Florencia tiene un hijo en una escuela primaria pública y una hija en una secundaria técnica y el año pasado no tuvieron ningún contenido de Educación Sexual Integral (ESI).
“En el Departamento de Aplicación Docente, de la UNCuyo, la ESI se da en tercer año y el año pasado no se dio”, comentó Fernando, padre de una alumna.
Lorena, madre de un alumno también de cuarto año del secundario comentó que a principios del año pasado les llegó algo de contenido: “Se los mandó la preceptora, no hubo una clase ni intercambio de opinión”, advirtió. Los años anteriores los contenidos fueron casi inexistentes.
A casi 15 años de promulgada la ley nacional que establece la Educación Sexual Integral, su aplicación real sigue en veremos dado que las actividades en las escuelas son escasísimas, nulas o en muchos casos, disfrazadas con contenidos ajenos a ella. Peor aún, la pandemia, terminó de obstaculizarla en 2020.
Ana María Vega, es jefa de Formación Continua de educadores en Sexualidad en el instituto IES 9029 y contó que los docentes el año pasado hicieron lo que pudieron en las escuelas.
Por eso, en la Legislatura provincial buscan que Mendoza tenga su propia ley para de esta manera garantizar que se dicte en todos los colegios y, de aprobarse un proyecto que está en tratamiento, contar con herramientas de control y que al mismo tiempo permita exigir en caso de incumplimiento.
El lunes, los integrantes de la Comisión de Cultura y Educación de la Cámara de Diputados dieron despacho favorable a un proyecto de ley de la diputada Silvia Stocco (FdT-PJ) y su acumulado de Ana María Andía (UCR).
“La ESI se viene ejecutando tarde, mal y nunca”, dijo Stocco en diálogo con Los Andes, quien además preside la comisión. “Se da alternadamente, son talleres escasos, a veces un curso alcanza a tener un par de talleres por año, se pierde el cargo de un docente y no se abre el llamado nuevamente, hay muchas deficiencias en el dictado y esta discusión se viene dando hace mucho”, detalló.
Dijo que la ley está para cumplirla y si se aprobara se tendrá una herramienta para exigirlo, algo que incluso podrían motorizar desde la misma Legislatura.
Señaló que en las condiciones actuales la Dirección General de Escuelas (DGE) debería controlar el cumplimiento pero no hay seguimiento de lo que sucede. La idea es que al final del ciclo lectivo se deba elevar un informe que mida el impacto.
Para Vega tener una ley provincial sería positivo porque vendría a poner normas claras para instituciones que no se sienten interpeladas por la ley nacional y crearía un espacio de control que hoy no existe dentro de la DGE.
La ley N° 26.150 fue sancionada el 4 de octubre de 2006 con tan sólo un voto en contra en el Senado de la Nación. Implementa el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y establece que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada”.
Carrera de obstáculos
La aplicación de la ESI ha encontrado desde el inicio diversos obstáculos y la pandemia los profundizó. Entre ellos, la oposición de algunos padres que consideran que no son contenidos que deba dar la escuela y sobre todo entre los alumnos más pequeños, ya que está incluida desde el Nivel Inicial. Los cuestionamientos han obedecido sobre todo a la interpretación de los contenidos y por atribuir algunos que no están contemplados para ese segmento.
Por otra parte, instituciones religiosas han buscado la manera de evadirla e incluso transformarla llamándola “educación para el amor” como la han denominado algunas. Quizás es en este sector en el que el nuevo proyecto encuentre mayores reparos.
Florencia es docente en tercer grado de una escuela de Las Heras y para ella, la ESI desde la virtualidad fue algo raro y complejo. “No me comunicaba directamente con los alumnos sino con las familias y ellas mediaban los contenidos”, explicó. Y remarcó: ”Llevar adelante la ESI queda a criterio del docente pero si no lo trabajás no pasa nada”.
Alejandra, quien trabaja en secundaria, dijo que siempre es difícil implementar la ESI y en la pandemia se complicó más. “No se aplicó cabalmente la ley”.
En parte por las condiciones culturales y materiales (recursos tecnológicos) y porque para muchas instituciones siguen siendo importantes aprendizajes prioritarios en los que no se incluye la ESI. Mencionó que depende de la capacidad institucional, de los docentes y de sus inquietudes por implementarla. Dijo que hay grandes brechas entre las instituciones en particular en educación de adultos y colegios religiosos.
En una secundaria privada de Maipú, los alumnos que egresarán el próximo año, no tuvieron una sola clase en toda su trayectoria. La excepción fue una iniciativa particular de una de las docentes que incluyó una clase virtual sobre el tema en los contenidos de finales del año pasado, entre quienes ya tenían cerradas sus calificaciones. Sin embargo, en paralelo otra docente puso su clase obligatoria a la misma hora.
Vega explicó que la DGE pide una planificación de estos contenidos pero destacó que suelen priorizarse algunos de los ejes (quizás los menos complejos o incómodos para algunos) y no tanto los otros que, además, son más difíciles de abordar con las familias si no tienen un encuentro (presencial), como los derechos de los chicos y las chicas, la diversidad, el cuidado del cuerpo y la salud. Remarcó: “Las escuelas religiosas de nuestra provincia, en su mayoría, siguen incumpliendo la ley y vulnerando los derechos de sus estudiantes porque siguen usando un material que no está avalado por la ley nacional y que no aborda los 5 ejes de la ESI”.
El proyecto
El proyecto busca instituir la enseñanza de Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial, en el marco de la legislación y normativa vigente, es decir contemplando los parámetros de la ley nacional y otra normativa internacional a la que adhiere Argentina, según destacó.
El texto ahora debe pasar por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y si obtiene la aprobación pasará primero por el tratamiento en la cámara baja y luego (si la votación es favorable) a Senadores
