El de J. C. G. -según sus iniciales- es un nombre que la mayoría de los bodegueros mendocinos prefieren no escuchar. Y, si lo hacen, el dolor de cabeza es inevitable. Porque este hombre, imputado actualmente por “Estafas Genéricas”, solamente en dos de sus artimañas engañó a una bodega de San Rafael y a una distribuidora de vinos de Cuyo por más de 27 millones de pesos. Siempre con cheques falsos, sin fondos.
No solo ello, sino que por el último de los engaños -perpetrados en 2023 y por un monto cercano a los 16 millones de pesos-, la víctima le reclama en la Justicia la suma de 49 millones de pesos (monto actualizado a la fecha).
Por esto mismo es que la chance de cerrar este proceso con un juicio abreviado es algo que preocupa a quien demanda a J. C. G. Y es que, en una audiencia celebrada a fines de agosto, la fiscalía y la defensa de J. C. G. propusieron un acuerdo de juicio abreviado, donde el estafador reconocería la autoría del delito y se lo condenaría penalmente a 1 año y 8 meses de prisión en suspenso (al ser menor a 3 años, no queda detenido y sale en libertad).
Lo que preocupa a la víctima de las estafas es que el caso llegaría de esta manera a una resolución sin que se condene al estafador a responder económicamente por sus delitos. Además, consideran, tendría el camino allanado para regresar a sus andanzas.
Si bien es en el fuero civil donde la víctima debería solicitar una compensación económica -en una causa paralela a la penal-, existe una herramienta para que en la condena penal (esa misma propuesta que incluye los 20 meses de condena) se incluya también la obligación de responder económicamente. Y es ello lo que ha solicitado la víctima de J. C. G. y para que se incluya en el mismo acuerdo del juicio abreviado.
Ante esta presentación, la jueza entendió que, dado el complejo mecanismo y la magnitud de las operaciones de J. C. G. para estafar sistemáticamente (en el expediente se incluyen múltiples estafas en otras provincias, algunas ya elevadas a juicio), la condena debía desprenderse de un juicio plenario tradicional. Además de rechazar la posibilidad de abreviado, la magistrada -María Cristina Pietrasanta- se inhibió de entender nuevamente en la causa.
“Lo peor que puede recibir esta persona como condena es una inclusión del reclamo civil, además de la prisión en suspenso, ya que sistemáticamente estafa en cientos de millones al rubro del vino. Pero no encontramos una respuesta que incluya este reclamo, aún habiéndole solicitado a la fiscalía que lo hiciera”, destacó el demandante y quien fue estafado por J. C. G., el abogado Roberto Signoretti.
Signoretti, encargado de la franquicia en San Luis de la distribuidora Gran Casa Vinos, insistió en que existen las herramientas en el derecho penal para que se reparen los daños civiles, por lo que solicitan que se utilicen.
“Si a esta persona le firman la condena a 1 año y 8 meses, sale en libertad al otro día y no tiene que poner un peso. No se va a haber alcanzado la justicia real, aún teniendo todos los elementos para ello. Es un oportunidad haber logrado detener a un tipo como este. Se movió todo el aparato judicial para logarlo, con participación de policías de investigaciones a otras provincias. ¡Y se va a ir sin poner un peso!”, agregó.
En ese sentido, detalló que ya se han ordenado medidas para trabar embargos sobre dos autos que son de propiedad del imputado, y que existe la posibilidad de que se incluya en dicho acuerdo la puesta a disposición de esos vehículos.
“Tenemos información certera de que prendió fuego uno de los autos que tenemos embargados, lo que demuestra hasta dónde es capaz de llegar antes de poner un peso. Salir a buscarlo en la vía civil con un perfil como el que tiene nos hace sentir nuevamente como víctimas, aún habiendo logrado todo lo que ya logramos”, siguió Signoretti.
“Es contradictorio investigarlo, detenerlo, trabar embargo sobre sus bienes por ser un delito eminentemente económico y que la víctima no pueda reparar su daño porque no se utilizan herramientas que existen para poder repararlo. Da bronca que un paracaidista como este aparezca una, dos o tres veces y perjudique a la industria principal que nos da trabajo en Mendoza”, cerró.
QUIEREN QUE EL ESTAFADOR SEA OBLIGADO A DEVOLVER EL DINERO
Entre mayo y junio del año pasado, “el gran simulador” contactó al encargado de la distribuidora. Lo hizo bajo el nombre de Luis Duarte y, en dos compras distintintas, adquirió lotes de botellas de vino por un total de 16 millones de pesos (1.100 botellas en 15 palets).
Vía mail, identificándose como Duarte, el comprador hizo la primera solicitud por la compra de 7 palets de vino por un monto de 8 millones de pesos. Luego intercambiaron números de teléfonos y continuaron el contacto comercial por ese medio. Signoretti fue el encargado de vincular a las bodegas con el comprador e hizo ese primer envío una vez que recibió el cheque firmado por el comprador (siempre identificado como Luis Duarte).
Semanas después, el comprador reiteró un pedido similar y por el mismo monto, otros 8 millones de pesos. Se repitió todo el mecanismo -envió el cheque y el encargado de la distribuidora coordinó el despacho del nuevo envío-.
A partir del 10 de agosto de 2023 comenzaron los problemas. En WhatsApp, los mensajes que el encargado de Gran Casa Vinos enviaba a Duarte (quien en realidad era J.C.G.) quedaban con un solo tilde, señal de que no llegaban.
En simultáneo, “saltaron” los rebotes de los pagos en las bodegas y con los cheques que el comprador había enviado.
Ya no había dudas: el representante de la distribuidora de vinos había sido víctima de una millonaria estafa. Y, por su cuenta, la víctima inició su propia búsqueda e investigación. Hasta que en enero de este año, Signoretti -acompañado por el abogado penalista Andrés Godoy- radicaron la denuncia en el MPF de Mendoza con todas las pruebas.
Es esta denuncia la que ha avanzado en la Justicia de Mendoza hasta llegar a la reciente posibilidad de juicio abreviado. Y donde la víctima y su abogado, en la figura de querellantes constituidos como actores civiles, solicitaron que en en esa propuesta de acuerdo se incorpore la reparación del daño económico como parte de la condena.
Fundamentaron este pedido en el hecho de que, tratándose J. C. G. de una persona con causas en muchas provincias y quien crea sociedades fantasmas, abre cuentas y falsifica cheques -entre otras cosas-, no quieren verse privados de la posibilidad de ser reparados en el daño en caso de tener que iniciar el reclamo en vía civil.
De manera directa, los damnificados solicitaron que se incluya en la condena la devolución del monto de los cheques rechazados, con el monto actualizado a la fecha. Ello teniendo en cuenta que, consideran, “no existe duda de que el daño surge del actuar del imputado, quien admite los hechos y la prueba”.
Ante este pedido de incluir en la condena la obligación para que J. C. G. responda económicamente por las estafas, la jueza se excusó de resolver. Y fue la fiscalía quien, insistiendo en la propuesta de juicio abreviado, apeló la decisión (con la adhesión de los abogados del denunciado) al entender que la magistrada debería haber resuelto de igual forma.
La apelación llegó a la cámara, donde -tras analizar el recurso-, no hicieron lugar al entender que no existía ningun daño irreparable que lo justificara. Por ello la causa regresó al tribunal oral, donde la fiscalía y el imputado insistieron en el juicio abreviado inicial.
ANTECEDENTES
El hoy imputado por estafas fue detenido en San Rafael (Mendoza) a última hora del miércoles 7 de agosto pasado. Fue en el momento en que llegaba a la casa de sus padres y luego de un trabajo colaborativo entre la Justicia de Mendoza, de Córdoba y otras provincias, así como también de la Policía de Investigaciones de estos sitios.
En abril de 2022, J. C. G. ya había sido imputado en la localidad cordobesa de Huinca Renancó (donde está domiciliado) luego de que, por orden judicial, se secuestraran 40.000 botellas de vinos de un depósito. La carga estaba valuada en 11,5 millones de pesos y, oportunamente, el episodio fue denunciado por un bodeguero de San Rafael (Mendoza), tras descubrir que el estafador también había pagado por ellas con cheques falsos.
Al momento de aquel secuestro, la mercadería estaba lista para ser comercializada.
Pero el prontuario de J. C. G. no queda allí. También a raíz de la difusión de la más reciente estafa -y que valió su imputación y detención-, un abogado de Río Cuarto (Córdoba) se contactó con el Ministerio Público Fiscal de Mendoza para aportar datos sobre otros delitos por los que está imputado en la provincia mediterránea.
Además, en Huinca Renancó y en el Sur de la Provincia de Córdoba, sus andanzas delictivas son conocidas y vox populi. Entre ellas sobresale otra causa de fines de 2017, por el delito de usurpación de 200 hectáreas. Se suman, además, la participación en un episodio de daños y amenazas en 2022 y una causa en curso en la Cámara del Crimen de Rio Cuarto por supresión de documento.
