La cuestión de los derechos que los medios tienen sobre el contenido original que publican y el uso que las plataformas digitales hacen de ese material sigue siendo algo más que un asunto pendiente.
Hace tiempo que compañías como Google dejaron de ser lo que Larry Page, uno de sus fundadores, sostenía en 2004. “Queremos que el usuario llegue lo antes posible al sitio que estaba buscando cuando entró a Google”, dijo entonces, palabras más o menos. Pero eso es historia antigua.
Facebook y Google llevan años generando “jardines cerrados” para que sus usuarios no salgan de allí, algo que saltó a la vista de entes reguladores gubernamentales de Estados Unidos y Europa. De hecho, la semana pasada la comisión antimonopolio del congreso estadounidense hizo comparecer a sus CEO y a los de Amazon y Apple. Pero no sólo eso: también las asociaciones de medios de comunicación hablan de abuso de posición dominante por parte de las plataformas globales, al ver que su propia rentabilidad –y, por ende, la posibilidad de financiar el periodismo de calidad– se transforma en el beneficio de los gigantes tech.
De eso se habló este martes en el panel online “Medios y plataformas: el valor de los contenidos”, organizado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (Adepa). El encuentro virtual reunió a más de 250 asistentes argentinos y de otros 14 países, que escucharon durante 90 minutos a Danielle Coffey, vicepresidenta senior y asesora general de News Media Alliance, de Estados Unidos, y a Wout van Wijk, director ejecutivo de News Media Europa, moderados por Diego Garazzi, de La Nación.
Un documento presentado en junio de este año por News Media Alliance, producto de un relevamiento de más de un año, muestra cómo los ingresos de los medios tradicionales se redujeron a la mitad en la última década. Uno de los motivos es que las plataformas se convirtieron en un ecosistema aparte, que puede monetizar contenidos a partir de publicidad personalizada, usando discrecionalmente material periodístico generado por los medios y regulando de hecho el modo en que venden sus propios avisos digitales.
“El informe presentado al Departamento de Justicia de Estados Unidos demostró que Google deliberadamente usa el contenido producido por los medios en su propio beneficio”, sostuvo Coffey.
Una de las formas de hacer esto fue imponer el protocolo AMP (siglas de accelerated mobile pages) como formato-norma. “Si bien debería ser de código abierto, no lo es –afirmó la especialista–. Impide monetizar ese contenido, porque Google controla la publicidad que se muestra en el medio. Igualmente, incide y condiciona la manera en que se puede compartir el contenido. Es un contrato que nadie firmaría de manera voluntaria. Estamos obligados, porque si no estamos ahí, no nos encontrarán. Los términos y condiciones de AMP le permiten a Google hacer lo que hacen”, remarcó.
“Esto amenaza a la prensa política y financieramente independiente y posibilita una relación asimétrica con las plataformas de comunicación dominante –agregó a su turno Wout van Wijk–. El lobby que pueden ejercer las tecnológicas es mayor que cualquier presupuesto de las asociaciones. El relato que pueden establecer se demuestra potente en la influencia que consiguen en los procesos de legislación al respecto”.
Qué hacer
Danielle Coffey detalló que el 16 por ciento de los resultados de búsqueda son noticias, cifra que llega al 40% cuando se trata de temas de agenda. “Necesitamos determinar el valor de esos resultados. Debemos pedir a los entes que velan por la competencia que exijan eso. En Australia y Francia se les está pidiendo a Google y Facebook que abran sus ´cajas negras'. De no hacerlo, deberemos establecer un cálculo, pero tiene que haber un valor”.
Van Wijk agregó que el camino es fortalecer las asociaciones de medios y evitar que los medios más importantes se tienten de hacer negociaciones individuales. “Que Google divida para reinar y de tal modo determine con quién negocia es lo mismo que darle la posibilidad de decidir qué medios subsisten y cuáles no. Y eso es un enorme riesgo para la democracia”, apuntó.
El camino es largo aún, pero es innegable que urge solucionar tanto los derechos de propiedad intelectual como la cuestión de competencia.
