La transformación digital, que se aceleró con la pandemia, sobre todo para países con menos desarrollo, trae consigo mejoras, cambios macro, oportunidades, nuevas problemáticas y desafíos, solo para resumir.
En el marco de estos procesos, dará lugar a una nueva generación de derechos: los digitales. Así lo afirmó Mario Adaro, juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, al participar del séptimo encuentro del ciclo Pilares que organiza Los Andes.
“En un país como el nuestro, si uno hace un salto a la transformación digital contemporáneamente con eso empieza a construir derechos digitales fundamentales, va a haber una cuarta generación de derechos después de los sociales, políticos, ambientales, que es digital, el ser humano digital”, explicó el juez que lideró este proceso en la Justicia mendocina.
Con esto hizo referencia a lo que se conoce como la cuarta generación de derechos humanos y que están asociados al universo digital e informático. Abarcan aspectos como el acceso, la protección de datos y la seguridad.
La primera generación de derechos humanos había surgido con la Revolución Francesa y hace referencia a los derechos fundamentales, políticos y civiles. La segunda generación involucra derechos colectivos, tanto económicos, sociales como culturales.
En tanto, la tercera son los llamados derechos de los pueblos o de la solidaridad, involucra la cooperación entre naciones y sus diversos estamentos e incluye aspectos como el cuidado del ambiente, la paz y el desarrollo.
“Está pasando en países menos desarrollados como el nuestro, el problema de la accesibilidad: tanto la conectividad como la accesibilidad económica a los equipos y esa es otra discusión que tiene un gran desafío que tiene el poder político, cómo da esa accesibilidad para que no haya mayor nivel de vulnerabilidad y marginación de ciudadanos que frente a un gobierno que empieza a mejorar sus tiempos, su transparencia y digitaliza, no excluya”.
Qué son los derechos digitales
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) llama a garantizar la protección de los derechos humanos en la era digital. “Los derechos humanos deben respetarse tanto en línea como fuera de Internet. Las tecnologías digitales proporcionan nuevos medios para ejercer los derechos humanos, pero, con demasiada frecuencia, también se utilizan para violarlos. La protección de los datos y la privacidad, la identidad digital, el uso de tecnologías de vigilancia y la violencia y el acoso en línea son cuestiones que despiertan especial preocupación”, expresa.
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, es una iniciativa de la ONU que lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo y en ese marco también apunta en ese sentido. Describe que los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos aplicados a la era digital.
Para la organización, estos fomentan un modelo de transformación digital que debe reforzar la dimensión humana. Describe que tienen por objetivo garantizar el acceso a Internet a todas las personas para cerrar la brecha digital, y promover un uso correcto de la red como un bien común de toda la humanidad.
En la actualidad no existe un estándar de estos derechos, sino que cada país ha creado su propia carta de derechos digitales.
Estos comprenden algunos ejes, cuyos temas ya están en la agenda pública y se relacionan con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU:
-Derecho a la protección de datos y ciberseguridad
-Derecho a la no discriminación en el entorno digital
-Derechos digitales en el ámbito laboral, incluye derecho a la desconexión
-Derecho a la educación digital
-Derecho ante la inteligencia artificial
-Derecho a un entorno digital sostenible
Respecto de la inteligencia artificial se destaca que no se debe perder de vista que las personas deben estar en el centro de las decisiones.
Mejoras para la Justicia
Adaro refirió además que la transformación tecnológica viene a resolver tres demandas fundamentales que se le hacen a la Justicia: “Ser más eficiente, ver si la tecnología viene a mejorar los tiempos de la Justicia que es la gran exigencia, también exigen transparencia y creo que la tecnología va a permitir, a través de datos abiertos, de una construcción distinta y una masificación de los datos ser más transparente sobre cómo resuelve, como rinde cuentas, cómo se pueden controlar sus tiempos”, mencionó.
“El otro tema es la independencia: creo que en algún momento uno va a poder, con tecnología, saber si las decisiones de juezas y jueces están determinadas en forma independiente o no, de determinados intereses, pero ese es otro capítulo, es un capítulo que viene después”, consideró.
Los cambios en la Justicia mendocina
Adaro explicó que desde hace 15 años Mendoza viene liderando la digitalización de los procesos. “La primera concepción fue un expediente digital que hiciera de soporte al papel, es decir un seguimiento digital de lo que pasaba en el papel, eso nos fue permitiendo conocer cuál era el funcionamiento de lo digital, sin dudas el catalizador final fue la pandemia, nosotros no teníamos recepción virtual de escritos (y se logró) con un desarrollo que hizo en quince días el equipo del Poder Judicial”, explicó.
Destacó que así surgió la mesa de entradas digital que hizo más de 4 millones de transacciones. Además, explicó que en paralelo el Poder Judicial había resuelto una licitación de gestor documental con una empresa código propietario que es lo que se venía haciendo sobre todo en los fueros civil y laboral. También se generó un sistema propio para el fuero penal.
“De allí se saltó a una mesa de entradas única para la presentación de escritos y en esa etapa estamos (...) el Poder Judicial de Mendoza está absolutamente digitalizado”, subrayó.
En ese marco hizo referencia a la necesaria gobernanza de datos: “Si no tenés gobernanza de datos, no podés hacer un proceso de transformación y si lo haces no va a ser un buen proceso (...) hay que construir qué problemas se quiere resolver y a partir de eso avanzar en la transformación digital”.
Así las cosas, adelantó cuál es el próximo paso en el que se busca avanzar: que los ciudadanos tengan firma digital para gestionar. “Lo que no está resuelto todavía y es parte del desafío que tenemos como organización pública, y el Poder Judicial va a empezar a desarrollar este año, es la firma ciudadana”, anticipó.
Luego detalló: “Los ciudadanos no tienen firma –en referencia a la firma digital– porque tienen que hacer un trámite presencial y a lo mejor algunos trámites no están teniendo firma digital pero sí electrónica, la diferencia es que si bien las dos son válidas, una es más robusta. El tema es probar si el que firmó soy yo o no, con la firma digital no lo tengo que probar”.
Esto es algo que tiene Estonia, el país más avanzado del mundo en gobierno digital, Uruguay y en algún momento intentó tener San Luis. “La idea es que uno cuando saque la identidad de su documento pueda tener también un token, muchos lo tienen en su DNI con un chip, sirve para identificar al ciudadano, lo mismo que hoy se hace el Registro Nacional de las Personas”, explicó.
