Algunos Centros Educativos de Nivel Secundario (Cens) de Gestión Social, donde adultos de zonas vulnerables pueden terminar el secundario, advierten que no podrán comenzar las clases el próximo año. Esto luego de la decisión del gobierno provincial de quitar los subsidios que reciben y que son el único ingreso, con el cual no sólo brindan educación sino además apoyo y contención para quienes asisten.
”Como todos los años desde que asumió el gobernador A. Cornejo y ahora su sucesor R. Suárez, la DGE notifica la decisión unilateral y sin argumentos sólidos, de cerrar los CENS de Gestión Social”, señalaron en un comunicado conjunto referentes del Bachillerato Popular Violeta Parra, Comunidades Trinitarias Mendoza, y la Escuela Campesina de Agroecología UST. Las tres entidades han sido notificadas sobre que a partir de febrero no recibirán más sus ingresos por lo que sostienen que es casi seguro que no puedan iniciar el ciclo lectivo.
María Vergara es acompañante pedagógica en el Bachillerato Popular Violeta Parra, del barrio La Favorita, de donde también es vecina.
Explicó que recibieron una notificación de la dirección de Gestión Social y Cooperativa que depende de la Dirección General de Escuelas (DGE) y aseguró haber cumplimentado todos los requisitos. Subrayó que se trata de una amenaza con la que conviven desde 2010, cuando iniciaron las actividades en el bachillerato.
”Creemos que hay una política de vaciamiento de la dirección de Gestión Social de estas experiencias y jamás se nos hizo una propuesta superadora”, señaló.
Por eso, quienes deben materias deberían buscar otro Cens con la misma orientación para ir a rendir, ya que tienen una sola cohorte y en 2020 terminaron con el tercer año, que es el último. Solo en el bachillerato este año lograron terminar de cursar el secundario 11 mujeres y madres y para iniciar primer año este ciclo lectivo tenían 20 prescriptos.
”Cientos de estudiantes que pasan por estos espacios ya no tendrán esa posibilidad e implica cercenar su derecho a la educación”, consideró Flor Masino, profesora en uno de ellos.
”El impacto que puede tener la medida es muy grande y muy negativo, porque si se saca el subsidio no se pueden mantener los docentes ni los cargos directivos, ya las organizaciones sociales aportan lo referente a la tarea educativa como asistencial de celadores, materiales, útiles escolares y un espacio para niños y niñas para que los padres puedan estudiar”, explicó.
”En esas comunidades hay una gran vulneración del derecho a la educación de jóvenes y adultos y son contextos que de otra manera no pueden lograr terminar sus estudios (...) que se saque el subsidio significa que evidentemente se van a cerrar porque las organizaciones de base que los nuclean no tiene la espalda para sostener esto, la no renovación del contrato implica además que la DGE ya no es garante del derecho educativo y no se puede tener abierta una escuela si la DGE no formaliza esos saberes”, detalló.
Desde 2013, la Escuela Campesina logró que alrededor de 100 personas terminaran el nivel medio, hoy, un requisito excluyente casi para cualquier empleo. Actualmente estudian allí 64 alumnos.
La Casita Trinitaria tiene más de 60 matriculados y el Bachillerato unos 30 matriculados por año ya que sólo pueden recibir una sola cohorte.
Argumentos
Desde la DGE explicaron que se trata de un mecanismo que no es nuevo: se firman contratos para la entrega de subsidios para los Cens pero estos tienen vigencia de entre 2 y 4 años. Luego de ese plazo vencen, se revisa la situación y se redirecciona el dinero si es necesario hacia otros entornos. Graciela Orelogio, subsecretaria de Educación, explicó que esto tiene que ver con considerar las necesidades de cada zona y que como los contextos cambian, también pueden modificarse estas.
Detalló que hay cuatro Cens de Gestión Social en la provincia y que al cuarto también se le está por vencer el acuerdo.
Explicó que esto no quiere decir que tengan que cerrar porque lo que financia la DGE son los cargos docentes y directivos, pero las organizaciones argumentan que sin esto no pueden solventarlo.
”Esos convenios con las condiciones que tenían vencen el 1 de febrero, entonces se rediscuten las condiciones, lugar y cargos (...) no hay detrás de esto una mano negra ni una intencionalidad”, afirmó.
En tanto, dijo que el aval de la DGE para los títulos que entreguen sigue intacto, ya que se trata de otro tema que tiene que ver con la habilitación, tal cual sucede con los colegios privados.
Vulnerabilidad
”Hasta el 2020, 3 cohortes de estudiantes han finalizado sus estudios secundarios en una provincia donde el 41,4% de la población mayor a 15 años los tiene incompletos. Más de 50 estudiantes han concretado su proyecto de terminar los estudios y mejorado su calidad de vida”, afirmó en otro comunicado el Bachillerato Popular Violeta Parra.
En tanto, explican en el comunicado conjunto que son escuelas para jóvenes y adultos que funcionan en organizaciones sociales con personería jurídica y cumplen con todos los requisitos y exigencias administrativas y pedagógicas de la política pública educativa.
Vergara explicó que ofrecen una propuesta adaptada a las necesidades del entorno y por ende, no es lo mismo si se cambian a otros Cens, en cuyo caso, es habitual que abandonen la trayectoria. Por ejemplo, en el que trabaja, gran parte del alumnado son mujeres y madres por lo que ofrecen un espacio de cuidado para los hijos.
”En nuestras escuelas -además de garantizar el derecho a la educación de cientos de jóvenes expulsados/as de la escuela formal, los márgenes de la ciudad y del sistema educativo, por explicitar solo dos dimensiones de la violenta exclusión- gestionamos los recursos escasos para cumplir con la satisfacción de necesidades propias de nuestras comunidades. Nuestros proyectos se desarrollan en, desde y para nuestros territorios en los que además somos centros culturales, comedores, merenderos y espacios de encuentro y contención para atender demandas y problemáticas propias”, agregan.
Entre el miércoles y ayer se han mantenido reuniones entre ambos sectores. Las autoridades han dialogado con referentes de cada una de las entidades para conocer cómo han impactado en la comunidad los trabajos que han realizado. Desde la DGE informaron que dentro de 15 días van a volver a charlar.
