“Cerramos la Unidad Especial de la Conadi que violaba la división de poderes”, anunció en un comunicado el Ministerio de Justicia de la Nación.
Se trata de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante la última dictadura militar, que formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). El gobierno consideró que sus objetivos ponían en riesgo la división de poderes que establece la Constitución Nacional.
El área daba respuesta a “peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formulen en las causas instruidas en ocasión de los hechos citados en el artículo precedente, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ello. A su vez, podía “también efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal (MPF)”.
Lo hizo efectivo a través de la publicación de la medida a través del decreto 727/2024 en el Boletín Oficial de la Nación y la derogación de la normativa que sostenía su funcionamiento. Lleva la firma del presidente, Javier Milei, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Para trabajar, la unidad espacial, podía “acceder en forma directa a todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional incluidos los de la Presidencia de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus organismos dependientes, Fuerzas Armadas y de Seguridad y los organismos registrales”; y “requerir directamente a dichos organismos informaciones, testimonios y documentos sobre la materia de este decreto obrantes en sus archivos, los que deberán cumplimentarse en el término que se fije en el requerimiento”.
Qué dice el gobierno
El Ministerio de Justicia consideró que la unidad “violentaba el régimen constitucional” de división de poderes, ya que llevaba a cabo “funciones propias del Poder Judicial” desde el Ejecutivo. Y subrayó: “Violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos”.
Desde su punto de vista, avasallaba las competencias de otras áreas como el Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal por lo que consideró que “esta superposición es un grave atropello a nuestra Carta Magna, que no va a ocurrir nunca más bajo este Gobierno”.
Es que el organismo podía investigar por iniciativa propia y determinar responsables de posibles hechos criminales durante la última dictadura militar. Para ello, tenía acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que corresponden al Poder Judicial de la Nación y de los fiscales del MPF.
Por eso, el Gobierno argumentó que “violenta el régimen constitucional” y que no tiene “sustento constitucional” que pueda tomarse atribuciones correspondientes a otros poderes del Estado.
“Resulta esencial la investigación judicial de los hechos referidos a los fines de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron, permitiendo el conocimiento de la verdad por parte de los familiares de las víctimas y la sociedad, así como el castigo de los responsables y la adopción de medidas preventivas para evitar la repetición de dichas violaciones”, sostuvo.
“En nuestro sistema político -agregó- se ha establecido como principio irrefutable la existencia de 3 poderes independientes y soberanos en sus respectivas esferas, como así también de otros órganos estatales”.
