Dentro de un contexto enrarecido, que tuvo como capítulos más resonantes el grave atentado contra la vicepresidenta de la Nación y el juicio oral por la causa Vialidad, el clima para el ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina se vio tensionado en el último semestre y especialmente en las últimas semanas.
El ataque sufrido por la vicepresidenta, repudiado de inmediato por Adepa, entre muchas otras instituciones, desató una lamentable campaña por parte de ciertos sectores del oficialismo, que buscó vincular de modo temerario la actividad periodística con este episodio delictivo.
En dos comunicados, Adepa condenó enérgicamente el atentado y exigió una diligente investigación judicial que permita el esclarecimiento total y definitivo de lo ocurrido. También advirtió que, con el pretexto de combatir discursos de odio, no se debe promoverlos ni pretender silenciar las críticas. Eso sería afectar la libertad de expresión. En el sistema democrático, la tarea informativa de medios y periodistas puede ser cuestionada, pero la crítica -aun la más vehemente- está lejos de constituir delito.
Tampoco puede ser una excusa para regular los contenidos que se expresan en los medios de comunicación. Nuestra Constitución Nacional es muy clara: la ciudadanía debe gozar de la posibilidad de expresar sus opiniones sin censura previa. Lo mismo sostiene la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que nuestro país adhiere. De hecho, la legislación argentina se desprendió en las últimas décadas de aspectos autoritarios y anacrónicos, como los delitos de desacato y calumnias e injurias, algo que entonces fue celebrado por Adepa y la sociedad.
Cabe destacar que las derivaciones discursivas posteriores al atentado luego fueron morigeradas, al menos en su potencial efecto legislativo, por la propia vicepresidenta y por la portavoz presidencial. Lo recibimos como un hecho saludable.
De todos modos, la imputación indirecta al periodismo, sin base fáctica ni científica alguna, ha continuado manifestándose por medio de otros referentes del oficialismo. Acaban de anunciarse proyectos legislativos que podrían interferir en la libertad editorial. Obviamente, el periodismo no está exento de cometer errores y aun de afectar derechos de terceros. Pero siempre estará abierta la instancia judicial para eventuales reparaciones.
Desde su última asamblea, Adepa tuvo que expresarse en reiteradas oportunidades por expresiones peyorativas y de intolerancia de altos funcionarios y políticos contra medios y periodistas. Una de las argumentaciones más usuales es la que busca confundir las investigaciones periodísticas por casos de corrupción y sus derivaciones judiciales con la idea del “lawfare”. Recientemente se conoció incluso un proyecto de ley que busca tipificar esta construcción.
Adepa reitera que ninguna ley debe condicionar la investigación periodística, afectar el debate público propio de la naturaleza democrática e interferir con la labor judicial y la independencia de los tres poderes del Estado. Como dice la jurisprudencia sentada en democracias occidentales, funcionarios y políticos están sometidos a un mayor nivel de escrutinio justamente por su rol de figuras públicas, por el espacio que voluntariamente ocupan en la sociedad y por su responsabilidad como funcionarios del Estado o aspirantes a serlo.
Con eso se busca asegurar una discusión de los asuntos públicos lo más amplia y diversa posible, sin prejuicios, tabúes, ni autocensura. Por el contrario, la estigmatización a la prensa y el intento de responsabilizarla por problemas de gestión o por hechos de corrupción son nocivos para el debate público, ya que desvían la atención de los problemas reales y de las soluciones que demandan.
Insistir en tales teorías desde la política conduce a exacerbar la intolerancia que predomina en posiciones radicalizadas e incluso puede servir de antesala a otro tipo de agresiones contra periodistas como algunas de las que sucedieron en los últimos meses y que Adepa condenó.
Estamos por celebrar los 60 años de nuestra institución. Y dos tercios de la vida de Adepa han transcurrido desde la recuperación democrática de 1983, de la que pronto se cumplirán 40 años. Qué mejor que ese aniversario para reivindicar que nunca más las divergencias entre argentinos se resuelvan apelando a la violencia y al autoritarismo. El debate de ideas, la tolerancia a quien piensa distinto y el respeto a la labor periodística y la libertad de expresión son los principios que Adepa ha enarbolado pacíficamente desde su creación. Es un momento apropiado para ratificarlos.
