Dos sacerdotes provenientes de otras provincias, se encuentran en Mendoza realizando celebraciones como misas y bautismos sin contar con autorización para ello. Sucede que no tienen licencias ministeriales, es decir la autorización de las autoridades eclesiásticas para ello, incluso uno de ellos ni siquiera la tiene en su propia provincia.
Varias personas realizaron consultas y denuncias sobre esta situación lo que disparó la advertencia por parte del Arzobispado de Mendoza. Desde allí se emitió ayer un comunicado en el que se informó sobre estos casos y se puso en aviso a los feligreses sobre las que llama “graves irregularidades”.
Los clérigos llegaron a Mendoza por su cuenta, en el caso de uno se asegura que por cuestiones de salud, pero sin cumplir con los procedimientos que se requieren para poder realizar las celebraciones y actividades que les confieren sus licencias. Pese a no estar autorizados, ejercen el sacerdocio por fuera de la Iglesia.
No están alojados en parroquias sino en viviendas particulares y según parece, sería en entornos externos a los ámbitos eclesiásticos, como casas, donde se realizan esas celebraciones para las que no están habilitados. En definitiva, no están amparadas por la diócesis.
El Arzobispado incluso señala a la comunidad eclesial, una vez advertida sobre la situación, evitar la persistencia de estas actividades y pide “no contribuir con su presencia a favorecer actitudes y comportamientos gravemente contrarios a la comunión, además de poder encontrarse ellos mismos como receptores de algunos sacramentos inválidos, como la confesión y el matrimonio; y sin perjuicio de la ilicitud de todos los restantes”.
Por qué están en falta los dos sacerdotes
Tal cual manifiesta el comunicado, la intención del Arzobispado es “prevenir todo tipo de oportunismos, malos entendidos o que algunos fieles se puedan ver sorprendidos en su buena fe”.
Se trata de dos casos que no tendrían nexo entre sí pero que presentan la misma inconducta: incumplimiento de los procedimientos necesarios para el ejercicio del sacerdocio, falta de autorización de las autoridades eclesiásticas y aún así, celebración de actividades e incluso sacramentos para lo que no tienen aval de la Iglesia.
Uno de los implicados es el padre Cristian Caro, proveniente de La Pampa. “Presente en nuestra arquidiócesis sin ningún tipo de autorización para ejercer su ministerio pastoral, no tiene licencias ministeriales en su diócesis de origen ni tampoco aquí en Mendoza, por lo que no puede presidir la Santa Misa en ninguna capilla ni en su casa, ni recibir confesiones, ni administrar los restantes sacramentos o asistir a matrimonios”, remarca el texto.
El segundo es el padre Andrés Quiroga, del clero de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. El Arzobispado señala que se encuentra en la provincia por cuestiones de salud pero tampoco tiene licencias ministeriales para presidir Misa “en ninguna capilla ni en su casa, ni recibir confesiones, ni administrar los restantes sacramentos o asistir matrimonios en esta Arquidiócesis”.
Sucede que las licencias se adquieren para una determinada diócesis y si se va a realizar un traslado, para conservarlas en el nuevo destino, es necesario pedir autorización al arzobispado del lugar. Para ello, se requiere contar con la autorización de las autoridades de la diócesis de donde proviene. Incluso, Caro, tampoco cuenta con esta última lo que puede hacer suponer alguna irregularidad.
El aval de la diócesis de origen tiene una función: que haga de garantía de la conducta y la trayectoria del sacerdote que se traslada. Este es un procedimiento que se afianzó particularmente después del caso Próvolo y en la actualidad tiene validez de declaración jurada.
Pero desde el Arzobispado saben que no se puede poner en duda la persona sin conocer su situación ni pruebas aunque sí advierten la falta de cumplimento y la inconducta.
En diciembre de 2016, luego del escándalo por los abusos sexuales cometidos por curas y personal del Instituto Antonio Próvolo en Luján, el Arzobispado anunció la decisión de exigir que cada sacerdote que ingrese a una orden en la provincia presente una declaración jurada. Exigirán que no posea antecedentes penales ni de adicciones.
