En diciembre de 2018, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) dispuso que se retirara a 25 niños y adolescentes de seis hogares de San Rafael dependientes del Instituto de Servidora del Señor y de la Virgen de Matará. La decisión se adoptó en base a la evidencia de maltratos, golpes, “retos subidos de tono y penitencias inadecuadas”, dentro de esos establecimientos, que pertenecen al ultraconservador movimiento religioso católico Verbo Encarnado.
Ni bien se tomó esta decisión, desde el instituto presentaron una nota a la dependencia oficial exponiendo su “disconformidad por las medidas tomadas”. Además, judicializaron el caso con la intención de revertir esta determinación y solicitaron “que se ordene a la Dinaf la restitución inmediata y urgente de los niños retirados del Hogar San Juan Bosco (NdA: uno de los seis hogares cuestionados)”.
En su resolución, con fecha del 9 de abril del año pasado, la Segunda Cámara Civil de Apelaciones del Sur no hizo lugar al pedido del Verbo Encarnado y ratificó la disposición de la Dinaf de retirar a los menores.
Ratificación de la Corte
Ante el fallo adverso en primera instancia, desde la orden religiosa interpusieron entonces un recurso extraordinario a la Suprema Corte de Justicia.
Y ahora fue el máximo tribunal el que se expidió sobre el tema, ratificando una vez más la decisión de la Justicia Civil y no haciendo lugar al pedido de “restitución inmediata” efectuado por la institución dependiente del Verbo Encarnado.
La resolución fue firmada por los ministros Julio Gómez, Pedro Llorente y Dalmiro Garay y fue publicada el 1 de junio pasado.
Maltratos
Por medio de un comunicado público, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes provincial expuso los motivos por los que disponía el retiro de estos hogares de los 25 menores de edad involucrados. “La gran mayoría de los menores manifestaron retos subidos de tono, penitencias inadecuadas y algunos golpes”, se explayaron en el escrito difundido a fines de 2018.
La por entonces directora de la Dinaf, Vanina Barone, ahondó sobre el tema y explicó públicamente que “los menores estaban allí porque fueron víctimas de maltrato, y la idea es que no sigan sufriendo”. La funcionaria agregó que la dependencia gubernamental había llevado a los chicos a otros hogares del departamento sureño.
“Se decidió realizar una intervención y escucha activa a los menores a raíz de la situación vivida por algunos niños, por lo que la semana pasada un equipo técnico de profesionales determinó que existe un trato inadecuado por parte de las monjas y curas a cargo”, destacó el Ministerio en el comunicado de hace un año y medio.
Desde Salud agregaron oportunamente que se había dispuesto de la presencia permanente de un grupo de operadores en el lugar, junto a profesionales psicólogos y técnicos para la atención y abordaje. Aunque destacaron que “no hubo colaboración por parte de la congregación religiosa”.
“La Dinaf toma la decisión de una medida conexa avalada por el Primer y Segundo Juzgado de Familia de la Segunda Circunscripción, donde se deja sin efecto el convenio homologado entre el Gobierno de la provincia y el Instituto de Servidores del Señor y La Virgen de Matará”, concluyó el comunicado de diciembre de 2018.
