Salud. Según estadísticas de Incucai, en los últimos tres años el sector público acortó la brecha con las clínicas privadas. La crisis económica y la expansión de programas explican el fenómeno, mientras la lista de espera sigue creciendo.
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Cada vez hay más trasplantes en los hospitales públicos de Mendoza. Así lo indican las estadísticas recientes del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), el organismo encargado de coordinar las ablaciones e implantes de órganos y tejidos en el país. La crisis económica y la apertura de nuevos programas específicos son factores clave para explicar este fenómeno en la provincia. El dato toma relevancia en el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 27 de febrero.
En la última década (2015-2025), los hospitales privados realizaron el doble de trasplantes que el sector público, con el 61,6 % de las intervenciones, frente al 38,4 % de los hospitales estatales. Sin embargo, esta tendencia comenzó a revertirse en los últimos tres años.
El impacto de la crisis económica sobre el sistema de salud también se reflejó en los trasplantes. La reciente desregulación de las cuotas de obras sociales y prepagas, junto con la caída del poder adquisitivo, han llevado a un mayor número de personas a recurrir al sistema público en casos críticos.
Según datos de Sintra, el sistema estadístico del Incucai, a partir de 2022 se observa un crecimiento sostenido en las operaciones de ablación e implante en hospitales estatales. “La gente se trasplanta donde su obra social tiene convenio. Con el tiempo, aumentaron los acuerdos con el Estado y eso incrementó la actividad”, explica Cecilia Quiroga, coordinadora de Incaimen en Mendoza.
Además, señala que el hospital Central ha incrementado su número de intervenciones, en parte gracias a la creación de un centro de trasplante de médula ósea, un programa para el trasplante de córneas, además de lo que ya realiza (hepático, renal, etcétera), lo cual disparó la actividad y se tradujo en un crecimiento exponencial de los trasplantes en el sector estatal.
De hecho, durante 2022, los hospitales estatales del Gran Mendoza y cabeceras del Sur realizaron 232 trasplantes en total; es decir, más del doble que los 132 registrados en las instituciones privadas.
Actualmente son 318 los mendocinos que se encuentran en lista de espera, aguardando ser convocados para someterse a una operación de trasplante, tanto de órganos como de tejidos. S bien el número es dinámico, desde el Incucai afirman que es menester mantener la brecha “lo más pequeña posible” entre donantes y pacientes que buscan ser trasplantados.
En ese sentido, es fundamental la tarea de procuración en los servicios de terapia intensiva de los hospitales, lo que requiere capacitación, mayor voluntad y mejores sueldos ya que, en poco tiempo, el procurador de órganos pone en juego varias destrezas: activar el análisis clínico completo (tomografía y diferentes estudios) del paciente en estado crítico; detectar cuándo hay muerte encefálica; tener comunicación con médicos terapistas y advertir a la familia sobre el destino de los órganos de su ser querido. Claro, salvo que previamente éste se haya expresado en contra y por escrito de donar sus órganos.
“Cada vez hay más necesidad de trasplantes y el número de donantes se mantiene estable, lo que genera una brecha que debemos reducir. Sabemos que alcanzar la lista cero es una utopía, pero es posible dar una mejor respuesta a quienes esperan un órgano”, explica a Los Andes Quiroga .
Otro dato llamativo del Incucai es que casi la totalidad de los donantes de órganos y tejidos en Mendoza provienen de hospitales públicos (87,7 %), frente al 12,3 % que proviene del sector privado. Para algunos médicos cirujanos consultados, sin embargo, esa diferencia es “histórica” ya que los hospitales públicos de cabecera, como el Central, reciben la mayoría de los pacientes con traumatismos graves, lo que incrementa la posibilidad de muerte encefálica y posterior donación. Sin embargo, en los últimos años la brecha se ha ampliado por diversos factores.
Para Quiroga, también especialista en Terapia Intensiva, el escaso número de donantes en clínicas privadas responde a fallas en los mecanismos de procuración. La activación de los protocolos de ablación e implante depende en gran medida de la rapidez con la que los equipos médicos detecten posibles donantes en terapia intensiva.
“Las terapias intensivas de los hospitales privados no tienen una actividad de procuración alta, a pesar de que varias instituciones cuentan con sus propios centros de trasplante. Es fundamental que incrementen la procuración para poder responder a la creciente demanda, ya que de lo contrario la cantidad de órganos y tejidos disponibles seguirá siendo insuficiente”, concluye Quiroga.
En 2018, con la aprobación unánime del Congreso, Argentina sancionó la Ley Justina (27.447), un hito en materia de donación de órganos. Inspirada en la historia de Justina Lo Cane, una niña de 12 años que falleció esperando un trasplante de corazón, la normativa establece que todas las personas son donantes por defecto, salvo que expresen lo contrario en forma escrita.
La ley modificó el paradigma de la donación de órganos en el país, eliminando la necesidad del consentimiento familiar, un factor que en muchas ocasiones retrasaba o impedía el procedimiento debido al impacto emocional del duelo. Ahora, la única manera de no ser donante es manifestarlo formalmente en el Documento Nacional de Identidad (DNI) o a través del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). No es válida la inscripción en el carnet de conducir.
La procuradora de órganos, Cecilia Quiroga, recuerda situaciones complejas en las que las familias reaccionaban con resistencia. “Nos encontramos con familiares que amenazan, sacan armas o generan situaciones de tensión. A veces hay que esperar hasta 14 horas para que otro pariente más conciliador dé su consentimiento”, relata. A pesar de que la ley establece la donación como norma, en el ámbito pediátrico persisten reticencias, ya que son los adultos quienes deciden sobre los menores de edad.
El Incucai recomienda que cada persona deje expresa su voluntad en vida para agilizar los operativos de ablación en caso de fallecimiento. Para ello, se puede registrar la decisión en la aplicación Mi Argentina, en los registros civiles o al renovar el DNI. Esta acción simple puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para quienes esperan un trasplante.