Kinesiólogos de Mendoza suspendieron desde hoy la atención domiciliaria debido a que no han tenido respuesta para mejorar el valor que perciben por la prestación. Se trata de alrededor de 500 profesionales que prestan servicios a través de empresas de internación domiciliaria. La medida se toma luego de hacer solicitudes ante pagos que consideran “paupérrimos”.
Pero además, profesionales de la misma especialidad que atienden en consultorio han tomado la decisión de cobrar un adicional por sobre el valor que pagan las obras sociales hasta cubrir una suma de $3000.
Se suman así a la suspensión de atención de obras sociales y prepagas por parte de médicos de diversas especialidades nucleados en 21 asociaciones locales. Desde el viernes cobran la consulta particular a 6.000 pesos. y en Psiquiatría de $8.000.
Los licenciados advierten que, como los médicos, atraviesan una situación compleja por el acotado pago que reciben por sus servicios. Por ello, y ante la falta de respuesta de sus reclamos, quienes prestan atención domiciliaria habían anunciado la semana pasada que suspenderían la prestación a partir de hoy de no tener una mejora. Transcurrido el fin de semana, informaron que esto no ocurrió. En ese marco, se convocaron hoy a las 10.30 en el kilómetro 0 de Ciudad para visibilizar esta problemática y desde allí se trasladaron a la Legislatura.
Son un 25% del total de los 1.900 kinesiólogos que hay en la provincia e involucra a quienes trabajan para empresas de internación domiciliaria.
Precarización
El licenciado Esteban González, presidente del colegio de Kinesiólogos local, explicó que las empresas de internación domiciliaria tercerizan servicios para las obras sociales para pacientes que están internados en el domicilio. “Empresas que solo funcionan a costa de precarizar y explotar a sus trabajadores, entonces no funciona”, subrayó.
“Las prestaciones, los aranceles de esas prestaciones, están tremendamente bajos, paupérrimos, indignos, algunas empresas están pagando entre 800 y como máximo 1.400 pesos por una atención a domicilio con todo lo que eso implica, combustible, mantenimiento del vehículo, si tienen que llevar algún aparato, la atención propiamente dicha”, señaló.
Dijo además que a esto se suma que los profesionales no están formalizados como trabajadores, es decir que no están enmarcados dentro del convenio colectivo que tendrían que estar enmarcados, que es el convenio colectivo de ATSA, el gremio de la Sanidad, el convenio colectivo es el 743/ 2016.
“Ninguno está registrado en ese convenio colectivo de trabajo, o sea, una relación laboral de absoluta informalidad, en donde no tienen ART si les pasa algo, a veces se tienen que meter en barrios complicados, no tienen ningún tipo de garantía laboral, ni indemnización, licencia por vacaciones, licencia por enfermedad, cualquier cosa que les pasa se quedan sin fuente de ingresos, en definitiva todo lo que implica ser un trabajador sin relación de dependencia, no tienen absolutamente ningún tipo de garantía, ni bono de sueldo, ni aguinaldo, absolutamente nada”, detalló el profesional.
Las medidas dispuestas
Por ello, comentó que lo que se está solicitando de parte de todo el cuerpo de profesionales que trabajan para empresas de internación domiciliaria es que se respete el valor mínimo aceptable, “que aún sigue siendo muy bajo, pero entendiendo que estaríamos haciendo un salto”, recalcó.
De este modo se está solicitando el pago de 3.000 pesos como mínimo aceptable.
Al no logar la mejora, decidieron hacer el mencionado paro. Así las cosas, a los pacientes que quieren seguir recibiendo la atención en este contexto no les quedará más que pagar el valor de la asistencia, aunque reconocen que la situación está complicada para todos y no necesariamente podrán pagarlo, sobre todo si ya erogan una cuota a la prestadora de salud.
Además, señaló que parte del problema es la cantidad de intermediarios ya que dijo que las obras sociales podrían hacer convenios con las instituciones que nuclean a los profesionales. “Hay muchos eslabones en la cadena y este intermediario, que es una empresa, busca rentabilidad y tiene una finalidad lucrativa, se dejan una tajada de lo que pagan las obras sociales que dicho sea de paso también ya es bajo, entonces el problema es complejo, es muy amplio, hay muchos actores en el medio y hay muchos intermediarios, entonces bueno los eslabones finales de la cadena, el prestador y el paciente siempre terminan afectados”, subrayó.
Pese a esto, quienes trabajan con pacientes críticos evalúan mantener la atención para no dejarlos sin este servicio sustancial y ver luego de qué manera cobran la prestación.
Adicional en consultorio
Pero además, los profesionales que pertenecen al Círculo de Kinesiólogos de Mendoza (unos 350) han decidido cobrar una suma adicional sobre el valor que pagan las prestadoras de salud hasta cubrir el valor de $3.000 en el servicio en consultorio. Es que según explicaron, las obras sociales y prepagas pagan la mayoría entre $1.200 y $1.500 y ninguna supera los $2.000. Como ha sucedido con otras especialidades, hace tiempo vienen reclamando por el atraso de los valores que también perciben con atraso en un contexto inflacionario: con suerte a 45 días (unas pocas) mientras que el resto pueden hacerlo incluso hasta 120 días después. Esto ha hecho insostenible su situación.
María Laura Pini, presidenta del Circulo de Kinesiólogos, explicó que la organización es una asociación civil donde los profesionales de la kinesiología que trabajan a través de obras sociales y prepagas se asocian de forma voluntaria. Lo que hace el círculo es ser el negociador entre esas partes privadas que es la obra social, la prepaga y el prestador.
“Ya hace un tiempo que venimos sosteniendo prestaciones con un monto muy bajo. Las obras sociales y las prepagas no actualizan a los valores que nosotros pedimos que es el mercado. Y bueno, teniendo en cuenta la inflación actual, el valor del dólar, con todo lo que en ello influye, todos los asociados decidimos poner un valor piso a ese valor de prestación”, comentó.
“Por ende, la medida que hemos decidido tomar a partir del miércoles es cobrar un excedente sobre el valor que nos paga la obra social o la prepaga para poder llegar a ese mínimo de $3000 pesos por sesión”, refirió.
Al igual que los médicos, también se ven afectados por los costos que deben asumir como alquileres, descuentos a las clínicas donde trabajan e insumos.
“Creo que éramos el único sector que todavía estaba tratando de sostener antes de salir porque nunca queremos perjudicar a nuestros pacientes, los vemos muchas veces por semana, a veces hasta tres, y establecer vínculos muy agradables, pero bueno, llega un punto que los pacientes también nos apoyan y conocen la realidad, entonces la mayoría pagan extras y no tienen inconvenientes en hacerlo para ayudarnos con este tipo de negociación”, señaló Pini.
Refirió que es la Superintendencia de Servicios de Salud la que regula los aumentos y los valores han quedado muy atrasados respecto a la inflación.
“Nosotros como profesionales universitarios de la salud, que hemos invertido mucho dinero y tiempo en nuestra formación, nuestras formaciones de posgrado y que seguimos actualizándonos constantemente, no podemos estar percibiendo estos valores tan bajos de prestación que están pagando las obras sociales y las prepagas y lamentablemente necesitamos este tipo de medidas para poder ser visibles”, apuntó.
