La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con voto dividido, confirmó que 7 familias de la comunidad mapuche Lof Yanten Florido deberán ser desalojadas de un campo en el paraje de Los Parlamentos, El Sosneado, en el límite entre San Rafael y Malargüe.
Lo hizo tras desestimar un recurso extraordinario presentado por la propia comunidad y donde solicitaba que se revirtiera un fallo en de la Cámara de Apelaciones que había ordenado dicho desalojo. Desde la comunidad Lof Yanten Florido insistieron al momento de efectuar este pedido en que eran “poseedores ancestrales” de este predio.
Sin embargo, los ministros de la Corte mendocina Dalmiro Garay y María Teresa Day rechazaron el recurso presentado por la comunidad y confirmar la orden de desalojo al advertir que el padre de los demandantes “nunca invocó su pertenencia a la comunidad ni la posesión ancestral”, En tanto, el también ministro Omar Palermo votó en disidencia y consideró que debía hacerse lugar al reclamo.
En cuanto al terreno en disputa, se trata de un campo en donde actualmente viven y trabajan de la producción de animales los sucesores del puestero Pantaleón Martínez. Hace ya algunos años, Pantaleón y Francisco Greco, dueño registral del inmueble e impulsor del actual pedido de desalojo, acordaron la cesión de 2.000 hectáreas del inmueble para que Martínez pudiese vivir y trabajar.
En la documentación existente consta que oportunamente se aclaró que la cesión sería en comodato para la explotación ganadera de Martínez (exclusiva) y se especificó que sería una obligación personal e intransferible. No obstante, los demandados consideran que ese acuerdo no fue firmado por su padre.
Ya con la muerte del puestero, fueron sus hijos quienes continuaron viviendo y trabajando en el lugar, e iniciaron -además- un nuevo reclamo. Esta vez la presentación quedó enmarcada dentro del reclamo generalizado de casi 20.000 hectáreas por parte de comunidades mapuches del Sur mendocino, quienes fueron legitimadas y reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) durante la presidencia de Alberto Fernández.
Para esta presentación las comunidades argumentaron “posesión ancestral”, amparadas en la Ley 26.160, que establece la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
En este contexto, y ya sin Pantaleón Martínez, Greco avanzó con el pedido de desalojo del campo que constaba como cedido en comodato al puestero. Además de desconocer ese acuerdo, los hijos de Pantaleón argumentaron que las tierras les correspondían a ellos por “posesión ancestral”; mientras que la causa ya tiene dos sentencias previas, una primera que contempla la Ley 26.160 y suspende el desalojo, mientras la última es favorable a Greco en la Cámara de Apelaciones. Y a ella se suma la reciente confirmación del desalojo por parte del máximo órgano judicial de Mendoza.
Sin embargo, y ante la resolución desfavorable, la comunidad Identidad Territorial Malalweche ya adelantó que irá más allá, llegando a la Justicia Federal y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos de ser necesario, ya que consideran que la Corte debería haber admitido y analizado el recurso extraordinario.
“Nosotros cuestionamos que se debe revisar todo el caso, tomar en cuenta el marco del derecho indígena y promover una salida que favorezca a quienes viven, desarrollan su cultura y producen en ese territorio”, adelantó el werkén de Malalweche Gabriel Jofré a Los Andes.
DESALOJO CONFIRMADO
Ya iniciada la disputa judicial, fue la jueza Andrea Grzona Inat -del Tribunal de Gestión Asociada Civil de la Segunda Circunscripción Judicial- quien resolvió hacer lugar a la acción de desalojo. No obstante, también avaló que se aplicara la mencionada Ley 26.160, en favor de la familia de Pantaleón Martínez (los demandados), lo que dejó en suspenso el desalojo del campo.
Esta primera sentencia llegó a la Cámara de Apelaciones, donde los jueces revocaron el punto referido a la aplicación de la ley 26.160, por lo que ordenaron la ejecución del desalojo solicitado por Greco.
Fue entonces que la comunidad Lof Yanten Florido fue a la Corte provincial con un recurso extraordinario para frenar el desahucio. Y fue lo que analizaron los ministros Garay, Day y Palermo.
Garay y Day consideraron que, a lo largo el litigio, los sucesores de Pantaleón Martínez intentaron direccionar las pruebas en favor a las pretensiones de la comunidad. Además, advirtieron que el padre de los puesteros “nunca invocó su pertenencia a la comunidad ni la posesión ancestral” y que dicha posesión ancestral “tampoco resulta acreditada respecto a sus sucesores y la Comunidad”.
Ante estas consideraciones, Garay y Day confirmaron que debía desestimarse el recurso extraordinario de la comunidad.
Pero el juez Omar Palermo no compartió las consideraciones de sus pares. “Me permito disentir con las conclusiones de mis colegas respecto de la revisión formal inicial del recurso interpuesto, el que considero debe ser admitido”, se explayó.
En ese sentido, Palermo citó el fallo de primera instancia que hacía lugar a la suspensión de los desalojos, en sintonía con la ley 26.160..
“Creo que es obligación de este poder del Estado habilitar espacios donde estos interrogantes puedan ser profundizados y respondidos. En especial si la cancelación de esa posibilidad conlleva consecuencias irreparables. Concluyo que ese es el sentido de la reforma constitucional y las leyes y normas que en consecuencia se elaboraron respecto a la cuestión indígena, por lo que debe admitirse formalmente el recurso intentado por los sucesores de Pantaleón Martínez y la Comunidad Lof Yanten Florido”, concluyó Palermo.
LOS DEMANDADOS NO DESCARTA A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Gabriel Jofré, referente de la organización Identidad Territorial Malalweche resaltó que esta situación que atraviesan hoy los sucesores de Pantaleón Martínez no es aislada, sino que son 5 comunidades del Sur que están en la misma situación con sus campos.
“La Corte puede admitir el recurso, discutirlo y decir que está en contra. Pero si ni siquiera lo admiten, nos cortan la posibilidad de ir a la Corte de la Nación”, destacó Jofré.
En ese sentido, destacó que están preparando una cautelar para presentar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que -consideran- hay un accionar sistemático de la Justicia en las resoluciones en su contra.
“Siempre son los mismos jueces quienes no nos dan la razón. No hay imparcialidad, hay una acción premeditada”, reforzó. Y agregó que también recurrirán a la Justicia Federal.
En cuanto al caso particular de la familia Martínez, Jofré destacó que el propio Pantaleón fue a verlo -junto a sus hijos y antes de morir- para solicitar la personería jurídica como Lof Yanten Florido. Siempre de acuerdo al referente de Malalweche, se inició el relevamiento de la comunidad en 2021.
“Pantaleón no sabía leer ni escribir. Y, cuando vinieron a verme, los hijos notaron algo extraño en ek abogado que tenían, por lo que empezaron otra defensa en el marco del Derecho Indígena y con otros abogados. Pero ese viejo abogado, que ya no seguía con Pantaleón, siguió y firmó el acuerdo donde le daba en comodato las 2.000 hectáreas”, acusó Jofré, quien destacó que ese acuerdo nunca fue avalado por la familia Martínez y que se logró con un “poder viejo” que tenía el primer abogado.
“En la Justicia siempre termina ganando quien tiene plata para los abogados. Hoy las familias de las comunidades están gastando hasta lo que no tienen, ya que viven de la producción del ganado en el lugar”, resumió Jofré.
“Cada vez va a haber más familias afectadas. Y cuando empiecen las noticias de que todos los días desalojan a puesteros acá, eso va a ser un escándalo”, concluyó.
