Los incendios registrados entre el sábado 28 y el domingo 29 de octubre en el piedemonte mendocino -con algunos re encendidos que se extendieron incluso hasta el lunes 30- marcaron una verdadera tragedia en lo que a ecosistema y equilibrio ambiental se refiere. No solo porque se trataron de los más grandes y graves en los últimos 20 años -afectaron al doble de superficie de los focos importantes que incluyeron los episodios de 2018 en la zona del cerro Arco-, sino también porque -estiman- la recuperación del entorno demandará entre 3 y 4 décadas.
Una vez ya controlada la situación -al menos en lo que a la extinción del fuego se refiere-, especialistas del Instituto Nacional del Agua iniciaron trabajos en las zonas afectadas (casi 4.000 hectáreas) para evaluar los impactos hidrológicos de los incendios en el piedemonte, tanto en lo que tiene que ver con los efectos así como también con riesgos hidrológicos remanentes en la zona, al oeste del Área Metropolitana de Mendoza.
“El piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza es una zona de riesgo aluvional. Durante varios años, las urbanizaciones en la zona ocuparon el territorio de manera no racional y ello es lo que ha ocasionado problemas de escorrentía, empujados por la impermeabalización del suelo y una serie de factores que aumentan marcadamente el riesgo aluvional”, resumió el subgerente del Centro Regional Andino del INA, Santiago Ruíz Freites.
En ese sentido, el referente indicó que la zona que se ve afectada por esta situación está comprendida entre San Isidro (al norte) hasta la zona de La Crucesita (al sur), siempre sobre la traza del piedemonte.
En 2019, un estudio puntual y específico llevado adelante por el INA logró establecer los riesgos hidrológicos en las urbanizaciones del piedemonte y el impacto en la topografía natural de los cauces aluvionales. En ese sentido, se evaluaron las amenazas aluvionales y cómo había impactado el avance urbano sobre la zona, además del cambio climático.
“El efecto de urbanizar como no corresponde y de avanzar sobre las cuencas aluvionales lleva a que se aumente 7 veces el caudal en caso de lluvias importantes. Pero el incendio y lo que se ocasionó en 2018, así como también lo que ha ocurrido ahora, puede aumentar la escorrentía hasta 10 veces cuando llueva, más de lo que se aumenta cuando está mal urbanizado”, destacó Ruíz Freites.
EL ESTUDIO SOBRE EL SUELO
Los investigadores del INA que están trabajando en la zona afectada (el dato actualizado arroja que son exactamente 3.923 las hectáreas afectadas) son Víctor Burgos y Ana Paula Salcedo. A ellos se suma la cooperación técnica con la Fundación Cricyt (CCT) para estudiar la problemática en la zona, algo idéntico a lo que se hizo para el incendio del 2018 y que afectó a los cerros Arco y Gateado.
Según explicó el subgerente del Centro Regional Andino del INA, el objetivo principal de este estudio es cuantificar los impactos hidrológicos causados por los incendios, así como también estimar los riesgos asociados a la erosión del suelo y las posibles crecidas aluvionales en caso de tormentas severas. Además, se buscarán soluciones para minimizar estos riesgos y restaurar las áreas afectadas.
Hasta el momento, por medio de un estudio previo en base a algoritmos en Google Earth Engine (GEE) que procesó imágenes satelitales Landsat 9 en un sistema de información geográfica, se han calculado 3.923 hectáreas quemadas en tres zonas principales.
En la Zona Norte, que comprende El Challao y Divisadero Largo, se incendiaron 1.700 hectáreas. La Zona Sur, en tanto, se divide en dos grandes focos. Por un lado, Vertientes del Pedemonte (la más afectada, con 2.200 hectáreas quemadas), y por el otro la Colonia Suiza, en Blanco Encalada (23 hectáreas afectadas).
Además, siempre de acuerdo a estos primeros resultados -actualizados a la fecha-, se observa que los porcentajes afectados en las cuencas aluvionales son dispares, según la zona. En la cuenca del colector Blanco Encalada, por ejemplo. la afectación llega a 43%, mientras que en la de San Isidro asciende a 17%. En la cuenca Sosa Sur, en tanto, asciende a 15%, mientras que en la de Papagayos la superficie afectada llega a 14%. Por último, en la cuenca Casa de Piedra la afectación es de 1%.
“Un incendio rompe siempre la cobertura natural vegetal y que hace a la contención. Al quemarse, genera una impermeabilización en el suelo, lo que hace que el agua no se infiltre y, por ende, se escurra más rápido. Pero, además de evitar la filtración y aumentar el escurrimiento, esto puede también ‘romper’ el suelo, generar erosión y arrastrar parte del material de ese suelo, lo que puede derivar en que se obstruyan obras aluvionales. Todo esto implica un riesgo aluvional”, destacó Ruíz Freites.
En ese sentido, además, la reducción de vegetación en zonas de interfluvio y en el fondo de cauces naturales aumenta la velocidad de las crecidas aluvionales, lo que representa un riesgo significativo para las áreas cercanas a los cursos de agua y las zonas habitadas aguas abajo.
A ello se suma el escenario atmosférico y meteorológico más próximo. Porque, como parte del Efecto de El Niño, así como se registraron más nevadas, se espera que hayan más escurrimientos y más lluvias intensas cuando llegue esa temporada. Y es por ello que hay que resulta urgente trabajar cuanto antes en las zonas aluvionales que se vieron afectadas por los incendios.
TRABAJOS A FUTURO
Con miras de mitigar estos efectos, y en el contexto de los trabajos que ya inició el INA y la Fundación Cricyt (CCT), ya se está avanzando en la implementación de medidas de restauración ecológica en las áreas afectadas. Entre ellas se destacan la reforestación y la estabilización de las laderas en los cauces secos.
Las soluciones basadas en la naturaleza, como trampas de agua, bioretenciones y jardines de lluvia, ayudarán también a retener temporalmente las crecidas y favorecerán la recuperación de la vegetación. En ese sentido, desde el INA consideraron que resultará fundamental mantener un monitoreo constante de las condiciones climáticas, del estado del suelo y de la atmósfera para estar preparados y gestionar adecuadamente los riesgos hídricos en caso de tormentas severas en la región del piedemonte del Gran Mendoza.
En Mendoza existe un decreto (1.077/95) donde se establece la metodología de urbanización en el piedemonte. Entre otras cosas, se fija que en estos sectores debe evitarse copiar el modelo de sentido de cuadrícula -calles rectas y asfaltadas en sentido de este / oeste- y con desnivel. Y es que, de esta manera, hay menor impermeabilización y mayor escorrentía de agua.
Sin embargo, durante muchos años no hubo ley de Ordenamiento Territorial, por lo que con la concreción de múltiples desarrollos urbanísticos se taparon cauces aluvionales y se desmontaron montes naturales.
En 2019, luego del incendio en los cerros Arco y Gateado (que afectaron 1.500 hectáreas en total), el INA llevó adelante un estudio similar al que comenzó ahora. Y, durante ese estudio, se detectaron zonas en riesgo y se determinaron cuáles eran los impactos, además de elaborar un mapa con las zonas de alto y bajo riesgo aluvional.
Todo esto dio sirvió como antecedente para la sanción de la Ley Provincial 9.414/22 (conocida como de regulación del piedemonte), que se sumó a lo que ya establecía la ley 8.051 (de Ordenamiento Territorial). Según definió Ruíz Freites, esta nueva ley -que tomó datos técnicos provistos por el INA- fue una clara muestra del “diálogo entre la ciencia y la política”.
“En conclusión, lo que establecen estas normas es que la zona se puede ocupar, siempre que se respeten los cauces naturales, las zonas de escurrimiento, se evite la impermeabilización y se respete la morfología. Lo primero que hay que hacer ahora, en el contexto de este estudio, es medir la afectación de esas casi 4.000 hectáreas afectadas, hacer un recorrido con el CCT para evaluar el daño ambiental y comenzar a planificar cómo se va a hacer la recuperación ecológica de la vegetación (ya a largo plazo).
A lo largo de todo el piedemonte mendocino, el INA cuenta con una red de pluviómetros. Se trata de cerca de 20 estaciones que miden la lluvia.
Además, trabaja con un sistema de alertas, ya que el INA forma parte del comité de consejo operativo de emergencia provinciales, junto con Defensa Civil, el Servicio Meteorológico Nacional, y la dirección de Hidráulica. Por medio de este sistema, miden la precipitación acumulada e informan las distintas situaciones.
