instalaciones presentan “mampostería del techo rota, humedad, baños clausurados, pérdidas de agua y falta de instalaciones de gas”.
La funcionaria explicó que “antes de tomar la decisión del cierre se le dio varias veces la oportunidad” de regularizar la situación del jardín maternal a la Fundación Cachypum. “Desde 2016 que se le viene haciendo un seguimiento muy detallado”, confesó. Ahora, advirtió que “esto se eleva a la Dirección de Asuntos Jurídicos y ellos deciden si corresponde o no hacer alguna denuncia penal por la defraudación en la gestión de los fondos”.
