El segundo juicio por los abusos sexuales en el ex instituto religioso Antonio Próvolo (que funcionaba en Luján de Cuyo) avanza a un ritmo extremadamente lento y es algo que preocupa a las víctimas y a sus familiares. Luego de que en noviembre del 2019 se condenara a 45 y 42 años de prisión a dos curas (Nicola Corradi y Horacio Corbacho) y a 18 años de cárcel a un ex jardinero (Armando Gómez) tras confirmarse que habían violado y abusado sexualmente de forma sistemática a niños sordos y niñas sordas en el instituto y sus albergues -que estaban ubicados en calle Boedo de Carrodilla-, el 3 de mayo de 2021 comenzó el segundo de los juicios. En este proceso las acusadas son 9 mujeres que se desempeñaron en el Próvolo y están imputadas por estar involucradas en estos episodios. Se trata dos monjas, la ex representante legal del instituto, una psicóloga, una cocinera y cuatro ex directoras.
La más joven de las monjas -de origen japonés- está denunciada como autora de algunos de los abusos, además se haber encubierto y facilitado otros ataques sexuales. Se encuentra con prisión domiciliaria mientras transcurre el juicio -fue detenida en mayo del 2017-, mientras que las otras 8 mujeres están en libertad, aunque imputadas como partícipes necesarias de los abusos cometidos en el Próvolo.
A comienzos de mayo de este año, algunos de los abogados que representan a las víctimas (que fueron abusados siendo niños aún) se mostraron preocupados y molestos por lo lento que transcurre el segundo de los juicios por los abusos sexuales a niños en el Próvolo en los Tribunales de Mendoza. Y es que en el primer año, de los 266 testigos que está previsto que declaren en el segundo proceso de este caso -que ya tiene una primera condena contra los curas y dos trabajadores del lugar confirmada por la Corte mendocina- solo pasaron por el estrado 23 de ellos. Es decir, menos de 10% en todo un año.
“Si en un año solamente declaró 10% de los testigos, a este ritmo van a terminar de declarar en 9 años. Vemos con preocupación como los jueces toleran permanentemente la estrategia de la defensa, una estrategia que solo busca dilatar el proceso judicial para lograr la libertad de Kumiko Kosaka (NdA: una de las monjas imputadas) y derivar en un fallo de inocencia en un delito que ya fue confirmado por la Corte que ocurrió”, destacó Ariel Lizarraga, padre de una de las víctima del Caso Próvolo y quien es, además, una de las principales denunciantes que destapó los aberrantes abusos.
“Hay víctimas que declararon durante 25 días seguidos, que salen realmente mal de la sala y tienen que ser llevados al hospital para que los asistan porque terminan muy mal. Queremos llamar a la reflexión a los jueces, se tiene que dar cuenta de que en un año declaró solo 10% de los testigos y que la defensa de las monjas está logrando su cometido. ¡No podemos sostener más esta situación burocrática!”, resumió desesperado el hombre.
En la Legislatura de Mendoza, en tanto y a raíz de lo poco que se ha avanzado operativamente en el juicio, se aprobó un pedido de informe solicitado por la senadora Daniela García en la que se pide a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para que se informe sobre el estado del segundo juicio del Caso Próvolo, sobre las demoras y sobre el pedido de la defensa de las imputadas al que hizo lugar el tribunal relacionado a “no informar” lo que ocurre en las audiencias. En ese sentido, se pidió al máximo tribunal que se remita, además, las denuncias que los abogados defensores de las imputadas realizaron contra periodistas que informan y cubren el caso.
Angustia y desesperación
Luego de que los abogados de las imputadas denunciaran una vez más a los intérpretes oficiales de LSA (Lengua de Señas Argentinas) que acompañaron a las víctimas desde el inicio del Caso Próvolo y durante el primer juicio por manipular las declaraciones en perjuicio de las monjas y ex trabajadoras hoy acusadas, los jueces dispusieron que se designen nuevos intérpretes. Esta decisión se adoptó más allá de que, ya durante la investigación, la Justicia y distintas instituciones habían avalado a los y las intérpretes que acompañaron a los chicos y chicas desde el comienzo, y con quienes habían logrado entablar el vínculo de confianza y cercanía para poder brindarles escabrosos detalles de los abusos que sufrían en el instituto.
“A mi hija la han dejado sin intérpretes para todos los aspectos de la vida, porque recusaron a la única que la entendía y podía ayudar. A los intérpretes de antes los apartaron porque los jueces hacen lugar a todo lo que pide la defensa”. Y todo parece encaminado a que se logre la impunidad en este segundo juicio del Caso Próvolo”, siguió Ariel Lizarraga.
El hombre, quien se ha propuesto acompañar a su hija y al resto de las víctimas en el camino hacia la justicia, lamentó que la Iglesia como institución haya decidido “blindar” a la monja para mantener el silencio y que no se siga salpicando “a una organización pedófila y sus encubridores”.
Sobre la prohibición a informar
Otra de las resoluciones del tribunal del segundo de los juicios que preocupa a las víctimas, a sus familiares y a sus abogados es la no permitir que se difunda públicamente -ni en los medios ni en declaraciones de ellos- lo que acontece durante las extensas jornadas de debate.
“Que el tribunal me pida a mí, como padre de una chica que fue abusada en el Próvolo, que me calle, de la misma manera en que quisieron hacer callar a las víctimas y a la prensa. Mi hija me ha pedido que no afloje, que intervenga, que ella quiere y necesita que haya justicia por el Caso Próvolo. Y yo voy a seguir con la lucha adelante.
Como familiares de las víctimas de abusos en el instituto católico, Ariel Lizarraga y los otros padres y miembros del Colectivo de Sobrevivientes de los Abusos en el Próvolo presentaron también una nota a la Suprema Corte de Justicia hace un tiempo para que se ocupe del tema y se permita la agilización del juicio.
“Si no hay una respuesta inmediata, voy a ir a instalarme en la puerta de Tribunales y a manifestarme en vivo y en directo a los jueces. Necesito una respuesta concreta, yo no me voy a callar como callaron ante los abusos las cómplices que hoy están siendo juzgadas. Si ellas no hubieran callado, a mi hija y a otros tantos chicos no los hubiesen violado. ¿¡Cómo me voy a callar!? Yo no soy cómplice como fueron todas ellas. Soy el papá de la primera víctima, no me voy a callar”, concluyó.
Pedido de explicaciones en la Legislatura
Luego de que la senadora Daniela García (Cambia Mendoza) y tres de sus pares presentara un pedido de informe donde solicitaban a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que se informe sobre el Caso Próvolo el 10 de mayo, el martes 17 la solicitud fue aprobada en el recinto.
En este documento se solicita al máximo tribunal de Mendoza que “explique por qué de las dilaciones y demoras en el tratamiento y resolución del juicio” y que informe al Senado “los fundamentos sobre el pedido de ‘no informar’ dado a lugar (NdA: por el tribunal) y solicitado por la defensa”. Además, en el tercero de los puntos de la resolución solicitan que se informe sobre “denuncias realizadas por la defensa de las personas procesadas contra periodistas que informan o cubren el caso”.
Fue precisamente García quien en noviembre de 2016, y cuando era diputada provincial por entonces, recibió en la Legislatura a uno de los referentes de la Asociación de Sordos de Mendoza. En ese momento, el hombre le adelantó lo que estaba ocurriendo en el Próvolo mendocino, mientras que fue la misma Daniela García quien acompañó a las víctimas de los abusos a radicar las primeras denuncias -también en noviembre de 2016- y que derivaron en el mayor escándalo de abuso eclesiástico de la historia de Mendoza.
