La baja en la edad de imputabilidad es un tema que está en agenda hace tiempo y cuyo debate recrudece junto con el aumento (o la mayor publicidad) de los hechos delictivos en los que están involucrados menores.
Una encuesta realizada en Mendoza dio cuenta de que más de la mitad de los consultados se mostraron de acuerdo con la posibilidad de implementar esta medida y bajarla a los 13 años.
De acuerdo con un relevamiento realizado por la consultora Demokratia, 56,20% de los mendocinos está a favor del asunto, con matices. De ellos 42,32% dijeron estar algo de acuerdo y 13,88%, muy de acuerdo.
En la vereda de enfrente, 33,83% dijo está poco de acuerdo y 9,97% se manifestó nada de acuerdo. Se aprecia además que algo más de aceptación entre las mujeres.
Además, la aceptación es mayor entre personas de entre 55 a 65 años y entre los más jóvenes, menores de 30 años.
El relevamiento incluyó los departamentos Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú. Se realizaron 721 entrevistas presenciales en 115 sectores territoriales acorde a las características poblacionales definidas por el censo y los datos demográficos que otorga la DEIE e involucró a población de más de 16 años.
No puede soslayarse que también puede influir en el aval el cambio en los discursos que se instalan como hegemónicos.
Escenario
La edad de imputabilidad en Argentina actualmente está fijada en 16 años para delitos de acción pública cuya pena máxima sea de dos años o más.
Para Nicolás González Perejamo, responsable de la Consultora Demokratía, la falta de confianza en el sistema y la sensación de indefensión suelen ser el principal argumento para que la gente pida ampliar las facultades del sistema punitivo. “Es una regla que es transversal a todas las cuestiones en las que la gente siente indefensión, y siente, digamos, falta de valor-justicia (...) cuando la gente siente que su bien jurídico, que en este caso tiene que ver con la vida o tiene que ver con su patrimonio, no se encuentra bien cuidado, lo que pide es que aumenten las sanciones y es una respuesta lógica”, esgrimió. Se sienten inseguros y piden acciones al Estado.
“Además existe una ola que tiene que ver con que el aumento de la criminalidad que genera este tipo de tendencias”, sumó.
Pero por otra parte, planteó qué pasa desde la biblioteca de los abogados y la práctica. “Lo que te dice es que esto no es una herramienta que reduzca la criminalidad, que no existe un factor disuasivo en el joven de 14 años o de 13 años que quiere delinquir porque las penas aumentan y se priva de hacerlo”.
Argumentos
“Quienes se encuentran a favor de bajar la edad de imputabilidad sostienen que podría tener un efecto disuasorio, ayudando a disminuir la delincuencia juvenil”, explica la consultora. Además, consideran que, en el contexto actual, los adolescentes tienen una madurez y autonomía mayores a las de generaciones anteriores.
Por el contrario, quienes se posicionan en contra de bajar la edad de imputabilidad alegan que esto no reduce la delincuencia juvenil, ya que esta está más vinculada a factores socioeconómicos y familiares que a la edad, y endurecer las penas o imputar a jóvenes de menor edad no soluciona el problema del delito, sino que puede profundizarlo.
Unicef recomienda que la edad de imputabilidad no sea inferior a los 14 años y señala que existe evidencia internacional que demuestra que bajar este umbral no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad. La edad de imputabilidad es de 14 años en Chile, Perú, Colombia y Bolivia y de 18 años en Brasil, Uruguay, Ecuador y México (salvo algunos Estados que la contemplan a los 16).
Desde Demokratia no dejan de señalar que en Argentina, en la actualidad, no existen penas alternativas al encierro para los adolescentes que delinquen, lo que ha costado al país algunas sanciones internacionales ya que el País es firmante de Tratados Internacionales y de Derechos Humanos que proponen priorizar otros métodos de punición como medidas socioeducativas, de reparación o trabajo comunitario
“La única pena que hay en Argentina tiene que ver con la prisión, cuando podría haber trabajos comunitarios y un montón de cuestiones que tengan que ver con que la cárcel no sea el posgrado en actividades delictuales. Eso no ocurre en Argentina, no está la oportunidad y es marginal la capacitación, son marginales los espacios de inclusión y estos procesos que tienen que ver con brindar herramientas para evitar la reincidencia. No hay un compromiso ahí”, opinó González Perejamo.
