“Desde el punto de vista de las investigaciones académicas (fundamentalmente etnohistóricas y en menor medida arqueológicas) no existe asidero alguno para otorgar tierras a comunidades mapuches en el sur de Mendoza”, expresa Alejandro García, investigador del Conicet, arquéologo y docente de la Universidad Nacional de San Juan. Y agrega que en su opinión, el gran problema sobre este tema radica en que el organismo encargado de decidir acerca de las comunidades indígenas en Argentina (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) jamás tuvo como finalidad evaluar objetivamente los pedidos de reconocimiento de comunidades originarias, y constatar cuáles correspondían y cuáles no, “sino realizar un reconocimiento automático los mismos. Esto se debe a que su funcionamiento ha tenido siempre un fundamento ideológico y político, debido a lo cual jamás se realizaron estudios académicos serios y multidisciplinarios de base, que permitieran determinar, por ejemplo, qué comunidades mapuches, huarpes, etc. tenían derechos y cuáles no”, indica el investigador.
García, opina: “desde mi punto de vista, el manejo del tema se volvió enteramente político y mínimamente académico, aunque apoyado por una corriente ideológica anclada en la Antropología Social Argentina de los últimos 30 años, y actualmente, sobre todo en el caso mapuche, debe estar cruzado por una serie de intereses económico-políticos que trascienden ampliamente a los integrantes de las (quizás en algunos casos, supuestas) comunidades mapuches y sus luchas locales, de los que probablemente participan miembros de algunos sectores de la comunidad política nacional”.
Más adelante, el arquéologo aclara que no es un especialista en el tema mapuche pero para emitir su opinión señala que ha tenido en cuenta lo que ha observado en el caso huarpe, del que si se ha profundizado sus investigaciones. “Pienso que la base del problema es el manejo direccionado, sesgado y parcial del INAI, que dio como resultado la falta de estudios de base objetivos y confiables y la posterior toma de decisiones vinculadas más con los intereses ideológicos, económicos y políticos de la línea de gestión política predominante en los últimos 20 años a nivel nacional que con un análisis real de los derechos esgrimidos por las comunidades (que al parecer siempre fueron aceptados automáticamente)”. Y resalta que al no producirse esa información, posiblemente tampoco se puedan determinar actualmente eventuales cambios en la composición de algunas de esas comunidades, “a fin de evaluar si determinados miembros, por ejemplo, los líderes que impulsan enfrentamientos con las autoridades argentinas o con los propietarios locales, estaban desde el principio o crearon/utilizaron las comunidades como trampolín para sus acciones futuras. En definitiva, cuando las cosas se hacen mal desde el principio, difícilmente puedan terminar bien”.
Cabe aclarar que el investigador Alejandro García posee varios artículos relacionados a la forma en la que se debió actuar en el caso de las comunidades huarpes, que pueden servir de base al resto de los casos de comunidades aceptadas por el INAI desde fines de la década del 90. También explica que es su punto de vista y reconoce que puede o no coincidir con otros colegas arquéologos o antropólogos. En uno de sus artículos, a modo de introducción al tema, señala que los avances registrados en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas han dado origen a un proceso paralelo que involucra la búsqueda de aceptación de identidades aborígenes por parte de determinadas minorías sociales. En algunos casos no existe una clara vinculación entre tales grupos y las etnias indígenas de las cuales supuestamente descienden. “Uno de estos caso es el de los “huarpes modernos”, cuyos fundamentos deben analizarse en relación a motivaciones materialistas como el acceso a la propiedad de la tierra conforme a las posibilidades brindadas a las comunidades indígenas por la legislación vigente”.
