La monja japonesa Kumiko Kosaka es una de las 9 mujeres imputadas de cara al segundo de lo juicios por los abusos sexuales a niños sordos y niñas sordas en el instituto religioso Antonio Próvolo (Luján de Cuyo); proceso que -de no mediar inconvenientes ni contratiempos- comenzará en el mes de mayo en los Tribunales de Mendoza. Y la novedad es que la religiosa llegará al inicio del proceso judicial privada de su libertad, según lo dispuesto durante la mañana de este martes por el Tribunal Colegiado presidido por el juez Horacio Cadile. Los magistrados prorrogaron el plazo de prisión preventiva por tres meses más.
La monja Kosaka (46) es la única de las acusadas que no está en libertad -cumple la prisión en modalidad domiciliaria-, y sus abogados habían solicitado el cese de esta situación. No obstante, el Ministerio Público Fiscal -en la figura del fiscal Alejadro Iturbide- y los abogados de las víctimas de los abusos se habían opuesto a esta solicitud; y solicitaron al tribunal una prórroga. Ante estas requisitorias, finalmente los jueces se expidieron durante la mañana de hoy e hicieron lugar al pedido de la parte acusatoria al extender la domiciliaria de Kosaka (que cuenta con 6 imputaciones) durante 90 días.
El Caso Próvolo ya tiene a cuatro hombres condenados por los delitos de abuso sexual (simple y agravado) y corrupción de menores de edad mientras estudiaban y dormían en el instituto. Entre los sentenciados hay dos curas, Horacio Corbacho -condenado a 45 años de prisión- y Nicola Corradi, -condenado a 42 años de cárcel-).
Si bien se esperaba que el segundo juicio comenzara el lunes 12 de abril, la situación sanitaria -sumado a que una de las imputadas estaba aislada con sospechas de coronavirus- llevo a que se aplace por 15 días hábiles el inicio del debate con miras a garantizar los protocolos sanitarios. Por esto mismo se espera que en los próximos días se confirme la fecha de reprogramación.
Un caso conmocionante
El Caso Próvolo marcó un antes y un después; no solo en Mendoza, sino también en el país y hasta en el mundo. La histórica y mencionada condena a los dos sacerdotes tras ser declarados culpables de los delitos de abuso sexual y corrupción contra chicos sordos y chicas sordas en el instituto religioso significó la condena más alta en la historia argentina contra dos religiosos involucrados en abusos sexuales eclesiásticos. E, incluso, la condena a Corradi trajo algo de tranquilidad en Italia y en la ciudad bonaerense de La Plata también; ya que el cura Corradi (nacido en Verona, Italia) tenía denuncias por episodios del mismo tipo en las dos sedes del instituto en esas ciudades –ocurridos con anterioridad a los abusos denunciados en Mendoza-.
Por sus actores involucrados y por lo terrible de los episodios, el caso (que también tuvo a un ex monaguillo –Jorge Bordón- y a un ex jardinero –Armando Gómez- condenados a 10 y 18 años de prisión respectivamente) centró la atención del mundo entero en Mendoza. Y la histórica sentencia, que se conoció el 25 de noviembre de 2019, contó con la cobertura de medios y periodistas del mundo entero.
Sin embargo, y más allá de esta importante y resonante condena; el Caso Próvolo aún no llega a su fin. Porque los mismos tribunales mendocinos serán el escenario del segundo de los juicios penales por los abusos a ex alumnos y alumnas del “instituto del terror”. Un debate que cuenta con las 9 imputadas ya citadas, ente ellas 2 monjas (a Kosaka se le suman Asunción Martínez).
Maratónico
Para este segundo juicio, las acusadas contarán con cerca de una quincena de abogados defensores (la mayoría particulares, aunque también hay defensores oficiales); mientras que las víctimas tendrán 11 abogados y abogadas querellantes. De entrada ya se espera que sea un proceso más complejo que el de hace casi dos años.
Todo el juicio engloba a tres causas que fueron unificadas en un único debate; y en total se ha incluido a 189 testigos para que presten declaración. Por esto mismo es que en los pasillos de Tribunales coinciden –y sin demasiada sorpresa- en que la extensión de este segundo juicio podría llegar a un año (o más).
Semipresencial
Los rigurosos y estrictos protocolos relacionados con la pandemia de coronavirus también tendrán su incidencia en el día a día del debate. Al tratarse de un delito de instancia privada (abusos sexuales) y a fin de preservar la intimidad de los y las denunciantes, no se permitirá el ingreso de medios a la sala de debate. Pero, y a diferencia del primer juicio, tampoco se permitirá la presencia de medios, periodistas y camarógrafos en el interior del edificio del Poder Judicial, dadas las recomendaciones de no aglomerar muchas personas en espacios cerrados. En ese sentido, las notas, conferencias y guardias podrán realizarse en las escalinatas y exteriores del edificio ubicado entre Patricias Mendocinas, Virgen del Carmen de Cuyo y España. En cuando a las imágenes de las imputadas en la sala de debate, será el equipo de prensa del Poder Judicial el encargado de tomarlas y distribuirlas a los medios para su difusión (algo que se ha autorizado durante la lectura de las imputaciones y de la sentencia).
Si bien se había dispuesto que las audiencias en el transcurso del juicio sean semipresenciales, dada las novedades recientes referidas al aislamiento de una de las mujeres imputadas no descartan que -al menos al principio- todas las audiencias sean virtuales.
En ese sentido, de acuerdo a la planificación inicial -y de no aplicarse la virtualidad plena-, se espera que las 9 imputadas asistan en su totalidad a la sala durante las primeras tres jornadas de este segundo juicio –período en que se extenderá la lectura de las acusaciones formales de las imputaciones-; mientras que las jornadas restantes podrán conectarse desde sus domicilios y de manera remota. Lo mismo ocurrirá con los abogados, teniendo en cuenta que entre todos se contabilizan 25-; pero no todos asistirán en simultáneo a la Sala 4 del Fuero Penal Colegiado (el mismo donde se celebró el primero de los juicios) ni a las teleaudiencias.
De hecho, no todos los magistrados estarán en la sala, también por cuestiones de protocolo. De manera presencial, durante cada jornada solo permanecerá el presidente, el juez Cadile. Además, las audiencias se celebrarán de lunes a viernes, de 8 a 13; y hay jornadas confirmadas –a priori- hasta el mes de agosto de este año.
En cuanto a las imputadas, el día en que se lea la sentencia –conclusión del juicio- deberán estar presentes de forma presencial y en su totalidad; de la misma manera en que deberían hacerlo cuando se lean las imputaciones.
No obstante, se espera que en los próximos días se confirmen en detalle las precisiones y cambios relacionados al inicio del juicio.
Declaración de las víctimas
Durante el primero de los juicios, el inicio del debate estuvo marcado por un enfrentamiento formal y técnico entre los abogados de los denunciantes (en conjunto con el Ministerio Público Fiscal) y la única abogada defensora oficial de los tres imputados (Corbacho, Corradi y Gómez). Mientras que la abogada de los imputados (y luego condenados) insistía en que las víctimas declararan nuevamente sobre los abusos que sufrieron y ya habían denunciados; el fiscal y los abogados de ellos resaltaban que no todos ni todas estaban en condiciones de hacerlo; y que eso podría significar una situación de revictimización (con el trauma que le representaría revivir en su relato los terribles episodios que vivieron en el interior del instituto y sus albergues).
En el primer juicio, el tribunal resolvió que se permita la reproducción de las declaraciones de los denunciantes en las cámaras Gesell –grabadas durante la instrucción e investigación- y que sean consideradas como las declaraciones oficiales durante el mismo debate. En ese sentido, se estableció además que de ser necesario, las víctimas podrían ampliar en el momento sus declaraciones; siempre y cuando los peritos psicológicos y psiquiatras concluyeran en que el o la joven estaba en condiciones óptimas para declarar.
Para este segundo juicio y en un principio, se ha dispuesto la reproducción de 39 cámaras Gesell (en el primer jucio fueron 10). Y, al igual que en el debate de 2019, se ha especificado que -de ser necesario-, se citará a la víctima a declarar de manera presencial. Una vez más, de acuerdo al protocolo confeccionado, será responsabilidad del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) desarrollar los exámenes que permitan determinar si las víctimas están en condiciones de declarar de forma presencial –a través de cámara Gesell- o si no pueden volver a prestar declaración.
A diferencia de lo ocurrido en el primer juicio, se espera que los abogados defensores de las acusadas aporten (como peritos de parte, subjetivos) sus propios intérpretes de Lengua de Señas Argentina. Y aquí es probable que se generen algunos cortocircuitos, teniendo en cuenta que las intérpretes oficiales de la causa son la columna vertebral de la causa, y un grupo de abogados defensores de las imputadas basó su estrategia (previa a la llegada del juicio) en desacreditar y desmentir las interpretaciones que hicieron los y las intérpretes a lo largo de toda la investigación (aún, incluso, cuando estos profesionales recibieron el apoyo y aval de instituciones oficiales). Y también arremetieron contra psicólogos y psiquiatras del Cuerpo Médico Forense, quienes indicaron que en las denuncias de los ataques sexuales no había indicios de manipulación o fabulación.
La situación de las imputadas
De las 9 imputadas que tendrá en el banquillo (real y virtual) el segundo de los juicios, 8 de ellas están en libertad. Esto significa que, por ejemplo, podrán llegar a Tribunales por sus propios medios y retirarse por su cuenta. Ellas son la monja Asunción Martínez (53); la ex representante legal del instituto, Graciela Pascual (65); las ex directoras del instituto Gladis Pinacca (66), Cristina Leguiza (50), Valeska Quintana (48), Laura Gaetan (60); la psicóloga Cecilia Raffo (43) y la ex cocinera del Próvolo, Noemí Paz (63).
La monja japonesa Kumiko Kosaka (46), en tanto, es la única que está en prisión a la espera del juicio y la sentencia (la cumple en modalidad domiciliaria); por lo que es la única imputada que deberá ser notificada al llegar a Tribunales en el área del Servicio Penitenciario.
La primera de las causas que se unificó para este juicio está caratulada con el número P-28.674/17 y tiene a la monja Kosaka como imputada. Son 6 las acusaciones formales que arrastra la religiosa y que la llevan al lugar de acusada; y con la misma cantidad de víctimas denunciantes.
Respecto a las imputaciones, entre ellas se la señala como “participe primaria en términos de comisión por omisión (…) del delito de abuso sexual con acceso carnal”. Entre otras denuncias, una de las víctimas (menor de 18 años al momento del hecho específico) señala que fue la monja -quien cumplía funciones como encargada del albergue de mujeres del instituto- quien le ordenó ingresar a la habitación de uno de los curas para entregarle una cesta con pan que habían horneado en el taller. De acuerdo a la declaración de la víctima en el expediente, en esa ocasión el sacerdote la violó. De acuerdo a la acusación de la fiscalía, entonces, la monja ordenó a la adolescente que ingresara a la habitación del cura (Corbacho), conociendo las reiteradas acusaciones por abuso sexual que pesaban contra él. Y es sobre lo que deberán expedirse los jueces. Por esta violación, Corbacho ya fue condenado.
Además, Kosaka cuenta con tres acusaciones por ser autora de episodios de corrupción de menores; y con otra imputación por abuso sexual simple, acompañada –esta misma situación- de un nuevo episodio de corrupción.
La otra de las causas que involucra a la monja japonesa (P-78.790/18) tiene a un joven (también menor de 18 años al momento del hecho) quien la acusa de ser autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Esta es la séptima imputación con que llega la religiosa; única imputada en estar privada de su libertad.
En cuanto a las otras 8 imputadas, su participación está detallada en la causa P-60.030/17. Aquí hay 11 denunciantes, y las imputaciones están diferenciada según cada una de las protagonistas; aunque todas giran en torno a la figura de comisión o partícipe de comisión por omisión (al no denunciar las situaciones atípicas, consideran que facilitaron los abusos y episodios de corrupción contra niños y niñas).
En el caso de la ex representante legal, Graciela Pascual; la acusación formal es como “partícipe necesaria en términos de comisión por omisión” para que se concreten los ataques sexuales de Corbacho, Corradi, Gómez, Bordón (los cuatro ya condenados) y un ex jardinero que estaba denunciado, pero fue absuelto tras ser declarado inimputable.
En cuanto a la monja Martínez y a la ex cocinera Paz, la imputación es también por “participación necesaria en términos de comisión por omisión” en los delitos; mientras que las ex directoras (Pinacca, Leguiza, Gaetan y Quintana) y la psicóloga Raffo están imputadas como partícipes secundarias en esos episodios.
En detalle
Tribunal
-Horacio Cadile (presidente).
-Gabriela Urciuolo (primera vocal).
-Rafael Escot (segundo vocal).
-Belén Salido (primera suplente).
-Belén Rena (segunda suplente).
Fiscalía
-Alejandro Iturbide (Jefe de Fiscales de Delitos contra la Integridad Sexual).
-Gustavo Stroppiana (Fiscal que instruyó la causa).
Imputadas
-Kumiko Kosaka (46, monja).
-Asunción Martínez (53, monja).
-Graciela Pascual Ivars (65, ex representante legal).
-Gladys Pinacca (66, directora del Próvolo entre 1997 y 2008).
-Cristina Leguiza (50, directora del Próvolo entre 2008 y 2010).
-Laura Gaetan (60, directora del Próvolo entre 2010 y 2013)
-Valeska Quintana (48, directora del Próvolo entre 2013 y 2017).
-Cecilia Raffo (43, psicóloga que se desempeñó en el instituto).
-Noemí Paz (63, ex cocinera del instituto).
